Este martes, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”. Sus declaraciones se dan en la antesala de las audiencias que se desarrollan en el Tribunal Constitucional sobre la materia.

La instancia revisará los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Cabe recordar que senadores y diputados del FA, PC, PS, PPD, PDG e independientes recurrieron a dicha instancia por facultades que otorga la ley como la inspección de mochilas y pertenencias de los estudiantes. Además, presentaron sus reparos ante el TC por la inhabilidad para obtener la gratuidad para quienes estén condenados por delitos en establecimientos.

Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que este proyecto surgió como respuesta a diversos episodios de violencia y contingencias registradas en establecimientos educacionales en el último tiempo. “Buscamos entregar herramientas a los colegios e incluso formalizar algunas prácticas, como la posibilidad de revisar las pertenencias de los estudiantes, prácticas que hoy día son necesarias y que se están teniendo que llevar a cabo”, expresó la autoridad.

Arzola recalcó que el objetivo es entregar “certeza normativa” en estas prácticas. En tanto, específicamente sobre la revisión del TC, Arzola afirmó que el Gobierno está “tranquilo”.

“Es parte del proceso poder recurrir al Tribunal Constitucional y realizar consultas. Es un proyecto de ley que fue bien analizado, fue bien pensado y por lo tanto esperamos tener un resultado que nos permita cumplir con el propósito de entregar herramientas a los establecimientos”, indicó.

La ministra también vinculó el origen de la propuesta con las inquietudes expresadas por padres y apoderados tras hechos de violencia ocurridos en distintos puntos del país, como el caso que golpeó a Calama meses atrás.

“Esta fue una iniciativa que surgió precisamente de las asociaciones de padres y apoderados, quienes nos preguntaron cómo podían dejar a sus hijos en el colegio con tranquilidad”, afirmó la ministra.

Arzola reiteró que la intención del Ejecutivo es que el proyecto continúe su tramitación y se convierta en ley, dado que “busca responder a una preocupación legítima de los padres y apoderados”, así como permitir que los establecimientos escolares “dispongan de las herramientas que esta iniciativa les ofrece”.