La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Gobierno, anunciaron que encontraron a los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que no habían sido localizados en el preinforme de Contraloría.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, 63 de los menores se encuentran en Chile y una adolescente en México. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que los menores de edad ubicados están, en su mayoría, incorporados a los sistemas de salud y educación. Además, descartó que existan antecedentes de delitos como tráfico o trata de personas en estos 64 casos.
Nuevos antecedentes que se dan a conocer a pocos días de que el caso provocara una amplia movilización institucional, investigaciones por parte del Ministerio Público, sesiones especiales en el Congreso Nacional y la conformación de una fuerza de tarea encabezada por el Gobierno para esclarecer la situación de los niños, niñas y adolescentes.
Frente al tratamiento público de esta materia y tras conocerse la reciente información, la oposición desató sus críticas. El diputado Gonzalo Winter (FA) cuestionó la forma en que se abordó públicamente el caso y sostuvo que los nuevos antecedentes desmienten parte de las afirmaciones realizadas durante los últimos días.
“Me alegra que esos niños estén sanos y, en su mayoría, escolarizados. Con esto queda claro que nunca estuvieron perdidos, como lo dijeron en más de una oportunidad“, afirmó.
Me alegra que esos niños estén sanos y, en su mayoría, escolarizados. Con esto queda claro que nunca estuvieron perdidos, como lo dijeron en más de una oportunidad.
Pero también queda en evidencia otra cosa: el gobierno y buena parte de la derecha vieron en un informe reservado… https://t.co/TEIWHEQz8O
— Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) June 23, 2026
El parlamentario agregó que la situación también deja al descubierto un uso político de la información contenida en el informe reservado de Contraloría. “Queda en evidencia otra cosa: el Gobierno y buena parte de la derecha vieron en un informe reservado una oportunidad para desatar una conmoción nacional que les permitiera, una vez más, injuriar al gobierno anterior“, sostuvo.
En una línea similar, la senadora Loreto Carvajal (PPD) cuestionó las consecuencias que tuvo la incertidumbre generada durante la investigación y advirtió que la discusión pública avanzó más rápido que la recopilación de antecedentes.
“Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de lo que aquí falló, hubo una alarma pública que hoy día la PDI lo ha mencionado. Esa incertidumbre respecto a los 64 niños parece haber sido resuelta, pero el camino intermedio fue bien brutal“, cuestionó la legisladora durante la Comisión de Gobierno del Senado.
Carvajal sostuvo que las especulaciones sobre posibles delitos terminaron afectando a las familias migrantes. “Se habló de trata de niños, de tráfico de órganos y de una serie de especulaciones cuando debimos haber tenido una investigación acotada, rápida y un protocolo que evitara todo este tránsito que terminó convirtiéndose en un contexto nacional de alarma”, señaló.
Migración explica cambios a control de reuniones familiares
Durante la misma sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, el asesor jurídico del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Riquelme, explicó los alcances de la Circular N°6, dictada tras las observaciones formuladas por Contraloría para fortalecer los controles sobre el ingreso de menores de edad bajo reunificación familiar.
Según indicó, el principal cambio consiste en vincular desde el inicio de la solicitud al adulto que acompañará al menor durante su ingreso al país cuando no se trate de sus padres o tutores legales. “Lo que hace la Circular 6 es unir la petición de reunificación familiar con el dato de qué adulto va a ingresar con ese menor en el caso que no sea el papá, la mamá o el tutor legal“, explicó.
Riquelme sostuvo que anteriormente el permiso de reunificación familiar se otorgaba sin que quedara previamente definido quién acompañaría al menor durante el viaje, lo que generaba espacios de incertidumbre al momento de su ingreso a Chile.
“Ahora va a quedar establecida en la propia resolución que autoriza el ingreso por reunificación familiar cuál es el adulto que se hará responsable, siempre con documentación legalizada y apostillada”, cerró el abogado.
