Este miércoles, tras la publicación del informe final sobre presuntas irregularidades en el ingreso de niños haitianos a nuestro país, la controlara general, Dorothy Pérez, expuso sus principales conclusiones en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. En la instancia, también estuvo presente el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), Luis Eduardo Thayer, quien defendió las decisiones que tomó cuando estaba a cargo del organismo.
El informe final de la Contraloría General de la República (CGR) detectó un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación” entre las instituciones a cargo de los procesos de Reunificación Familiar: el Servicio Nacional de Migraciones (SNM), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
En concreto, identificó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos, irregularidades en el control de vuelos, además de la ausencia de una verificación suficiente de los adultos responsables de los menores de dad.
La controlora general, Dorothy Pérez, señaló en el Congreso que los organismos no actuaron “de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití”.
“Nosotros constatamos que estas entidades no habían implementado todas las acciones necesarias para cumplir con sus deberes legales de coordinación. Por ejemplo, tener protocolos de transferencia de información completa y oportuna o establecer medidas ante situaciones especiales como una de las que fue detectada en la auditoría, que es el caso del fallecimiento de la persona que esperaba a estos niños para reunificación familiar en Chile”, detalló.
“Ese tipo de situaciones se tienen que prevenir o coordinar dentro de las instituciones públicas competentes en esta materia”, agregó Pérez. En esa línea, cuestionó que una vez entregado el pre informe de Contraloría, el pasado 14 de abril, las instituciones “solo nos informaron en sus respuestas de algunos elementos, pero no nos dijeron qué acciones concretas específicas estaban adoptando para poder esclarecer la situación de estos menores”.
La contralora valoró el hallazgo de los 64 menores que la Contraloría no pudo ubicar, al mismo tiempo que llamó a los organismos competentes a verificar el estado de un total de mil 229 menores de edad que ingresaron al país en el período auditado, de enero a abril de 2025.
“A lo menos —es una cuestión que deben evaluar las instituciones competentes y también ver sus medios y de qué manera lo van a hacer— se debería verificar la situación de 269 menores de esta muestra, idealmente de mil 229. El hecho de que se haya ubicado los 64 menores es una muy buena noticia en términos institucionales, y sobre todo del punto de vista de la efectividad del sistema de protección integral de menores de nuestro país, pero es bastante acotada, porque son mil 229 para ese periodo de 4 meses”, insistió.
Thayer defiende la flexibilización de trámites
El informe de la Contraloría además puso en duda el memorándum emitido en mayo de 2024 por parte del Servicio Nacional de Migraciones, que flexibilizó los trámites para el ingreso de migrantes haitianos. De acuerdo a la contralora, el Servicio no tenía las atribuciones para tomar tal decisión.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien también estuvo presente en la Comisión de Gobierno, respondió a estos cuestionamientos recalcando que el memorándum sí tenía fundamentos legales.
Thayer apuntó a la defensa del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al principio de reunificación familiar presente en la Ley de Migraciones y a las facultades con las que contaba como jefe de servicio.
“La determinación que tomamos respecto del memorándum 1886, en cuanto al trámite de la legalización del documento se fundamenta en argumentos legales que sostenemos y vamos a sostener en las instancias que quedan por delante y ciertamente en los sumarios que se aperturen. Vamos a defender nuestros argumentos que no solo están en la defensa del interés superior del niño, o en la obligación de defenderlo, sino que también en las facultades que otorga el Estatuto Administrativo a las jefaturas de servicio”, remarcó.
Una vez concluida la sesión de la Comisión de Gobierno, la diputada de la bancada de Renovación Nacional (RN) y presidenta de la instancia, Joana Pérez, valoró la concurrencia del exdirector de Migraciones, pero afirmó que “sus declaraciones dejan elementos complejos que deben ser analizados con profundidad”.
“Aquí se reconocieron flexibilizaciones en procedimientos migratorios que generan legítimas dudas respecto de su sustento legal y administrativo, como por ejemplo, hacer un memorándum sin pasar por Contraloría, lo cual podría ser un acto de ilegalidad al no ceñirse a las normales legales ni constitucionales”, sostuvo.
Por su parte, el diputado integrante de la Comisión y militante del Partido Socialista (PS), César Valenzuela, dio la razón a Thayer y apuntó a que “hay situaciones que son complejas, donde las autoridades tienen que tomar decisiones, a propósito de criterio”.
“Si se tratara simplemente de que las autoridades tienen que aplicar la ley a raja tabla, tal como se expresa, eso no tendría sentido”, dijo. Así, argumentó que la situación que atraviesan países como Haití y Venezuela “amerita” que las autoridades chilenas apliquen ciertos “grados de flexibilización”.
