Un grupo transversal de diputados presentó formalmente en el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional destinado a elevar los estándares para la presentación y tramitación de las acusaciones constitucionales, con el objetivo de reforzar su carácter excepcional y evitar su utilización como herramienta de confrontación política.
La iniciativa es impulsada por diputados y diputadas de diversas colectividades políticas, tanto de oficialismo como de oposición y según sus promotores, busca responder al creciente uso de las acusaciones constitucionales durante los últimos años, fenómeno que, a su juicio, ha contribuido a la polarización política, la inestabilidad institucional y la distracción de las prioridades legislativas vinculadas a seguridad, crecimiento económico y salud.
“Queremos entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de generar impunidad, sino de exigir seriedad y rigor en el uso de una herramienta tan relevante”, señalaron los parlamentarios al presentar la iniciativa.
En la misma línea, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, sostuvo que el país no puede continuar con una dinámica en la que las acusaciones constitucionales se transformen en parte de la “guerrilla política” y de la lógica de polarización permanente.
Mulet compromete rápida tramitación
Tras la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Mulet (FREVS), comprometió esfuerzos para agilizar su discusión legislativa.
“Vamos a hacer todo el esfuerzo para que se vea en la Comisión de Constitución con rapidez. Tenemos que conversarlo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. No me atrevo a dar plazos, pero lo antes posible”, afirmó.
El parlamentario sostuvo que durante la última década el sistema político ha incurrido en excesos que han profundizado la polarización y afectado el funcionamiento institucional. “Ha habido excesos muchas veces en las acusaciones constitucionales o en el lenguaje y la polarización. Lo importante es entender eso y hacer los esfuerzos por cambiar”, señaló.
Mulet también vinculó el debate con el escenario político y económico que ha enfrentado el país en los últimos años, marcado por los procesos constituyentes fallidos, un bajo crecimiento económico y un clima de alta confrontación entre sectores políticos. “La polarización no sirve en un país como Chile. El resultado es malo. El país no crece, tiene mucho desempleo, y de eso hay responsabilidades allá y acá”, sostuvo.
El legislador agregó que la reforma apunta precisamente a regular la herramienta fiscalizadora más severa que posee el Congreso respecto del Ejecutivo. “Este proyecto endurece o pone más requisitos para establecer la máxima capacidad fiscalizadora que tiene el Estado respecto del Ejecutivo, que es la acusación constitucional. Creo que puede ser el inicio de otras cosas con el mismo objetivo: que al país le vaya bien y trabajemos más unidos”, afirmó.
Asimismo, no descartó solicitar al Gobierno que otorgue urgencia a la iniciativa para acelerar su avance legislativo. “El Ejecutivo puede valorar esto. Le conviene a todo el mundo en la política porque habrá menos posibilidades de que sectores polarizantes presenten acusaciones constitucionales. Lo ideal es contar con el patrocinio del Ejecutivo”, indicó.
Los cambios que propone la reforma
La propuesta modifica el artículo 52 de la Constitución e incorpora nuevas exigencias para la presentación y aprobación de acusaciones constitucionales.
Entre las principales medidas se encuentra el aumento del número mínimo de patrocinantes necesarios para presentar un libelo acusatorio, pasando de diez a veinte diputados.
También establece que para declarar admisible una acusación constitucional será necesario contar con el respaldo de la mayoría de los diputados en ejercicio y no solo de los parlamentarios presentes en la sala.
En el caso de los ministros de Estado, el proyecto incorpora como requisito previo obligatorio una interpelación parlamentaria antes de presentar una acusación constitucional, con el propósito de agotar las instancias de control político y rendición de cuentas.
Finalmente, la iniciativa eleva el estándar jurídico para acusar a secretarios de Estado, exigiendo que una eventual infracción a la Constitución o a las leyes sea “abierta”, es decir, manifiesta, evidente y comprobable.
Los impulsores del proyecto esperan que la reforma contribuya a fortalecer la institucionalidad, reducir la polarización y recuperar el carácter excepcional de una herramienta que consideran clave para la fiscalización democrática, pero que, a su juicio, ha sido utilizada con demasiada frecuencia durante los últimos años.
