La sesión de este martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tuvo como telón de fondo el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, con reacciones del Gobierno y la oposición que también cruzaron el debate sobre el proyecto que introduce cambios al Sistema de Admisión Escolar.
La decisión del TC implica que el Ejecutivo deberá promulgar la ley excluyendo las normas objetadas, que contemplaban la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior, la pérdida de beneficios ya otorgados y la revisión de vestimentas y pertenencias personales en establecimientos educacionales.
El Tribunal estimó que dichas disposiciones excedían los márgenes constitucionales, al afectar garantías como la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, la privacidad y el debido proceso.
En la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que el Ejecutivo esperará conocer el fallo completo antes de definir una postura. “Claramente acá hay un fundamento que todavía no conocemos y por lo tanto nos impide pronunciarnos más a fondo sobre el fallo del Tribunal Constitucional”, dijo.
No obstante, la secretaria de Estado destacó que el trabajo legislativo permitió introducir avances en protección de los espacios escolares, más allá de los aspectos objetados por el TC. En ese sentido, recordó disposiciones que entregan más facultades a los docentes para manejar problemas al interior del aula y fortalecer su autoridad, además de filtros a la labor de la superintendencia para reducir la sobrecarga administrativa que afecta a los equipos escolares.
Arzola sostuvo que el Gobierno será respetuoso de la institucionalidad y que quedará a la espera de los fundamentos para evaluar los próximos pasos. “Vamos a tomar decisiones y ver de qué manera podemos seguir avanzando, porque nuestra preocupación —que creo ha sido compartida por este Congreso— sigue vigente: fortalecer las escuelas, avanzar en mayor seguridad y darle más tranquilidad no solamente a los equipos escolares, sino también a los estudiantes y a las familias”, puntualizó.
Desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (FA) sostuvo que durante la tramitación del proyecto de Escuelas Protegidas se presentaron advertencias reiteradas sobre su diseño. “Lo dijimos en innumerables ocasiones, presentamos más de 70 propuestas para mejorar este proyecto, invitamos voces técnicas que criticaron esta iniciativa y el Ministerio de Educación les dio un portazo”, señaló.
Para Schneider, el debate legislativo no fue considerado en su mérito y existieron críticas desatendidas durante la discusión. “Se nos dijo mucho que estábamos tratando de dilatar o entorpecer, pero lo cierto es que estábamos velando porque este proyecto se ajustara al marco normativo del país”, afirmó, aludiendo al requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional por la oposición.
La frenteamplista cuestionó además el ritmo de la tramitación legislativa y los efectos de ese proceso. “Legislar a tontas y a locas no le va a traer beneficio ni al país ni a la educación chilena”, dijo. Añadió que los impactos de la decisión recaen en las comunidades educativas: “Quienes pierden con este estrepitoso fracaso son las comunidades educativas, no somos nosotras ni nosotros”.
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) cuestionó el resultado legislativo de la iniciativa. “El proyecto no va a tener efecto alguno en nuestras comunidades educativas y además cuenta con normas ilegales para nuestro marco constitucional”, aseveró.
En esa línea, sostuvo que el fallo del TC valida advertencias previas. “Todos los expertos habían advertido lo mismo, pero decidieron igualmente pasar la planadora”.
En paralelo, desde la bancada de la UDI anunciaron que impulsarán una reforma constitucional para reponer la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por delitos graves, iniciativa que se vincula al artículo 6° del proyecto original.
