La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley de Escuelas Protegidas fue valorada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien aseguró que el fallo ratifica las advertencias realizadas durante la discusión del proyecto. 

La resolución del TC dejó fuera de la normativa disposiciones vinculadas a la revisión de mochilas y vestimentas, además de artículos que condicionaban el acceso y permanencia en la gratuidad de la educación superior. Se trata de algunos de los puntos que concentraron la controversia durante la discusión del proyecto impulsado por el Ejecutivo como respuesta a los hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de la DC recordó que durante el debate parlamentario distintos expertos advirtieron que las medidas propuestas no abordaban las causas de fondo del fenómeno. “Todos coincidieron que los problemas de violencia no estaban en el tema de la revisión de la mochila, eso era simplificar un problema que es mucho más profundo”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que las exposiciones realizadas ante la Comisión de Educación apuntaban a fortalecer herramientas relacionadas con la convivencia escolar: “La clave está en la salud mental, en programas de convivencia. Ese proyecto no pone ningún peso en esos aspectos”.

Provoste recordó que senadores del Comité Unido y del Socialismo Democrático recurrieron al Tribunal Constitucional durante la tramitación de la iniciativa, argumentando que varias de sus disposiciones comprometían derechos fundamentales. “El TC también declaró inconstitucional la revisión de vestimentas, también declaró inconstitucional esta sanción a las vestimentas que de alguna manera insinuaran una apología a la violencia”, indicó.

La senadora agregó que la resolución también alcanzó las normas que establecían restricciones asociadas a la gratuidad en la educación superior. “Nosotros dijimos desde el comienzo y sostuvimos que enfrentar la violencia escolar es una necesidad legítima, pero que no podemos transformar las escuelas en espacios de control policial, ni establecer castigos que afecten al derecho a la educación”, sostuvo.

A juicio de la legisladora, el fallo entrega una señal relevante para futuras discusiones legislativas en materia educacional: “El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es que nos ha dado la razón en estos aspectos que son esenciales del proyecto”.

Sala Cuna Universal

La integrante de la Comisión de Educación vinculó además la resolución con la discusión que actualmente enfrenta el proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado. Según planteó, existe una similitud entre ambos procesos legislativos en cuanto a la forma en que el Ejecutivo ha abordado las observaciones formuladas durante la tramitación.

Provoste sostuvo que existe consenso respecto de la necesidad de ampliar el acceso a la educación inicial y eliminar barreras para la incorporación de mujeres al mercado laboral, aunque cuestionó el contenido de la propuesta impulsada por el Gobierno. “La preocupación central que nosotros tenemos es que este proyecto coloca como titularidad del derecho en la persona trabajadora, y el niño o la niña no aparece”, advirtió.

La parlamentaria también cuestionó los criterios establecidos para los establecimientos que podrían acceder al financiamiento contemplado en la iniciativa: “Permite financiar con recursos de este fondo a establecimientos que incluso no tengan ni reconocimiento oficial ni autorización de funcionamiento”.

Asimismo, criticó que parte de los recursos considerados para el nuevo sistema provengan del Seguro de Cesantía. “No se financia un derecho quitándole otro derecho a los trabajadores y trabajadoras”, cerró.