Una de las catástrofes naturales más devastadoras en la historia reciente de Venezuela se desató la tarde del miércoles 24 de junio, cuando dos terremotos consecutivos sacudieron gran parte del país, dejando a su paso ciudades con niveles de destrucción masiva, una crisis humanitaria creciente y profundas interrogantes sobre el futuro político y económico del Estado.

Doblete sísmico: la magnitud de la catástrofe

Los sismos ocurrieron pasada las seis de la tarde. El primero alcanzó una magnitud de 7.2, seguido apenas 40 segundos después por un segundo evento aún más intenso, de 7.5. Este inusual fenómeno, conocido como “doblete sísmico”, es particularmente destructivo porque impide cualquier capacidad de reacción entre un movimiento y otro. A esto se suma una profundidad relativamente baja —entre los 10 y los 21 kilómetros— lo que intensificó el impacto en la superficie.

El epicentro preliminar se ubicó entre las zonas de San Felipe —estado de Yaracuy — y Morón —en Carabobo —, afectando con especial fuerza la franja norte del país, incluyendo Caracas y la ciudad costera de La Guaira. En las horas posteriores, se han registrado al menos 20 réplicas, manteniendo en alerta constante a la población.

Las consecuencias han sido inmediatas y devastadoras. Según el último balance oficial entregado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se registran al menos 188 fallecidos y más de mil 500 heridos. Sin embargo, tanto autoridades como organismos internacionales advierten que estas cifras son preliminares y podrían aumentar de manera significativa en las próximas horas.

De hecho, el modelo PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos proyecta un escenario donde existe más de un 90% de probabilidades de que el número de víctimas fatales supere el millar. Incluso, en escenarios más extremos, se estima que la cifra podría escalar entre 10 mil y 100 mil fallecidos, considerando la alta densidad poblacional y la vulnerabilidad estructural de las edificaciones.

Más de 2,3 millones de personas estuvieron expuestas a un nivel de sacudida considerado “muy fuerte”, mientras que cientos de miles experimentaron intensidades severas o incluso violentas. En zonas como La Guaira, declarada ya como zona de desastre, el nivel de destrucción es total, con el colapso de edificaciones emblemáticas como el histórico Hotel Eduard’s en Macuto.

Frente a este escenario, el gobierno venezolano activó una batería de medidas de emergencia. Se suspendieron vuelos comerciales, se paralizaron operaciones en el Aeropuerto de Maiquetía y en la bolsa de valores de Caracas, y se ordenó la movilización total tanto de autoridades como de personal médico. Asimismo, se suspendieron las clases y actividades laborales no esenciales, mientras se interrumpió el suministro de gas en diversas zonas para evitar explosiones.

En paralelo, se anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares, financiado con recursos del Fondo Monetario Internacional, destinado a la reconstrucción de infraestructura crítica y viviendas. Una decisión que, por sí sola, refleja la magnitud del desastre, la falta de capacidad de un Estado debilitado para enfrentar las inclemencias naturales, pero sobre todo un giro político sin precedentes para el chavismo. 

El golpe económico que profundiza el impacto

Pero la crisis no es solo humanitaria. Es también profundamente económica. Según estimaciones del Servicio Geológico estadounidense, los terremotos habrían producido pérdidas que podrían situarse entre el 1% y el 7% del Producto Interno Bruto venezolano en cuestión de minutos. En escenarios más pesimistas, el impacto podría alcanzar hasta el 20% del PIB si la infraestructura energética resulta gravemente comprometida.

Y todo indica que ese escenario no es descartable.

La refinería El Palito, una de las principales instalaciones petroleras del país, sufrió daños estructurales severos, incluyendo rupturas en tuberías de alta presión y fallas en sus torres de destilación. Su paralización implica un corte inmediato en el suministro de combustible para la región central, afectando directamente las labores de rescate y distribución de alimentos.

A esto se suma la ruptura de oleoductos y gasoductos en el eje Carabobo-Yaracuy, lo que no solo interrumpe el flujo de crudo hacia la costa, sino que genera derrames que agravan la crisis ambiental. En paralelo, el puerto de Puerto Cabello —clave para la importación de bienes esenciales— se encuentra completamente inoperativo tras el colapso de su infraestructura.

El sistema eléctrico también se está viendo enormemente afectado. Las afectaciones en la Planta Centro, la principal termoeléctrica del país, provocó apagones masivos en gran parte del territorio. Sin electricidad estable, es imposible reactivar servicios básicos como agua, telecomunicaciones o transporte.

El resultado es un país prácticamente aislado y paralizado, sin capacidad logística para sostener su funcionamiento interno ni para exportar petróleo, su principal fuente de ingresos.

La ayuda internacional y la debilidad del gobierno de Delcy Rodríguez

En este contexto, la ayuda internacional ya comenzó a movilizarse con rapidez, en una señal que trasciende incluso las tensiones diplomáticas. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció el envío inmediato de equipos de rescate y asistencia médica. Lo mismo han hecho países como México, El Salvador, Francia, Alemania, China, Rusia e incluso Irán.

Desde América Latina, gobiernos como los de Brasil, Argentina, Chile y Colombia han expresado su disposición a colaborar, mientras que la Unión Europea activó sistemas satelitales para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes.

Sin embargo, esta ola de solidaridad también tiene una lectura política. Porque más allá de la emergencia, el terremoto actúa como un acelerador de una crisis que ya existía. No crea nuevas fragilidades, sino que expone con crudeza las limitaciones estructurales del Estado venezolano.

En el plano político, el gobierno interino de Delcy Rodríguez enfrenta lo que se podría definir como un “shock exógeno acelerador”, un evento que rompe el frágil equilibrio institucional y profundiza la dependencia externa.

La necesidad de recurrir a financiamiento internacional y asistencia directa de potencias como Estados Unidos tensiona el discurso histórico de soberanía del chavismo, que ya estaba caminando por la cuerda floja tras la captura de Maduro y la condescendencia de Rodríguez. Más aún si se considera la eventual participación de estructuras como el Comando Sur estadounidense en tareas logísticas dentro del territorio venezolano.

Esto plantea un dilema estratégico para las Fuerzas Armadas, tradicional pilar del sistema. Con un Estado sin recursos y una economía paralizada, la capacidad de sostener redes de poder internas se reduce drásticamente. En ese escenario, la lealtad militar podría reconfigurarse en función de nuevos equilibrios de poder.

A esto se suma el calendario electoral. Antes del terremoto, las elecciones presidenciales debían realizarse en julio de este año. Sin embargo, la destrucción de infraestructura, el colapso de servicios básicos y el desplazamiento masivo de población hacen inviable cualquier proceso electoral en el corto plazo.

En la práctica, el calendario está completamente suspendido, y su reactivación dependerá no solo de la recuperación interna, sino también de las condiciones impuestas por los actores internacionales que participen en la reconstrucción.

Así, la catástrofe deja de ser solo un desastre natural para convertirse en un evento histórico. Porque en cuestión de minutos no solo colapsaron edificios, carreteras y sistemas productivos. También se puso en evidencia la fragilidad de un modelo político y económico que ya operaba al límite.