El brutal asesinato de un niño de 12 años en medio de un asalto en San Bernardo desató un debate político en torno a la responsabilidad penal adolescente. La víctima falleció tras quedar atrapada y ser arrastrada por los delincuentes que perpetraron el violento robo del vehículo familiar.
La tragedia motivó una rápida ofensiva legislativa: la bancada de la UDI logró que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara con 77 votos un proyecto de resolución para solicitar al Presidente José Antonio Kast rebajar la edad de imputabilidad penal de 14 a 13 años. Asimismo, buscan que los menores reincidentes que tengan entre 16 y 18 años sean procesados bajo el régimen de adultos.
Para Francisco Estrada —abogado, académico, exdirector nacional del Sename y actual integrante del Consejo de Estándares y Acreditación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil—, esta embestida legislativa responde a un “canto de sirena” que desvía al país hacia el populismo punitivo, ignorando la evidencia internacional y destruyendo consensos de Estado de larga data.
El “buenismo punitivo” y la captación del crimen organizado
En entrevista con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, Estrada fue tajante al desestimar el impacto real que tendrían las medidas impulsadas por la derecha. Consultado sobre cómo competir contra el crimen organizado que recluta menores aprovechando su condición legal, el académico derribó el mito del alza de penas.
“El buenismo está del lado de quienes creen que incrementar las penas va a significar una reducción del delito”, argumentó Estrada. “Al crimen organizado le importa un bledo, porque para ellos los jóvenes son un soldado absolutamente desechable; si le bajas la edad a 13, contratará a uno de 12. No es esa la cuestión”.
El exdirector del Sename advirtió sobre la “paradoja de quienes creen que se puede enseñar a vivir en libertad encerrando a las personas”. Explicó que mantener a un menor de edad durante años en un régimen cerrado solo fortalece el “contexto criminógeno”, donde el joven debe adaptarse a lógicas carcelarias de supervivencia y entra en contacto con pares más avezados, convirtiendo la prisión en una verdadera “escuela del delito”.
En contraposición, Estrada emplazó a los actores políticos a enfocar los esfuerzos en las verdaderas raíces de la criminalidad temprana. Para el especialista, la respuesta estatal debe priorizar la mejora de las condiciones habitacionales y asegurar programas integrales y efectivos para frenar la deserción escolar.
Asimismo, subrayó la urgencia de fortalecer la salud mental pública para abordar los traumas derivados del maltrato infantil o el consumo de drogas intrafamiliar, denunciando que “hoy día tenemos muy poquitas horas de médicos psiquiatras infanto-juveniles en el sistema público”. A este escenario de vulnerabilidad se suma la profunda ausencia de cuidados; el académico señaló que la sociedad chilena hace “la vista gorda” frente a miles de niños que crecen solos porque sus madres y padres deben salir a trabajar obligadas por la falta de recursos, creando así el “caldo de cultivo” perfecto para la delincuencia y el reclutamiento de las bandas organizadas.
La defensa del nuevo modelo y críticas al Gobierno
El académico mostró su preocupación por las “propuestas de último minuto” y las urgencias legislativas impulsadas por el Gobierno, las cuales priorizan la internación cerrada. A su juicio, estas decisiones rompen con un acuerdo transversal que se había construido durante administraciones anteriores (el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el segundo de Sebastián Piñera) reflejadas en la Ley 21.527 que creó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.
“Estas propuestas de último minuto se alejan de ese amplio consenso y parecen intencionadas, pero muy poco informadas en torno a los medios para alcanzar esos fines que se pretenden”, fustigó.
Estrada también aprovechó de rectificar declaraciones recientes del Ejecutivo sobre el desempeño de la nueva institucionalidad, que recién en enero de este año entró en vigencia en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.
“Me llama la atención que el ministro de Justicia ha señalado que hay programas del nuevo servicio que se van a recortar en presupuesto porque están mal evaluados. Yo veo que el ministro está mal informado. Basta que revise la página de la Dipres para encontrar que ningún programa del nuevo servicio de reinserción juvenil ha sido evaluado aún“, aclaró.
En esa línea, el abogado destacó que las herramientas para tener mejores resultados ya están en marcha en el sistema judicial. Mencionó la implementación de jueces, fiscales y defensores especializados, junto con programas de intervención basados en estrictos estándares técnicos elaborados desde 2023. Factores que, insistió, necesitan tiempo para mostrar resultados frente a la constante presión de la agenda coyuntural.
