El brutal homicidio de un niño de 12 años en una “encerrona” en San Bernardo nos ha vuelto a golpear el rostro como sociedad. Ver que entre los principales imputados por este horrendo crimen figuran adolescentes de apenas 17 años no es solo un síntoma de una crisis profunda, sino un llamado de urgencia ineludible. El nivel de planificación, la frialdad y el poder destructivo que hoy exhiben ciertas bandas juveniles nos obligan a dar respuestas de Estado que estén verdaderamente a la altura de esta trágica realidad. No podemos permitir que la delincuencia se escude en la minoría de edad para sembrar impunidad en nuestros territorios.
Por esta razón, y asumiendo una postura clara en este debate de alcance nacional que como autoridades de la Región de Coquimbo no podemos evadir, me abro decididamente a la necesidad de discutir la disminución de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes. Las leyes vigentes fueron diseñadas para otro Chile; la mutación delictual actual exige adaptar nuestro marco jurídico para responder al nivel de violencia que hoy se vive en las calles. Asimismo, ante el desborde criminal en zonas críticas, el despliegue militar para proteger la infraestructura crítica y el apoyo operativo a nuestras policías es una alternativa de choque que el nivel central no puede descartar por sesgos ideológicos.
Sin embargo, como alcalde y hombre de terreno, tengo la convicción de que el debate legislativo y punitivo se queda corto si no analizamos de fondo nuestra estructura de reinserción. En Chile, es un hecho respaldado por el marco legal de la Ley N° 20.084 que existen recintos exclusivos para la privación de libertad de menores de edad, una tarea especializada que desde este año asumió por completo el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tras el cierre definitivo del Sename. Separar a los adolescentes de las cárceles de adultos es un piso mínimo civilizatorio que como país ya poseemos; el verdadero desafío estructural no es la falta de espacio diferenciado, sino lo que ocurre dentro de esos muros.
Si los Centros de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) no cuentan con programas terapéuticos de alta exigencia, tratamiento efectivo de adicciones y escuelas internas de nivelación escolar que reencaucen los proyectos de vida de estos jóvenes, el sistema fracasará continuamente y solo estaremos postergando el delito. La reinserción efectiva es, a largo plazo, una herramienta indispensable de seguridad pública, y para que funcione se requiere inyectar recursos técnicos, apoyo psicológico severo e infraestructura escolar de calidad dentro del circuito de justicia juvenil.
Es en este punto donde el rol de los municipios se vuelve insustituible. La reinserción y la prevención no comienzan cuando un joven ingresa a un recinto cerrado; comienzan mucho antes, evitando el abandono escolar en nuestras escuelas públicas, recuperando espacios públicos tomados, robusteciendo los programas intersectoriales de salud mental comunitaria y ofreciendo talleres deportivos y culturales que actúen como verdaderas barreras de contención.
En Illapel no nos quedamos de brazos cruzados esperando soluciones centralistas desde Santiago. Estamos invirtiendo recursos propios, inaugurando nuevas dependencias para nuestra Dirección de Seguridad Pública, capacitando a nuestros equipos de cara a la nueva Ley de Seguridad Municipal que entrará en vigencia este mes de agosto, realizando más de 100 talleres gratuitos, recuperando más 12 multicanchas e impulsando el arte urbano y la identidad a través de murales comunitarios. Creemos firmemente en una respuesta integral: firmeza jurídica y herramientas de control frente al crimen organizado, pero también una inversión agresiva en programas preventivos en el corazón de nuestros barrios. Enfrentar la crisis juvenil requiere tanto un mazo firme contra la impunidad como una mano técnica extendida para transformar realidades desde cada comuna de Chile.
