En una entrevista con Radio Polar, el Presidente José Antonio Kast ratificó el respaldo prioritario del Gobierno a la discusión y tramitación de los proyectos vinculados a la denominada “Ley Alejandro”. La iniciativa legal cobró fuerza en la agenda pública luego del asesinato de un niño de 12 años, hecho que reinstaló el debate sobre la delincuencia juvenil en el país dado que dos de los responsables del delito tenían 17 y 18 años.

El Jefe de Estado anunció que sostendrá una audiencia oficial con los familiares de los menores afectados por la violencia delictual e integrar sus demandas en el diseño de las nuevas indicaciones.

El Mandatario enfatizó que este homicidio no constituye un episodio aislado dentro del territorio nacional, aludiendo a la preocupante frecuencia de delitos violentos protagonizados por menores de edad en distintas regiones.

“Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular”, declaró el Presidente Kast, quien apuntó a una problemática estructural que demanda modificaciones urgentes al marco normativo vigente.

Coordinación interministerial y freno al crimen organizado

La estrategia legislativa encomendada por la Presidencia contempla una mesa de trabajo coordinada entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esta instancia técnica fusionará las mociones que ya se encuentran en los estamentos del Congreso con las propuestas elaboradas por las carteras de Gobierno, orientadas no solo al aumento de penas, sino que al control integral de los factores de riesgo en las comunas vulnerables.

Desde el punto de vista de la política criminal, el Ejecutivo apunta a neutralizar las dinámicas operativas de las bandas delictuales que utilizan las lagunas legales de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Respecto a este punto, Kast precisó que el foco de la reforma estructural debe impedir que los “jóvenes sean instrumentalizados por el crimen organizado y sean herramientas del delito”.

Así, relevó la importancia del fortalecimiento de los programas estatales de prevención temprana y a la reestructuración de los sistemas de rehabilitación para infractores de ley.

La cita con los familiares de la víctima quedó programada para concretarse una vez que el Mandatario concluya su gira oficial por Paraguay y Uruguay, compromiso internacional que arranca esta semana.

De forma paralela, el Ejecutivo adelantó que el plan gubernamental sumará una agenda complementaria de protección para entornos escolares, cuyos detalles institucionales e indicaciones técnicas se darán a conocer a la opinión pública durante el próximo mes.