El Senado rechazó este martes, en sus cuatro capítulos, la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en una sesión marcada por intervenciones extensas, cruces políticos y un debate de fondo sobre el alcance de este tipo de mecanismos de responsabilidad.

La acusación llegó a la Sala del Senado con un escenario ya tensionado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el libelo había sido aprobado por un amplio margen. En la discusión en la Cámara Alta, la controversia se concentró en la ausencia de un estándar jurídico suficiente para sostener una eventual sanción de inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos.

El libelo apuntaba a la conducción de las finanzas públicas durante el último tramo del gobierno del expresidente Gabriel Boric, especialmente a las proyecciones fiscales, el comportamiento del déficit efectivo y la trayectoria de la deuda. Para los acusadores, aquello configuraba infracciones a la Constitución vinculadas a la probidad, la coordinación y el control financiero del Estado.

Desde temprano en la Sala se instaló una línea argumental que se mantuvo durante toda la jornada: incluso quienes expresaron críticas a la gestión fiscal rechazaron trasladar esas observaciones al plano de una sanción constitucional.

En la primera parte de la sesión, los diputados acusadores defendieron el libelo. El diputado del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, señaló: “los errores son graves. No estamos hablando de dolo, estamos hablando de hechos, fechas, montos, correcciones hechas o no hechas”.

Desde la defensa, el abogado Patricio Zapata cuestionó que la acusación no identificara actos concretos del exministro ni infracciones específicas. Planteó que el libelo trasladaba al plano constitucional diferencias sobre proyecciones fiscales y decisiones técnicas.

Ya en la tarde, el debate se desplazó hacia el uso del mecanismo constitucional. El senador Matías Walker enfatizó que “el Senado cumple una labor jurisdiccional”, lo que implica resolver con ponderación de hechos y normativa. Así, agregó que no basta la discrepancia respecto de la política fiscal ni la evaluación de instrumentos técnicos, sino que se requiere “la acreditación de una infracción jurídica específica, imputable de manera personal y directa a la autoridad acusada”.

“Si cada mala política pública termina en una acusación constitucional, si cada error se transforma en una infracción constitucional, terminaremos debilitando una institución que debe reservarse para situaciones excepcionales”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, afirmó que “la incertidumbre en las cuentas públicas, herencia del exministro Grau en este momento, debilita la confianza institucional, eleva la prima de riesgo, constituye un terreno minado para la estabilidad del Gobierno actual”. Agregó que el mecanismo buscaba “enviar una señal clara, que quien administra los recursos de todos los chilenos debe rendir cuentas”.

Kaiser planteó además que no puede existir “impunidad para quien maquilla cifras o no las da a conocer con total transparencia”, y vinculó la discusión con la exigencia ciudadana de responsabilidad frente al manejo fiscal.

Desde la oposición, la senadora Beatriz Sánchez (FA) señaló que no existía un hecho concreto imputado ni una omisión delimitada atribuible al exministro. Añadió que las proyecciones fiscales constituyen ejercicios técnicos sujetos a variables económicas cambiantes, por lo que no pueden tratarse como obligaciones de resultado.

El senador Andrés Longton (RN), puntualizó que “el ex ministro Grau tenía el deber de custodiar uno de los bienes públicos más valiosos de un país, la credibilidad de sus finanzas públicas”. Además, agregó que las proyecciones fiscales “comprometen la confianza en la información oficial”.

“La probidad no puede confundirse con el error”, resaltó Longton y descartó antecedentes de corrupción, enriquecimiento ilícito o manipulación dolosa de información. “Una pésima gestión económica no equivale automáticamente a una infracción constitucional”, cerró.

Con la votación final, el Senado rechazó el libelo y descartó la inhabilitación del exministro Nicolás Grau.