En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al debate político y las propuestas en materia de seguridad que han surgido a raíz del homicidio de un menor de 12 años en San Bernardo. 

El también profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile se refirió al debate de la disminución de la imputabilidad penal, que reflotó con este hecho delictual. Aseguró que es materia de discusión en distintas partes del mundo, dijo que “hay una gran discusión, por ejemplo, en el caso de Europa, en los países nórdicos, que están disminuyendo la edad de responsabilidad penal, hay algunos que están retrocediendo porque hay consecuencias que son muy negativas”. 

En el caso de Chile, el también ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, explicó que la mayoría de niños, niñas y adolescentes que ingresan a una comisaría lo hacen por vulneración de derechos, alrededor de 72% o 73%, aseguró. Mientras que quienes lo hacen por la ejecución de un delito son el 23% o 24%. 

 

“Cuando uno analiza el promedio de edad, o el número más significativo de niños, niñas y adolescentes que ingresan a una comisaría por vulneración, es alrededor de 12 años. Cuando usted mira ahora el escenario de los que ingresan a una comisaría producto de la comisión de un delito, la mayoría de ellos están cerca de los 16 años. Los menores de 13 años que ingresan a una comisaría por la comisión de un delito es alrededor del 25%”, agregó el abogado y doctor en derecho. 

Indicó que los datos anteriores son relevante porque “hay que tener mucho cuidado en creer que al reducir la edad de imputabilidad penal lo que va a provocar es un cierto incentivo a que este tipo de conductas se disuadan. La verdad es que eso no es así. De hecho, lo que nosotros podríamos decir es que uno podría reducir la edad, podría aumentar las penas, pero probablemente usted va a seguir teniendo el mismo conflicto que tenemos en la actualidad”. 

Afirmó que  “cuando usted analiza las trayectorias de estos jóvenes, en rigor ellos comenzaron con delitos muy básicos, alrededor de los 10 u 11 años, y lo que uno tiene que hacer son más bien intervenciones complejas de su entorno y de su familia directamente para interrumpir esas carreras criminales”. 

Sobre cómo se origina este debate, Cordero planteó que “tras la creación del Ministerio de Seguridad y después de este ciclo legislativo, el acuerdo, más o menos, que existía (…) es que lo relevante para que las políticas de seguridad es que sean políticas de Estado, es que usted las tome en base a evidencia”. 

“Esto es bien relevante porque cuando uno toma decisiones al margen de la evidencia pueden ser consideradas muy populares, pero el efecto puede terminar siendo peor. El ejemplo de eso podría ser el registro de vándalos, que desde el punto de vista de su diseño es más bien un registro que consigna un conjunto de infracciones que en rigor se transforman en inhabilidades, que no son tratadas como penas, pero al final del día la mayoría de las inhabilidades que están generando son de personas que reciben prestaciones públicas, en el fondo, de modo que en ese registro las que son relativamente neutrales son dos o tres, el pasaporte, la licencia de conducir y un poco más, nada más”, advirtió. 

Agregó que “las demás, en consecuencia, cuando usted las aplica, como dijo el Presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, ‘cuidado con generar que la solución sea peor que la enfermedad’. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque en responsabilidad penal adolescente, la manera en que está concebido el sistema institucional, no solo en Chile, sino en buena parte de los países del mundo, es que usted tiene un régimen penal distinto a los adultos, fundamentalmente porque usted quiere sacar a esos niños y a esos adolescentes de la carrera delictual en la cual cometieron”. 

Respecto al debate sobre sacar a los militares a las calles, la exautoridad indicó que esta propuesta “supone dos consideraciones”. Explicó que “la primera es asumir que el Estado no tiene capacidad para poder cubrir adecuadamente problemas de seguridad que pueden ser muy graves, pero que son habituales. Y la segunda, es creer que la expansión o la cobertura militar puede contribuir a la seguridad. La evidencia lo que demuestra es que involucrar a militares en asuntos de seguridad pública puede ser completamente contraproducente para la sociedad”. 

“Y de hecho, las fuerzas armadas en nuestro país son completamente conscientes de esa situación. Por tres motivos. El primero, porque el entrenamiento militar no es el entrenamiento policial”, indicó. 

En ese sentido, señaló que “hay que tener mucho cuidado con asumir que para temas de seguridad y orden público simplemente usted puede estar utilizando personal disponible a las fuerzas armadas”.