Frente a los cuestionamientos que despertaron algunas de las medidas propuestas por la Mesa de Reactivación Laboral, el economista y académico de la Universidad Católica, David Bravo, defendió el trabajo realizado por la instancia que presidió. La posibilidad de ampliar el período para distribuir la jornada laboral o revisar el sistema de indemnización por años de servicio son algunas de las medidas más controversiales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales explicó que el mandato de la mesa fue elaborar propuestas concretas para enfrentar la situación del mercado laboral y no volver a insistir en un diagnóstico que, a su juicio, ya es conocido.

“Lo que se nos pidió fue no concentrarnos tanto en el diagnóstico, sino tratar de llegar con algunas propuestas concretas que pudieran servir tanto para la coyuntura como también para algunas reformas que habría que impulsar”, señaló.

Bravo explicó que el trabajo incluyó audiencias con 40 organizaciones y la revisión de más de 80 propuestas antes de consensuar un conjunto de 22 recomendaciones. Según el académico, todas las medidas tienen un foco común: favorecer la contratación de los grupos que hoy enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

“Tenemos que mirar a las mujeres, tenemos que mirar a los jóvenes, tenemos que mirar a las pymes“, sostuvo. A esos grupos sumó a las personas que actualmente se encuentran desocupadas, afirmando que son quienes tienen menor capacidad de representación y requieren una respuesta prioritaria.

Uno de los puntos que concentró las críticas de la opinión pública fue la propuesta relacionada con la jornada laboral, pues se instaló la idea de que el informe abría la puerta a semanas de trabajo de hasta 52 horas. Bravo rechazó esa interpretación y afirmó que corresponde a una lectura incompleta del documento.

“La reducción de la jornada laboral es una medida positiva que apunta a mejorar el bienestar de las personas, si es que tienen empleo“, afirmó.

Agregó que la propuesta apunta a ampliar el período en que las horas pueden distribuirse, mecanismo que, según explicó, ya utilizan varios países de la OCDE para facilitar la adaptación de las empresas a la reducción de la jornada. Además, sostuvo que el límite de 52 horas semanales corresponde a una norma que ya existe en la legislación vigente y no a una innovación contenida en las recomendaciones.

En cuanto a la propuesta de evaluar cambios al sistema de indemnización por años de servicio, Bravo señaló que el informe no plantea una fórmula definitiva, sino que abre un debate sobre mecanismos que permitan compatibilizar la protección de los trabajadores con mayores incentivos a la contratación. 

“La cotización tiene que ser de cargo del empleador y, evidentemente, en el contexto en que nos encontramos hoy día, para que algo así sea factible, creo que tiene que ser solamente para los nuevos contratos“, indicó.

El economista también abordó la propuesta de revisar la causal de despido por necesidades de la empresa. De acuerdo al economista, la creciente judicialización de estos procesos ha incrementado la incertidumbre para las empresas, especialmente las de menor tamaño. “Si una empresa tiene un costo para despedir a un trabajador que no sabe cuál es, en la práctica vamos a tener costos de contratación mucho mayores y va a haber menos empleo y menos empleo formal”, advirtió.

En tanto, Bravo insistió en que las cifras de desempleo muestran un escenario complejo y que las políticas públicas deben concentrarse en recuperar el empleo formal: “Estamos en una emergencia, hay que actuar como que estamos en una emergencia y ahí deberíamos estar básicamente todos trabajando por eso“.