El pronunciamiento de Contraloría General de la República (CGR) que apunta a que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se excedió en sus facultades al pedir información a la Policía de Investigaciones (PDI), generó una inmediata reacción en el mundo político. Desde el Gobierno recalcaron que el Ministerio de Seguridad está abocado únicamente a sus labores de coordinación, mientras la oposición adelantó una comisión especial investigadora y deslizaron la posibilidad de una acusación constitucional.

El dictamen de la CGR dado a conocer este jueves acusa que la actuación de la exministra Steinert no se ajustó a la ley y contravino su deber de abstención. Esto, cuando el pasado 13 de marzo solicitó a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos, vinculada a una causa que la misma Steinert cursaba cuando era fiscal regional de Tarapacá.

El actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recalcó que bajo su dirección ha existido un “cuidado” por no involucrarse en labores investigativas y atenerse sólo a la coordinación de los organismos de seguridad. “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría. En lo propio, por supuesto que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública. Así se lo hemos manifestado al señor fiscal nacional, a los jefes de las policías”, acotó.

“Nosotros estamos en ese rol de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”, insistió.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS) y autor del requerimiento por el que se revisó el actuar de Steinert, Raúl Leiva, afirmó que lo grave no es solo “el nivel de transgresión” a principios estipulados en la ley, sino que “la persona que realiza o comete esta falta, fue la ministra de Seguridad Pública, quien estaba a cargo, justamente, de este mandato tan relevante en nuestra sociedad”.

Según Leiva, “hace mucho tiempo que no se veía un dictamen de la Contraloría que determinara un incumplimiento de un ministro de Estado”. “Esta actuación, como señala la Contraloría, pone en riesgo no solo la institucionalidad de seguridad que tanto ha costado construir, sino que devela una falta de cuidado y rigurosidad en el tratamiento de la información”, añadió el diputado.

En esa línea, Leiva adelantó que, dado que la Contraloría detectó un “incumplimiento grave de la ley”, “vamos a estudiar todas las acciones que estén dentro del marco de nuestras atribuciones del punto de vista penal, administrativo y también constitucional”.

Otros parlamentarios de oposición también tantearon la posibilidad de conformar una comisión especial investigadora o acusar constitucionalmente a Steinert.

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, aseguró que conversará con el resto de los parlamentarios de oposición de esa instancia —incluido el diputado Leiva — sobre la procedencia de la comisión investigadora.

“No podemos descartar el uso de ninguna herramienta constitucional, pero tenemos que ser muy prudentes en el uso de las mismas. Estamos hablando de temas que afectan profundamente la institucionalidad, y nuestra responsabilidad como parlamentarios es estar a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía nos entregó. No instrumentalizar las instituciones, pero tampoco dejar la impunidad en situaciones que son tan graves”, estimó.

En tanto, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores sostuvo que el informe de la Contraloría “es súper claro” y “confirma lo que dijimos”. “La ministra excedió sus atribuciones, faltó al principio de abstención por cuanto no le compete, no podía hacer consultas sobre casos que no están resueltos y que además tiene que ver con casos reservados, donde hay trabajos de inteligencia en curso”, expusó.

Flores además enfatizó que las acusaciones contra Steinert “no eran una mera obstinación ni nada en contra del Ministerio de Seguridad”, sino que las advertencias de la oposición iban en línea de evidenciar que “un Ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido con una persona que no sabía”.