La Contraloría General de la República emitió un dictamen este jueves en el que cuestiona la solicitud de antecedentes que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cursó a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo de 2026. El organismo fiscalizador, liderado por Dorothy Pérez, determinó que la actuación de la exautoridad no se ajusta a la ley y contraviene su deber de abstención, ya que la petición de información recayó sobre una causa penal que la propia Steinert había liderado previamente como fiscal regional de Tarapacá.

El origen de la investigación se remonta al 13 de marzo de 2026, solo dos días después del cambio de Gobierno y de la asunción de Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública. En esa fecha, la entonces secretaria de Estado emitió el oficio reservado N° 28, mediante el cual solicitó a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una causa penal específica que cursaba en la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Aunque la Contraloría reconoce que el primer requerimiento de información podría enmarcarse en las atribuciones que los artículos 3° y 6° de la ley N° 21.730 confieren al ministerio, el problema radica en que la solicitud excedió dichas facultades. La exministra pidió la nómina completa de los funcionarios trasladados o cesados en esa causa, con nombre, cédula de identidad y grado, además de sus antecedentes disciplinarios y penales, y la copia de cualquier denuncia o sumario interno. El organismo contralor sostiene que esta exigencia “excede la facultad general de requerir informes conferida por el artículo 6° letra l)” de la ley, ya que la norma prohíbe usar esa atribución cuando pueda afectar una investigación en curso.

El dictamen añade que los detectives cuyo historial se solicitó pertenecían a una dependencia policial que apoyaba la investigación que la propia Steinert Herrera lideraba en su cargo anterior como fiscal regional, lo que activa el deber legal de abstención. La Contraloría cita jurisprudencia previa (dictámenes N° 22.989 de 2019 y E53.860 de 2020) para recordar que esta obligación rige para los ministros de Estado incluso cuando el conflicto de intereses sea solo potencial.

“No se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias”, sostuvo la entidad al analizar los antecedentes por un requerimiento del diputado Raúl Leiva.

El pasado 1 de abril, se conoció que la Contraloría dio un plazo de 10 días a la entonces ministra y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para entregar antecedentes sobre este oficio, que fue enviado justo antes del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña. En el caso por el que pidió información, cuatro detectives fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria y trasladados a otras regiones, entre ellos el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.

La conclusión del órgano contralor es categórica: “La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.