El proyecto de indulto general para uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social abrió un nuevo flanco para el Gobierno. La iniciativa, presentada por el Partido Nacional Libertario y respaldada por parlamentarios del Partido Republicano, surge mientras el Ministerio de Justicia continúa evaluando eventuales indultos particulares comprometidos por el Presidente José Antonio Kast. 

En un punto de prensa realizado este jueves, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó que la iniciativa busque aumentar la presión sobre La Moneda. “Yo creo que le quita presión. Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo individualmente de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-10. Hasta el momento no han hecho nada. El Presidente entonces no tiene que tomar la decisión, la puede tomar el Senado y la puede tomar la Cámara de Diputados“, afirmó.

Kaiser sostuvo que el proyecto busca entregar una señal institucional a los uniformados condenados: “La institucionalidad chilena le dice ‘a usted, carabinero de la patria, soldado de la patria, nosotros lo vamos a dejar irse a su casa y vamos a cerrar este capítulo para ustedes'”.

Además, aseguró que “Chile se merece seguridad, se merece tener una fuerza pública respaldada y esa fuerza pública merece el respaldo que le tiene que dar entonces su clase política“.

La diputada del Frente Amplio y exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, rechazó la propuesta. “No estoy de acuerdo con un indulto para los uniformados que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. En materia de derechos humanos el indulto no cabe, como no cabe ninguna medida que extinga la pena o la responsabilidad que se ha tenido en esos hechos”, sostuvo.

La diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que “ellos (PNL) quieren además indultos generalizados, lo que quieren es impunidad porque tienen un convencimiento de que la violación de derechos humanos es necesaria”.

Añadió que la iniciativa busca “asegurar indultos a los condenados por delitos, y hay que decirlo, por delitos, por lo tanto, delincuentes por violación de derechos humanos durante el estallido social“.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, sostuvo que “este proyecto derechamente contraviene los tratados y acuerdos internacionales que Chile ha firmado ya hace varios años en materia de derechos humanos”. Asimismo, afirmó que “es lamentable que parlamentarios, senadores y diputados de la República no sepan algo tan básico como las obligaciones que tiene el Estado chileno en esta materia” y aseguró que, a su juicio, “entre nuestros pares los votos no van a estar para ese proyecto”.

Desde Amnistía Internacional Chile, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, calificó como grave la presentación de la iniciativa. “Ese personal que está condenado o investigado no lo está por haber simplemente cumplido con su cometido. Lo está por haber realizado graves violaciones a los derechos humanos, graves delitos que implicaron investigaciones exhaustivas y finalmente sentencias condenatorias de los tribunales de justicia”, afirmó.

Bustos explicó que la organización lanzó la campaña “Chile: No al indulto para excarabineros y exmilitares condenados“, que busca reunir firmas para solicitar al Presidente José Antonio Kast que descarte la entrega de indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. En la carta dirigida al Mandatario, Amnistía Internacional sostiene que “más de seis años después, la impunidad continúa: pocos casos llegan a juicio y aún menos dan lugar a declaraciones de culpabilidad. Indultar al reducido número de agentes que han rendido cuentas afianzaría aún más la impunidad y socavaría los esfuerzos por reformar el cuerpo de Carabineros para aumentar su legalidad y su rendición de cuentas”.

El director ejecutivo de la organización añadió que “los policías y agentes del Estado de la Fuerza Armada no están eximidos de cumplir con la ley. Todo lo contrario, siempre deberían cumplir con la ley cuando se trata especialmente del uso de la fuerza”