Paradójicamente, Verónica de Negri se considera una afortunada. A pesar de que durante la dictadura de Augusto Pinochet estuvo recluida en centros de detención, fue torturada, vivió el exilio y el mismo régimen se encargó de arrebatarle a su hijo.

“Yo pude enterrar a Rodrigo. En ese sentido yo me considero muy afortunada, porque yo pude estar con mi hijo cuando estaba muerto, pude enterrarlo. En cambio, la mayoría de los familiares de detenidos desaparecidos, nada”, dice en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile en el marco de una nueva conmemoración del caso Quemados.

A 40 años del crimen que dejó con graves secuelas a la joven Carmen Gloria Quintana y provocó el fallecimiento de Rodrigo Rojas de Negri, su madre reconstituyó la historia de ambos, además de abordar el actual panorama político y social del país.

Para septiembre de 1973, Verónica tenía 28 años y militaba en el Partido Comunista. Precisamente por su actividad política fue que el mismo día del 11 de septiembre un grupo de marinos allanó su casa en Valparaíso, donde vivía con su familia, incluido Rodrigo, de seis años y medio.

En ese momento el niño tenía una fijación con la religión católica. Por eso, cuando los marinos llegaron preguntando por Verónica y finalmente no la detuvieron, él les regaló una biblia. Era un agradecimiento por no llevarse a su mamá.

“A mí esas cosas me hacen pedazo el alma. ¿Por qué un niño de esa edad tiene que estar preocupado si la madre va a vivir o a morir?”, cuestiona Verónica.

Luego de estar recluida en los centros de detención 3 y 4 Álamos, Verónica partió al exilio en Estados Unidos. Se instaló en Washington con sus dos hijos: Pablo, que nació en mayo del 74 y Rodrigo, que ya tenía nueve.

Rojas de Negri creció para convertirse en un adolescente inquieto, profundamente interesado en política internacional, especialmente lo que ocurría en la dictadura chilena.

Verónica cuenta que incluso estaba resentido con ella, porque por su culpa no podían estar en Chile: “Es que él fue muy feliz en el gobierno de la Unidad Popular, lo disfrutó tremendamente”.

Rodrigo comenzó a formarse como fotógrafo de la mano de Marcelo Montecino, un chileno también radicado en Washington que se convirtió en su amigo y mentor. Su sueño, justamente, era volver a Chile y contar a través de las imágenes lo que nadie estaba diciendo.

Su madre señala que veía una diferencia importante entre lo que decían algunas personas sobre la dictadura y los relatos de los familiares de detenidos desaparecidos, que llegaban a Washington para entregar su testimonio en el Congreso de Estados Unidos o en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Llegaban las compañeras y Rodrigo andaba con ellas y aparte de tomarles fotos, a veces hacía hasta de intérprete. Él veía el desbalance, porque la gente que estaba en la Solidaridad con Chile eran casi todos de organismos internacionales, entonces, vivían como en el barrio alto. En cambio, cuando él hablaba con las compañeras sabía que era otro mundo. Él quería documentar. Por eso lo pillaron donde lo pillaron”, afirma Verónica.

El regreso y la tragedia

Rodrigo Rojas de Negri volvió a Chile poco tiempo después de cumplir 19 años, en mayo de 1976, e inmediatamente se incorporó a la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

Registró actividades de resistencia en poblaciones, también manifestaciones contra la dictadura e incluso se arriesgó un poco más que sus colegas al tomarle fotos de cerca a uniformados y policías.

Su llegada a Chile coincidió con el crimen en contra de Ronald Wood: un joven de su misma edad que el 20 de mayo del 86, luego de participar en una protesta estudiantil, recibió el disparo de un militar y falleció tres días después.

Verónica considera que hay muchas coincidencias entre Ronald y Rodrigo y recuerda con especial cariño las fotografías que tomó en su funeral.

“Todas esas fotos son tristes, pero son muy lindas, muy fuertes. A mí la que más me gusta es una en que una de las hermanas de Ronald va sobre la carroza. Es como si fuera su propio funeral y esto fue días antes no más”, relata.

El 2 de julio de 1986, en la primera de dos jornadas de Paro Nacional convocadas por la Asamblea de la Civilidad, Rodrigo estaba en la población Los Nogales, de Estación Central. 

Esa mañana, bien temprano, caminó junto a otros jóvenes —entre los que se encontraba Carmen Gloria Quintana— hacia la Universidad de Santiago (Usach) y se detuvo cuando un grupo le pidió ayuda para levantar una barricada. En eso estaban cuando llegó una patrulla militar. 

Rodrigo y Carmen Gloria fueron los únicos que no pudieron escapar. En la vereda de la calle Hernán Yungue —que ahora lleva el nombre de Rodrigo— fueron brutalmente golpeados, rociados con bencina y quemados vivos. Horas más tarde, fueron dejados a su suerte en una zona rural de Quilicura.

Verónica tenía que viajar a Chile para estar con Rodrigo, quien luego del ataque fue internado en la Posta Central. Sin embargo, tenía un gran impedimento. En su pasaporte estaba estampada la letra L: la de los chilenos que tenían prohibido el ingreso a su patria.

Se tuvieron que hacer gestiones especiales para que reingresara. Verónica destaca especialmente la labor de la cónsul de Estados Unidos en Chile, Jane Kobliska, que horrorizada por los crímenes de la dictadura, la ayudó a entrar al país por un plazo acotado.

Llegó a Santiago la mañana del 4 de julio y su hijo murió la tarde del día 6.

Los días posteriores y la búsqueda de justicia

El velorio de Rodrigo Rojas de Negri se realizó en el centro de Santiago, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y su funeral en la Basílica El Salvador. A la ceremonia y al posterior cortejo fúnebre, que se dirigió hacia el Cementerio General, asistieron un total de 10 mil personas indignadas por el brutal crimen.

Los agentes represores se desplegaron entre esa multitud y aunque habían asegurado que no intervendrían, eventualmente usaron sus carros lanza agua y gases antidisturbios para dispersar a los asistentes. Hubo momentos en que el ataúd de Rodrigo quedó rodeado por gases lacrimógenos.

“Asesinos”, le gritaban los asistentes a los carabineros.

De esos días, Verónica recuerda el apoyo de muchas personas que solidarizaron con ella. Las muestras de cariño convivieron con el asedio de los agentes de la dictadura, que aún en esos momentos, no la dejaron tranquila.

“Yo me subí una vez a una micro a pedir apoyo de donación de sangre y la gente hizo parar al busero y fue a dar su sangre. La gente era una maravilla. Yo sentí que Chile estaba conmigo. Y el mundo, porque en Estados Unidos yo te digo la de marchas que hubo”, cuenta.

Tras la repercusión que alcanzó el hecho, tanto a nivel nacional como internacional, la Junta Militar se vio obligada a pronunciarse. Representantes del régimen, incluido el dictador Augusto Pinochet, responsabilizaron a Rodrigo y Carmen Gloria, asegurando que los jóvenes se habían inmolado.

Esa tesis eventualmente fue descartada, pero por muchos años el caso Quemados tuvo un solo condenado: el teniente del Ejército, Pedro Fernández Dittus, que estuvo en Punta Peuco entre enero de 1996 y febrero del 97.

Verónica asegura que el camino hacia la justicia fue muy solitario y que recorrió Chile entero buscando a un abogado que la representara. Todos le decían que el caso ya estaba cerrado. Hasta que la ayuda finalmente vino de la mano de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), con quienes interpuso una querella el año 2013.

Para la judicialización del caso fue vital el testimonio de Fernando Guzmán, un conscripto que iba en la patrulla militar y que rompió el pacto de silencio entre los uniformados. Así fue cómo se identificó al autor material del crimen: el entonces teniente, Julio Castañer.

Recién en 2024, a 38 años de la muerte de Rodrigo, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva: 20 años de cárcel para cuatro oficiales del Ejército, entre ellos Castañer y Fernández Dittus; tres años para cuatro soldados conscriptos sindicados como cómplices y tres años para otros dos soldados que encubrieron el crimen.

“Yo nunca pierdo la esperanza”

Verónica de Negri tiene una mirada profundamente crítica no solo del estado actual de la política chilena y de la elección de José Antonio Kast como Presidente, sino que también de la justicia “en la medida de lo posible” que establecieron los gobiernos de la Concertación tras el final de la dictadura.

De hecho, por esa misma desconfianza respecto a lo que se hizo después es que no volvió a Chile cuando le quitaron la L del pasaporte.

“Podía volver, pero no quería exponer a Pablo, a que me lo mataran, porque sabía que iba a pasar eso mismo. Porque la justicia en la medida de lo posible no paró los crímenes de los milicos y de la policía. La prueba está en que tenemos desaparecidos hasta el día de hoy. Mira el caso de los jóvenes a los que les quitaron los ojos”, reflexiona.

De todas maneras, sí hay algo que no abandona a Verónica es la esperanza. Pese a que lleva en Estados Unidos casi 50 años, sigue votando en Chile y destaca las voces del diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai, ambos víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social que luego se convirtieron en actores políticos.

Otro factor clave que le ayuda a mirar hacia el futuro son los estudiantes y la persistencia de la imagen de Rodrigo entre ellos. Más allá del paso de los años, la figura de ese joven que nunca olvidó su país y que estaba empecinado en mostrar lo que se vivía en los sectores más golpeados por la dictadura, sigue presente.

“Nunca pierdo la esperanza. No soy tan negativa, o sea, soy dura para mirar y analizar. Pero para mí, cuando tú te das por vencido, fracasaste. Soy de las personas que siempre digo: ‘Estamos en la mitad del túnel’. Pero de todos nosotros tiene que salir el empuje para caminar hacia la luz y ese empuje lo veo en los estudiantes, por ejemplo. A esos cabros los adoro. Porque ellos son nuestro futuro”, asegura.