Las diputadas del Frente Amplio, Javiera Morales y Lorena Fries, ingresaron un oficio de fiscalización dirigido al Ministerio de Justicia y a la Subsecretaría de Derechos Humanos para exigir aclaraciones urgentes tras decretarse el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Dicho organismo especializado había entrado en funciones en febrero de este año con el propósito de centralizar el levantamiento de archivos documentales, gestionar análisis genéticos cruzados, proveer asesoría jurídica y brindar soporte psicosocial a las víctimas de los circuitos de sustracción de menores ocurridos en el país durante las últimas décadas. La disolución de la entidad conllevó el traspaso inmediato de sus prerrogativas hacia el gabinete de la Subsecretaría, gatillando las dudas de las legisladoras respecto del sustento presupuestario de la medida.

La diputada Lorena Fries fustigó la pertinencia administrativa de la resolución y advirtió una preocupante incoherencia discursiva en las carteras del área social controladas por el Palacio de La Moneda. “Esta unidad constituía un pilar fundamental para el reencuentro de familias que fueron fracturadas por redes delictivas. Significa un claro retroceso en la relevancia que se le da a los derechos de los niños, niñas y adolescentes“, argumentó la parlamentaria de la comisión sectorial, añadiendo que la deuda de reparación del Estado con las víctimas se mantiene inalterable con el paso del tiempo. Fries emplazó directamente al presidente José Antonio Kast por la reestructuración de los equipos de búsqueda, cuestionando que “es un retroceso que este gobierno, que dijo ‘los niños primero’, hoy día se muestre tan displicente con estos que fueron niños, aunque hoy sean adultos”.

En una línea de crítica similar, la diputada Javiera Morales relevó el impacto humano que arrastra el desmantelamiento de la oficina técnica, recordando los múltiples e históricos reencuentros que se han verificado en el último periodo entre madres e hijos que lograron reconstruir su identidad biológica tras décadas de separación forzada. La congresista por la Región de Magallanes apuntó que la UBAFI sostenía mesas de trabajo coordinadas y sistemáticas con las agrupaciones civiles de víctimas que impulsan las causas de verdad ante los tribunales, advirtiendo que alterar los canales de interlocución oficiales sin planes de contingencia conocidos constituye un trato negligente que vulnera los estándares mínimos de acompañamiento institucional.

“Nos parece que cerrarla, sin ninguna explicación, sin saber cómo se va a continuar con esta labor, es una verdadera doble victimización para todas esas mujeres. Es imperativo que el Ejecutivo entregue un informe detallado”, enfatizó la parlamentaria de la bancada frenteamplista. Morales detalló que el documento de requerimiento legislativo exige al Ministerio de Justicia transparentar no solo las justificaciones financieras del cese de funciones, sino que también las garantías operativas para la continuidad de los convenios de cooperación internacional, los protocolos de resguardo para los bancos de datos genéticos y los plazos específicos en que el gabinete ministerial absorberá los análisis de compatibilidad biológica que se encontraban en pleno trámite.