La Comisión de Medio Ambiente del Senado inició este lunes la discusión en particular de la megarreforma con la presentación de representantes del sector empresarial y de organizaciones ambientalistas, en una sesión marcada por los cuestionamientos de senadores de oposición al Ejecutivo por la conducción de las negociaciones sobre el proyecto.
La jornada comenzó sin la presencia de los ministros de Hacienda y de Medio Ambiente, quienes habían excusado previamente su asistencia. En ese contexto, el senador Alfonso de Urresti (PS) cuestionó que el Gobierno estuviera abordando materias propias de la Comisión con parlamentarios que no integran esa instancia.
El parlamentario sostuvo que esa situación constituye una “deslealtad institucional” y afirmó que “no podemos permitir (…) que la discusión que nosotros dábamos, las indicaciones que estamos trabajando, los equipos técnicos con los cuales hemos trabajado, las mesas técnicas (…) terminen simplemente nosotros enterándonos que el ministro de Hacienda quiere conversar con dos o tres senadores temas de medio ambiente. Eso es deslealtad“.
Asimismo, sostuvo que entiende “que el ministro Quiroz no tiene experiencia con el Parlamento (…), pero no podemos permitir” que las conversaciones se desarrollen fuera de la comisión.
Tras la intervención de Urresti, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, presentó la posición del gremio respecto del capítulo ambiental de la iniciativa. La dirigente sostuvo que la organización valora los cambios propuestos al sistema de permisos y afirmó que “el proyecto de Reconstrucción Nacional aborda un problema que es real y compartido, la lentitud y la incertidumbre en la tramitación de permisos“.
En esa línea, señaló que la “Sofofa valora que el proyecto avance en la dirección correcta, acota plazos, exige resoluciones fundadas y da mayor certeza a los titulares de proyecto“.
Navarro vinculó esa discusión con el desempeño de la economía y sostuvo que el país “ha perdido la capacidad de crecer”. Afirmó que “la inversión es el motor de empleo, de crecimiento futuro” y advirtió que la demora en la tramitación de proyectos mantiene “371 proyectos esperando calificación ambiental, más de 92 mil millones de dólares en inversión y más de 162 mil empleos directos”. Además, planteó que el crecimiento económico y la protección ambiental son compatibles: “Podemos hacer las dos cosas”.
La presentación de la Sofofa continuó con la exposición de la abogada y asesora senior de políticas públicas de la organización, Camila Madariaga, quien detalló las observaciones técnicas del gremio respecto al articulado del proyecto. La profesional respaldó el objetivo de reducir los tiempos de evaluación ambiental, aunque indicó que el texto requiere ajustes para entregar mayor certeza jurídica.
Entre otras materias, Madariaga propuso precisar el alcance del régimen especial de tramitación, acotar las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental para dictar instrucciones de carácter general y establecer mecanismos que permitan reconducir proyectos complejos al procedimiento ordinario cuando sea necesario.
Desde otra vereda, la especialista en clima y ecosistemas de Greenpeace, Silvana Espinoza, aseveró que “la real crisis hoy en día es la crisis climática” y manifestó que el proyecto incorpora modificaciones que, a juicio de la organización, no responden a ese escenario.
En ese contexto, advirtió sobre los efectos de las relocalizaciones de concesiones salmoneras y señaló que “desde la protección ambiental también se necesitan certezas”. En ese sentido, subrayó que al proyecto le “falta transparencia y criterio”.
La exposición de Greenpeace continuó con la intervención de la abogada Roxana Núñez, quien cuestionó algunos de los cambios propuestos al sistema de evaluación ambiental. La profesional sostuvo que la eliminación de la invalidación de resoluciones de calificación ambiental favorables “sería un retroceso” en la materia, pues esa modificación podría consolidar actos administrativos con vicios de legalidad y aumentar la judicialización de los proyectos.
En esa línea, señaló que la medida restringe las herramientas de participación ciudadana y sostuvo que “eliminar la invalidación no es la vía idónea”, ya que “tenemos graves brechas en materia de acceso a la participación”.
