La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, presentó un recurso ante la Contraloría General de la República para que reevalúe el dictamen que puso en tela de juicio el oficio reservado que remitió a la Policía de Investigaciones (PDI) pocos días después de asumir el cargo.
El escrito busca dejar sin efecto la conclusión del Dictamen N° D344, del 1 de julio, donde el ente contralor determinó que el Oficio Reservado N° 28, dirigido al director general de la PDI, “no se ajusta estrictamente” a las facultades de la autoridad ministerial ni a su deber de abstención.
Steinert argumentó que el pronunciamiento incurre en errores de derecho y no consideró nuevos antecedentes relevantes. Además, reclamó que el dictamen no le fue notificado formalmente, a pesar de que, según su planteamiento, es la única persona natural objeto de un reproche explícito.
La petición principal de la exsecretaria de Estado es que Contraloría deje sin efecto esa conclusión y declare, en su lugar, que el oficio reservado estaba dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, amparado por los artículos 3° y 6° de la Ley N° 21.730, y que no se vulneró su deber de abstención.
A través del recurso, Steinert solicitó que, si no se acoge lo anterior, el dictamen sea aclarado y complementado para establecer que el reparo se circunscribe exclusivamente a la nómina detallada de funcionarios relacionada con una causa específica.
Los argumentos de Steinert
Para sustentar su recurso, la exministra Trinidad Steinert presentó seis argumentos:
- Acusó que Contraloría invadió un ámbito de mérito o conveniencia administrativa al cuestionar el nivel de detalle del requerimiento a la PDI.
- Señaló que el ente contralor interpretó erróneamente las atribuciones del Ministerio de Seguridad y omitió una norma que, según la extitular de la cartera, faculta solicitar antecedentes a otros organismos, incluso si tienen carácter reservado.
- Impugnó la aplicación del deber de abstención, ya que, a su juicio, Contraloría no señaló qué interés personal, patrimonial o particular justificaba esa obligación.
- Sostuvo que el dictamen formula un reproche personal y retroactivo contra quien ya no estaba en el cargo, lo que excedería la función dictaminadora del organismo.
- Cuestionó la difusión pública del oficio reservado y denunció que el proceso se originó por la filtración ilícita de un documento, sin que existiera una reacción institucional adecuada.
- Alegó indefensión por la falta de notificación del dictamen a Steinert, pese a que incluye una crítica directa a su gestión.
