El dictamen de la Contraloría General de la República que cuestionó la actuación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la posterior solicitud de reconsideración presentada por la exsecretaria de Estado abrieron un debate sobre el alcance de las atribuciones del organismo fiscalizador y las eventuales consecuencias políticas del caso.

El pronunciamiento, emitido tras una presentación del diputado Raúl Leiva y otros parlamentarios, concluyó que Steinert excedió sus facultades al requerir información a la Policía de Investigaciones en el marco de una causa penal, aunque descartó irregularidades respecto de la supuesta eliminación de una unidad del ministerio.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, explicó que el dictamen se enmarca dentro de una de las funciones tradicionales de la Contraloría y constituye una expresión de su potestad interpretativa respecto de la legalidad de los actos de funcionarios estatales.

“No hay duda de que es una pieza del funcionamiento del Estado y del Estado de derecho. Tiene a su cargo el control de legalidad de los actos de la administración, entre otras muchas funciones“, señaló.

En esa línea, explicó que la Contraloría ejerce una potestad dictaminante mediante la emisión de pronunciamientos solicitados por terceros o instituciones, cuyo objetivo consiste en “establecer la correcta interpretación” de las normas legales vinculadas a la administración pública, su personal, las remuneraciones y otras materias definidas por su ley orgánica.

Respecto de las críticas que surgieron tras conocerse el dictamen, Zúñiga llamó a relativizar el debate político. “Las críticas políticas son normales. Yo creo que hay que desdramatizar un poquito esas declaraciones. Por lo demás, no hay que olvidar que en esta materia Contraloría no tiene la última palabra”, sostuvo.

Al analizar el contenido del oficio, Zúñiga distinguió dos aspectos abordados por la Contraloría. “El dictamen tiene dos pronunciamientos distintos. El primero se refiere al oficio de la exministra de Seguridad Pública dirigido a la PDI requiriendo información que se estimó reservada o secreta y que excedía a las facultades de la exministra. El segundo, relativo a la supuesta supresión de una unidad del Ministerio de Seguridad Pública, fue desestimado por Contraloría, que concluyó que no existía ilegalidad ni alguna situación anormal”, precisó.

A juicio del constitucionalista, el principal reproche jurídico contenido en el dictamen no radica únicamente en “que la información pedida pueda ser reservada. Reside en que esa información sea relevante para la investigación penal. Entonces, estamos en un asunto delicado”.

Asimismo, explicó que el organismo contralor también cuestionó una eventual vulneración del deber de abstención, considerando que Steinert había ejercido previamente como fiscal regional y conocía investigaciones vinculadas a los antecedentes requeridos. “En el fondo está diciendo que aquí se ha cometido una cierta imprudencia al requerir esta información. Y eso es nítido, claro”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el dictamen sirva de fundamento para una acusación constitucional, Zúñiga sostuvo que la decisión corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputadas y Diputados y tiene un componente eminentemente político. No obstante, advirtió que el contenido del pronunciamiento sí podría constituir un respaldo jurídico para una eventual acción de ese tipo.

“Si esto da pie a una acusación constitucional, esas decisiones son de resorte de los diputados de la República. La Constitución prevé este mecanismo y una de las hipótesis es la infracción de la ley. Desde el punto de vista del encuadramiento de esta infracción, el dictamen efectivamente confirma que hay una infracción de ley. Da soporte a una eventual acusación constitucional“, concluyó.