Oposición confirma requerimiento al TC contra megarreforma: constitucionalista advierte vicios tributarios y medioambientales

Tras la reunión del sector, el abogado Tomás Jordán señaló que existen fundamentos para impugnar normas sobre invariabilidad tributaria y compensaciones vinculadas a las RCA, por eventuales infracciones al debido proceso.

Tras la reunión del sector, el abogado Tomás Jordán señaló que existen fundamentos para impugnar normas sobre invariabilidad tributaria y compensaciones vinculadas a las RCA, por eventuales infracciones al debido proceso.

En el marco de la reunión entre presidentes de partidos y jefes de bancada de la oposición para coordinar una estrategia común frente a la megarreforma del Gobierno, el abogado constitucionalista Tomás Jordán entregó los primeros lineamientos del análisis jurídico que sustenta la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

A través de una declaración pública, los presidentes del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Frente Amplio y Partido Comunista confirmaron que recurrirán al TC para que revise el proyecto de Reconstrucción Nacional en materia tributaria y medioambiental.

Tras la reunión, el abogado Tomás Jordán sostuvo que, pese al acuerdo alcanzado entre un grupo de senadores del PPD y el Ejecutivo para reducir parte de la invariabilidad tributaria, persisten vicios de constitucionalidad, tanto en ese capítulo como en las normas vinculadas a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Jordán explicó que el equipo jurídico considera que existen materias que necesariamente deberán ser revisadas por el TC. “Hay ciertos elementos que tienen que ser discutidos jurídicamente y que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si hay o no un vicio, que a nuestro parecer sí lo hay, estrictamente jurídico”, expresó.

Según detalló, uno de los principales cuestionamientos apunta a los estatutos de estabilidad contemplados en la iniciativa, los que, a su juicio, carecen de una justificación suficiente y terminan restringiendo la capacidad de futuras mayorías democráticas para modificar la legislación. “Entre estas normas que establecen ciertos estatutos de estabilidad no justificados, atentando contra el principio democrático“, sostuvo Jordan.

Asimismo, indicó que el análisis también abarca las disposiciones relacionadas con las RCA, particularmente aquellas que contemplan mecanismos de compensación económica para determinadas empresas.

Para el constitucionalista, esas normas podrían vulnerar garantías constitucionales al crear un régimen indemnizatorio especial. “Hay cierta normativa que establece una indemnización, un seguro que atenta contra ciertas normas del debido proceso, que atenta contra la igualdad ante la ley”, señaló.

Presidentes y jefes de bancada de los partidos sentados en una mesa con documentos encima.
Presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición se reúnen con abogados constitucionalistas para abordar constitucionalidad de la megarreforma. Luis Quinteros/Aton Chile.

Consultado por el acuerdo alcanzado entre un grupo de senadores del PPD y el Gobierno para reducir de 25 a 10 años la invariabilidad tributaria para parte de las inversiones, Jordán reconoció que el cambio puede tener un efecto político, pero sostuvo que no modifica el diagnóstico jurídico.

“A nuestro parecer, políticamente puede ser un avance, pero jurídicamente sigue manteniendo ciertos vicios que tienen que ver con el principio democrático y con el tiempo en el cual se establece esta invariabilidad”, indicó.

En esa línea, explicó que el principal reparo dice relación con el principio de proporcionalidad. “No cumpliría con lo que se llama la idea de proporcionalidad, entre el fin buscado y la norma adoptada y, por lo tanto, a nuestro parecer, sigue teniendo cierto vicio el acuerdo logrado“, detalló el abogado.

Finalmente, profundizó en los cuestionamientos relativos a las normas sobre Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), señalando que, preliminarmente, el proyecto establece un régimen privilegiado para un grupo determinado de empresas.





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