Nuevos proyectos de ley en el Congreso Nacional reabrieron el debate sobre cómo enfrentar la problemática de los perros abandonados y asilvestrados en Chile. Las iniciativas buscan entregar herramientas para controlar la población canina, especialmente por ataques a ganado y fauna silvestre, e incluyen mecanismos de control letal que han sido cuestionados por organizaciones y especialistas.

El primero de ellos, tras la refundición de dos boletines, deja sin castigo a quien mate un perro “en defensa del ganado” y tuvo la suma urgencia del Ejecutivo a comienzos de junio, aunque esta fue retirada posteriormente. El segundo, presentado en las últimas semanas, declara a los perros asilvestrados “especie exótica invasora”. Si bien en 2024 se rechazó en la Cámara un proyecto de carácter similar, la nueva ofensiva levantó las armas.

Si bien existe consenso respecto de la necesidad de proteger la biodiversidad y la actividad agropecuaria, las diferencias surgen en torno a la estrategia para conseguirlo. El problema, exponen las expertas, no radica en la falta de legislación, sino en la aplicación incompleta de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Para Mayra Cabezas, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, los proyectos invierten la lógica de la política pública. “En lugar de reforzar las medidas preventivas, proponen administrar las consecuencias eliminando perros“, sostuvo, enfatizando que Chile ya cuenta con un marco legal basado en la esterilización, la identificación, el registro y la educación, cuya implementación aún está lejos de consolidarse.

Paulina Santis, médico veterinaria cirujana de la Red de Atención Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile, compartió el diagnóstico desde una perspectiva sanitaria y epidemiológica.

“La población de perros es bastante dinámica. Si todos los años siguen apareciendo nuevos animales abandonados, por mucho que se esterilicen miles de perros, el problema se va a mantener, porque siguen ingresando una nueva población a las calles”, explicó la experta consultada por nuestro medio.

Ambas coinciden también en cuestionar el control letal como mecanismo para reducir la población canina. Mientras Cabezas sostiene que “matar no controla la población“, Santis afirma que “muchos países, incluido el nuestro, han dejado atrás la eliminación masiva de perros como estrategia de control poblacional”, ya que “la evidencia científica demuestra que esta medida no resuelve el problema de manera sostenida mientras sigan existiendo abandonos y reproducción descontrolada”.

Medidas complementarias

Pese a sus críticas a los proyectos, las especialistas reconocen que el conflicto entre perros y actividad agropecuaria requiere respuestas concretas. La diferencia, sostienen, está en las herramientas utilizadas.

“Compartimos el objetivo. Proteger el ganado y la biodiversidad es legítimo y urgente. Nuestra diferencia es con el método“, afirma Cabezas. A su juicio, “el control poblacional serio consiste en esterilizar y no en matar”.

La abogada explicó que existen alternativas que ya están siendo implementadas en el país. Entre ellas destacó un proyecto impulsado por el Gobierno Regional de O’Higgins junto al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que considera perros protectores de ganado, burras y llamas guardianas, cercos eléctricos solares, monitoreo mediante drones y educación en tenencia responsable.

“Un estudio del propio INIA demuestra que el 97% de los ataques se atribuyen a perros del vecindario y no a perros asilvestrados. Es una prueba de que el origen está en el abandono y la tenencia irresponsable y no en una categoría de perro salvaje”, detalló.

Para Paulina Santis, ese tipo de experiencias se alinean con lo que ha demostrado la evidencia internacional. “Los países que han logrado disminuir de manera sostenida la cantidad de perros de libre deambular lo han hecho con estrategias integrales y mantenidas durante muchos años, combinando educación, identificación, esterilización, fiscalización y una buena coordinación entre las instituciones“, señaló.

Asimismo, advirtió que concentrar la discusión únicamente en los perros que hoy circulan por las calles significa perder de vista el origen del fenómeno.

“Cuando la discusión se centra solamente en los perros que vemos en las calles, se nos olvida que esos animales son consecuencia de decisiones humanas. Detrás de cada perro abandonado hay un problema de tenencia irresponsable, una reproducción no planificada o una fiscalización insuficiente”, afirmó la médico veterinaria.

Contraloría y las deudas en la aplicación de la Ley 21.020

Las conclusiones del segundo Informe Radar de la Contraloría General de la República también generaron preocupación. El organismo detectó problemas en la ejecución de recursos destinados a programas de tenencia responsable, además de municipios que no realizaron las acciones comprometidas o que ni siquiera respondieron sobre el uso de los fondos transferidos.

Para el abogado Felipe Lizama, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, los antecedentes revelados son especialmente graves desde la perspectiva del control de los recursos públicos.

“Lo lógico es que, cuando se entregan fondos públicos, especialmente por los montos que se han indicado, exista un mecanismo correcto, efectivo y verificable del empleo de esos recursos en los fines que previó el legislador. Como se ha podido advertir, esa situación no se ha verificado”, cuestionó consultado por nuestro medio.

A juicio del académico, resulta aún más preocupante que algunos municipios no hayan respondido los requerimientos del organismo fiscalizador. “Parece más grave aún que haya entidades municipales que no le hayan contestado a la Contraloría General, organismo que ejerce el control de legalidad sobre la administración del Estado“, aseguró.

En ese contexto, Lizama consideró que la investigación debe avanzar tanto respecto de las municipalidades como de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. “Lo que corresponde es que estos antecedentes sean esclarecidos tanto por las municipalidades como por los informes finales de auditoría que realice la Contraloría y también acreditar cómo la Subsecretaría de Desarrollo Regional cauteló el cumplimiento de los fines para los cuales fueron entregados estos recursos”, mencionó el experto.

“El propio órgano de control del Estado documenta que la Ley 21.020 no se ha ejecutado ni fiscalizado como corresponde. Esto refuerza nuestro punto: antes de crear una ley que autorice matar, el Estado debería ejecutar lo que la legislación actual ya ordena“, defendió por su parte Mayra Cabezas.

La abogada agregó que “las campañas de esterilización son esporádicas, el Registro Nacional de Mascotas no funciona como una herramienta real y la educación es bastante marginal”, por lo que considera que “no es que la ley sea mala, sino que no se ha tomado en serio como una política de Estado con continuidad y financiamiento”.

Desde la perspectiva sanitaria, Paulina Santis llegó a una conclusión similar. “Una política pública solamente va a funcionar si se logra implementar”, afirmó. En esa línea, sostiene que los antecedentes levantados por Contraloría “significan perder oportunidades bastante valiosas, porque cada año en que no realizamos campañas de esterilización, identificación o educación es un año en que seguirán ocurriendo abandonos y seguirán naciendo animales que probablemente terminarán viviendo en la calle”.

La veterinaria planteó además que uno de los desafíos es mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y evaluar el impacto real de los programas. “Cada iniciativa debe poder demostrar cuántas esterilizaciones realizó, cuántos animales identificó y cuál fue el efecto real de esas acciones. Hoy muchas municipalidades informan actividades, pero eso no necesariamente significa que haya disminuido el abandono”, advirtió.

Incluso, el abogado Felipe Lizama advirtió que las eventuales responsabilidades frente a las irregularidades detectadas por la Contraloría podrían exceder el ámbito administrativo. “Creo preliminarmente que hay un uso indebido de recursos públicos que debería ser investigado, por qué no decirlo, también penalmente“, concluyó el experto.