El trámite de la megarreforma económica y de reconstrucción impulsada por la administración de José Antonio Kast entra en sus horas más decisivas. Este miércoles 15 de julio, la Sala del Senado deberá pronunciarse sobre una iniciativa que en los últimos días se vio marcada por un quiebre de confianzas con la oposición, luego de que el Ejecutivo intentara modificar unilateralmente un punto clave del acuerdo tributario ya pactado.
El conflicto se originó en la Comisión de Hacienda, cuando el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, ingresó una sorpresiva indicación que reducía el impuesto a las empresas a un 22%, alterando el 23% que había sido acordado previamente con los senadores del Partido por la Democracia (PPD) a cambio de su apoyo a la invariabilidad tributaria. Aunque tras la intervención del biministro de Hacienda, Claudio Alvarado, Quiroz dio marcha atrás y retiró la enmienda, el daño político ya estaba hecho: los senadores oficialistas acusaron al Ejecutivo de ocultar cartas y amenazaron con retirar sus votos.
Frente a la inminente votación, el tablero político proyecta un escenario abierto, donde convergen posturas institucionales duras, estrategias de negociación y advertencias legislativas.
La ofensiva del PPD: Rechazo institucional y camino al TC
La controversia escaló rápidamente hacia las cúpulas partidistas. La directiva nacional del PPD respaldó el quiebre de sus senadores, acusó al ministro Quiroz de actuar de mala fe y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el articulado.
El exministro y figura histórica de la colectividad, Francisco Vidal, confirmó en el programa Estado Nacional que la dirección del partido definió por unanimidad rechazar la contrarreforma del Gobierno e ir al TC. Vidal precisó que, si bien la directiva respeta la autonomía legislativa de sus senadores, no comparte la forma ni el fondo de las negociaciones, y calificó como un error político comprometer la invariabilidad tributaria para la gran empresa durante los próximos cinco gobiernos.
En contrapartida, la propia colectividad hizo su propuesta: la bancada de diputados del PPD presentó una propuesta de “invariabilidad normativa”, mecanismo que busca otorgar certeza jurídica para evitar retrocesos en conquistas sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el sueldo mínimo y la gratuidad universitaria.
La Moneda minimiza el impacto: “Fue un malentendido”
Desde el Ejecutivo, la estrategia ha sido encapsular la crisis y trasladar la presión legislativa hacia la urgencia económica del país. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, restó dramatismo al conflicto con los senadores de oposición y catalogó el cambio de tasa impulsado por Hacienda como un simple “malentendido” que ya fue corregido con el retiro de la indicación.
Para La Moneda, la prioridad es que la reactivación de la inversión no se detenga. Mas llamó a la oposición a tener “altura frente a la emergencia laboral”, en referencia a las preocupantes cifras de desempleo que, según el Gobierno, la megarreforma busca revertir. “Si la podemos aprobar por más votos va a ser mejor, pero lo más importante es que se apruebe”, afirmó el secretario de Estado.
Proyecciones para el miércoles: Entre el pragmatismo y los votos clave
El pronóstico para la votación en la Sala del Senado dependerá de cómo se alineen los parlamentarios bisagra. El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, interpretó el giro del ministro Quiroz como una táctica clásica del sector privado —el “tejo pasado”— y proyectó que las aguas volverán a su cauce. Parisi anticipa que el miércoles terminará imponiéndose el diseño original: un 23% de impuesto corporativo más una prima de 1,5% por la invariabilidad a 20 años para proyectos superiores a US$50 millones, fórmula que su bancada ve con buenos ojos.
Sin embargo, los votos que requiere el oficialismo para dotar de legitimidad amplia a la reforma —los 29 sufragios que ha impulsado la presidenta del Senado, Paulina Núñez— no están garantizados. El senador Matías Walker condicionó estrictamente su apoyo, advirtiendo que no respaldará ninguna fórmula de invariabilidad distinta a la acordada originalmente por los senadores del PPD (23% más 1,5% de sobretasa).
Walker introdujo, además, una exigencia adicional para el miércoles: que un 0,5% de esa recaudación extra se destine directamente al Fondo Común Municipal en beneficio de las comunas más vulnerables. “Para que el Gobierno cuente con mi voto, me tienen que garantizar que los recursos en favor de los municipios más pobres se van a mantener y ojalá incrementar”, sentenció el legislador.
Con las posiciones ya demarcadas, el desenlace de la sesión del miércoles no solo medirá la capacidad del Gobierno de Kast para ordenar sus propias filas, sino también la viabilidad de su agenda económica en un Congreso profundamente fragmentado.
