En una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, la ministra María Pía Silva asumió este lunes la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) convirtiéndose en la nueva titular del organismo encargado del control de constitucionalidad de las leyes.

Durante su primer discurso al frente de la magistratura, Silva destacó que su gestión estará marcada por la defensa del carácter estrictamente jurídico del tribunal. “El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico“, aseveró. Además, sostuvo que las decisiones del organismo deben adoptarse “desde razones de orden normativo conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas“.

Silva reemplaza a Daniela Marzi y permanecerá en la presidencia hasta el término de su período como ministra, en julio de 2027. Su nombramiento adquiere especial relevancia porque ejercerá el voto dirimente en un pleno de 10 integrantes que deberá revisar proyectos de alta sensibilidad constitucional, entre ellos la megarreforma del Gobierno, así como futuras iniciativas en materia de seguridad e inmigración.

En su alocución, la nueva presidenta repasó la historia del Tribunal Constitucional y señaló que, a más de 55 años de su creación, la institución “se ha ido consolidando como un órgano de la máxima jerarquía“, encargado de resolver controversias sobre la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos y de garantizar la supremacía de la Constitución, contribuyendo además a la consolidación del Estado de Derecho y del régimen democrático.

La ministra también abordó el complejo escenario que enfrentó la institución en los últimos años y sostuvo que, tras diversas reformas internas, hoy el organismo atraviesa un momento de estabilidad.

“El Tribunal Constitucional se halla actualmente en una situación sólida y funcionando regularmente“, afirmó. Así, puso en valor el trabajo realizado por las expresidentas Nancy Yáñez y Daniela Marzi, a quienes atribuyó un rol clave en la recomposición del clima interno, la modernización administrativa y el fortalecimiento institucional del tribunal.

En esa línea, Silva anunció que uno de los principales ejes de su presidencia será avanzar hacia un modelo de “justicia abierta“, con un mayor acercamiento a la ciudadanía. Según explicó, el Tribunal Constitucional no solo debe interpretar y aplicar la Carta Fundamental, sino también mantener un vínculo permanente con la comunidad.

“Debemos recordar que el Tribunal Constitucional sirve a la Constitución y al ideal democrático“, señaló. En esa línea, indicó que ello supone “no solo interpretar y aplicar las normas constitucionales, sino también escuchar e interactuar con la comunidad nacional“, en busca de que la ciudadanía tenga una percepción más cercana del trabajo que desarrolla la magistratura.

Para cumplir ese objetivo, anunció una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso a la información, entre ellas el perfeccionamiento del buscador de jurisprudencia, una mayor difusión de las sentencias relevantes, el fortalecimiento de los espacios de educación cívica, una presencia más activa en regiones y un mayor vínculo con la academia y los organismos públicos.

Otro de los énfasis planteados por la nueva presidenta es el reforzamiento del trabajo doctrinario del Tribunal Constitucional mediante el fortalecimiento de la Dirección de Estudios e Investigación, promoviendo un análisis más profundo del derecho constitucional y una jurisprudencia coherente con los principios de la Carta Fundamental.

En ese contexto, Silva defendió el rol que cumple el tribunal dentro del sistema democrático y sostuvo que el control de constitucionalidad no constituye una limitación a la voluntad popular.

“El control de constitucionalidad no se opone al principio democrático, sino que lo complementa y garantiza“, afirmó, y explicó que la labor del Tribunal Constitucional consiste en aplicar las reglas, principios y valores constitucionales para actuar como “supremo intérprete de la Carta Fundamental” mediante una jurisprudencia sólida y consistente.

Al finalizar su discurso, la magistrada comprometió su trabajo para fortalecer el resguardo de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática: “Pondré todo mi esfuerzo para contribuir a que este tribunal siga siendo un pilar fundamental en el resguardo del pleno respeto de los derechos fundamentales y la vigencia de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho“.