Autonomía, gobernanza, presupuesto, composición del Consejo y legitimidad. Esos son algunos de los ejes que vuelven a instalarse en el debate luego de que el Gobierno confirmara que se encuentra trabajando en los últimos detalles de un anteproyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Aunque la iniciativa aún no tiene fecha de ingreso al Congreso, el anuncio abrió una discusión que trasciende el diseño institucional y que vuelve a poner sobre la mesa el papel que cumple el organismo en la democracia chilena. Discusión que, sin embargo, no es nueva.

Durante los últimos años, el INDH ha estado en el centro de controversias políticas, enfrentando críticas desde distintos sectores respecto de su rol, atribuciones y desempeño. Por eso, quienes forman parte actualmente de la institución afirman que el correcto debate puede transformarse en una oportunidad para fortalecerla.

Consultado sobre algunos de los puntos clave en torno a una revisión de su institucionalidad, el cientista político y consejero del INDH, Cristián Pertuzé, sostuvo que toda reforma debe partir por resguardar la autonomía del organismo. “Uno de los requisitos fundamentales que tiene que tener el órgano es la autonomía para su gestión, dado que además es un ente fiscalizador de la gestión del propio Estado. Y, entonces, la autonomía es un aspecto fundamental que se debe mantener dentro de lo que es la ley”, expresó el especialista.

Junto con ello, planteó que existe espacio para revisar aspectos relacionados con la gobernanza, el funcionamiento interno y la estructura institucional. “Hay que profundizar en toda la orgánica, la gobernanza, el funcionamiento del instituto, lo que tiene que ver, además, con su presupuesto. Cómo hacemos este instituto y cómo lo fortalecemos en términos de las funciones que tiene”, planteó Pertuzé.

Una visión similar expresó la abogada y también consejera del INDH, Constanza Valdés, quien identificó el fortalecimiento de su autonomía en materia presupuestaria y de funcionamiento como una de las principales tareas de cara a una reforma.

Según explicó, la permanente discusión presupuestaria que enfrenta la institución también puede afectar su independencia frente a los organismos que debe supervisar. “Esa discusión, de alguna manera, merma la autonomía del instituto en relación con las decisiones que se toman y los pronunciamientos que tiene hacia los distintos órganos del Estado”, manifestó la abogada.

Por otro lado, recalcó que una eventual reforma debiera recoger parte de las recomendaciones elaboradas por instancias que han estudiado el funcionamiento del organismo en los últimos años.

Entre ellas, cambios en la composición del Consejo, la creación de una subdirección administrativa y el fortalecimiento de las facultades judiciales del instituto. “Los principales ejes de una reforma de fortalecimiento, si se quisiera hacer de manera seria, tienen que ver con el mandato, la autonomía presupuestaria y justamente con su función”, ejemplificó Valdés.

Pertuzé, por su parte, sostuvo que también sería necesario fortalecer la presencia regional del organismo. “Hay un trabajo muy importante en regiones y eso se ha ido dando con el tiempo. Hoy sí tenemos representación, pero hay que dejarlo bien plasmado”, compartió. Asimismo, planteó que materias como la transparencia, la participación ciudadana y los mecanismos de selección de autoridades podrían quedar mejor definidos en la legislación.

Uno de los puntos en que ambos consejeros coincidieron fue en la necesidad de despejar confusiones sobre las funciones que cumple el INDH. De hecho, y para Valdés, parte importante de las críticas que recibe la institución proviene de una comprensión equivocada de su mandato.

“El instituto no es un Ministerio Público. No le corresponde dirigir ningún tipo de investigación. Su labor tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, ya sea por acción u omisión del Estado”, enfatizó la abogada.

En esa línea, advirtió que muchas veces se espera que el organismo actúe como una fiscalía o como una defensoría general de víctimas, en funciones que por definición corresponden a otras instituciones. “Por ejemplo, en los delitos cometidos entre particulares, donde no existe una omisión imputable al Estado desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos, el instituto no puede entrometerse”, aclaró.

La consejera también cuestionó las críticas que reducen el trabajo del organismo a su actuación en casos relacionados con agentes estatales. “Cuando quien tiene el monopolio del uso de la fuerza —Carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera— la usa de manera desproporcionada o ilegal, evidentemente se tiene que actuar”, expresó, y recordó que el trabajo del instituto se extiende a diversas áreas y territorios.

“En general, su trabajo es mucho más amplio, a lo largo de las dieciséis regiones, con sus sedes regionales. Y también ha habido casos donde se litiga en contra de empresas, particularmente pensando en conflictos medioambientales o en las zonas de sacrificio“, ejemplificó Valdés.

Legitimidad y confianza ciudadana

La eventual reforma también aparece como una oportunidad para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta el organismo, y que tiene que ver con su legitimidad pública.

En ese contexto, Pertuzé señaló que una discusión amplia podría contribuir a fortalecer la confianza ciudadana. “Un debate amplio, pensando en fortalecer la sociedad y la institucionalidad, puede ayudar a tener una institución que efectivamente no sea vista de mala manera por ninguno de los sectores, sino que se sienta que es una institucionalidad que sirve al país”, expresó el cientista político.

E incluso planteó que el INDH debiera alcanzar un nivel de reconocimiento similar al de otros organismos autónomos: “El instituto debería ser una institución parecida a la Contraloría o al Consejo para la Transparencia, órganos autónomos que cumplen funciones importantes”.

A su juicio, parte de las críticas se explican por el desconocimiento de las tareas que realiza la institución. “Muchas veces, eso es lo que lleva a las animadversiones que se generan en torno a su figura”, manifestó Pertuzé, asegurando que el INDH “no solamente se debe preocupar de proteger los derechos humanos, sino también de promoverlos“.

Valdés comparte ese diagnóstico, aunque advirtió que el debate podría verse afectado por prejuicios ideológicos y las tensiones que actualmente existen entre oficialismo y oposición en el Congreso. “Discusiones en torno a que es un nido lleno de comunistas, que está cooptado por una visión, me parece que solamente van a entorpecer el debate sobre la institución”, expresó la abogada.

En tanto, y pese a que el Ejecutivo aún no revela el contenido del anteproyecto ni ha fijado plazos para su presentación, ambos consejeros coinciden en que el proceso debiera sustentarse en evidencia y orientarse al fortalecimiento institucional. “Esperaría que la discusión se base exclusivamente en datos, en evidencia empírica y comparada”, señaló Valdés.

El debate, sin embargo, ya comenzó a proyectarse hacia el Congreso. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, valoró que el Ejecutivo decidiera avanzar en una reforma y recordó que desde su sector ya existe una propuesta legislativa para modificar el funcionamiento del organismo.

Según señaló, el proyecto busca cambiar “su estructura, su integración y los delitos que debe perseguir”, argumentando que el sesgo y la pérdida de legitimidad han marcado el desempeño del INDH durante los últimos años, especialmente tras el estallido social. A su juicio, si el instituto cuenta con autonomía y financiamiento público, también debe ser representativo “de las distintas sensibilidades que existen en el país, porque los derechos humanos no pertenecen a un solo sector de la población”.

En tanto, algunos parlamentarios de oposición han advertido de la importancia de que la discusión en torno a la reforma no se transforme en una desarticulación de la institucionalidad de derechos humanos. “Una cosa es impulsar una modernización seria y otra, súper distinta, es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ellos, así que esperamos que haya la disposición para hacer los cambios sustantivos con el apoyo del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos”, expresó, por ejemplo, la senadora del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de DDHH, Loreto Carvajal,en conversación con Radio Bío-Bío.

Así, en medio de la espera de que el Ministerio de Justicia revele el contenido del anteproyecto, el debate ya comienza a delinear sus principales ejes: cómo fortalecer la autonomía del instituto, modernizar su funcionamiento y recuperar la confianza ciudadana sin alterar el mandato que le asignan los estándares internacionales en materia de derechos humanos.