Todos sabemos el largo y dificultoso camino para haber llegado a erigir en Chile una institucionalidad en derechos humanos. Esta suma de organismos y políticas no solo nos recuerda el periodo más dramático de brutal ruptura institucional, sino que señala en tiempo presente y futuro que ésta es una tarea que trasciende a gobiernos y que debe tener un propósito universal. Su razón de ser no es representar mayorías ni acompañar el clima de una determinada contingencia, sino recordar que existen límites que ningún poder estatal deber traspasar. Por eso, cuando se abre el debate sobre una eventual reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la primera pregunta debería ser cuál es su propósito. Porque las instituciones se modifican para responder mejor a la realidad y a su mandato, pero también pueden reformarse para ser debilitadas y desmanteladas. Es importante la distinción.
No hay institución perfecta. El funcionamiento del INDH ha recibido críticas atendibles desde distintos sectores. Es legítimo discutir su gobernanza, sus mecanismos de nombramiento o el fortalecimiento de sus capacidades técnicas. De hecho, los principios de París de Naciones Unidas establecen el estándar internacional para que las instituciones nacionales de derechos humanos sean independientes, creíbles y eficaces. Reformar puede ser una forma de fortalecer. Lo que no puede ocurrir es que, bajo el lenguaje de la modernización, se termine debilitando aquello que justifica su existencia: su autonomía para fiscalizar al Estado y proteger los derechos de todas las personas, especialmente cuando hacerlo resulta incómodo.
Es útil apreciar que, en distintas democracias, los primeros cuestionamientos a estas instituciones rara vez comenzaron con un rechazo frontal a los derechos humanos. Comenzaron, más bien, poniendo en duda su utilidad, relativizando su legitimidad o presentándolas como un obstáculo para la eficacia del Estado. Pero este tipo de instituciones no deben medirse por la voluntad circunstancial de las mayorías, sino por su función de establecer contrapesos al ejercicio de un poder que necesariamente debe tener límites.
Si el Gobierno ha manifestado su disposición a estudiar y presentar una propuesta de reforma, ese debate ofrece una oportunidad. No para transformar al Instituto en un actor más de la refriega política, como tristemente ha ocurrido con anterioridad, sino para consolidarlo como una institución más sólida y, sobre todo, más independiente. Los derechos humanos, como se ha señalado reiteradamente, no pertenecen a un sector político, sino que constituyen los cimientos de la democracia. Por ello, a la hora de discutir cómo reformar instituciones como el INDH, el criterio invariable debería ser que al terminar el proceso exista una institucionalidad más robusta que la anterior, nunca una más frágil.
