Una investigación de los corresponsales Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev publicada por The New York Times el 11 de julio, revelaría el nivel de influencia que Estados Unidos, especialmente el secretario de Estado Marco Rubio, ejerce sobre Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro.

En el reportaje, Rubio aparece descrito por funcionarios estadounidenses como el “virrey” del país, interviniendo en las decisiones más importantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Lo descrito permite observar el plan hemisférico que el presidente estadounidense, Donald Trump, y Rubio buscan proyectar sobre América Latina, el regreso la “Doctrina Monroe”, conocida ahora como “Donroe”, y cómo esa estructura podría permanecer incluso después de que ambos abandonen el poder.

Rubio el “virrey” de Venezuela

Porque más allá de que cada una de las revelaciones sea completamente exacta, o de que Rubio actúe literalmente como un “virrey”, el punto central es más amplio y constituye un hecho consumado. Venezuela conservó formalmente un gobierno propio, con autoridades nacionales, instituciones públicas y símbolos de soberanía. Sin embargo, las decisiones estratégicas ya no se toman completamente en Caracas. El país mantiene su administración cotidiana, pero opera bajo condiciones definidas desde Washington.

Según el relato del Times, Rubio llamó a Delcy Rodríguez pocas horas después de la captura de Maduro y le planteó dos alternativas: colaborar con Estados Unidos o enfrentar una ofensiva de mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los principales dirigentes del país. Rodríguez aceptó trabajar con Washington, mientras Trump declaró públicamente que su administración “dirigiría el país” hasta conseguir una transición segura.

En términos formales, Venezuela continúa siendo un Estado soberano. En la práctica, esa soberanía quedó limitada en áreas como la seguridad, la política exterior, la economía y la administración de sus recursos naturales, sobre las cuál sería Rubio el encargado de decidir.

El plan de tres fases presentado por Rubio ante el Congreso estadounidense ayuda a comprender esta lógica. La primera etapa busca estabilizar el país y evitar un colapso político o social. La segunda pretende reconstruir la economía, reformar sus normas y abrir el mercado venezolano a las empresas estadounidenses y occidentales. Sólo la tercera fase contempla una transición política y la celebración de elecciones libres.

Sin embargo, el doble terremoto que golpeó a Venezuela complicó los plazos y obligó a Washington a fortalecer el gobierno interino, haciendo todavía más evidente su dependencia económica y política.

Pero más allá de esas dificultades, el orden de las fases resulta revelador. La democratización deja de ser el punto de partida y el argumento central que justifica la operación. Un cambio respecto del argumento histórico utilizado por Washington para intervenir en otros países.

Rubio resumió esta posición al afirmar que Washington no quiere esperar demasiado para avanzar hacia una transición, pero tampoco desea “correr” y arriesgar que todo vuelva a desmoronarse.

La subordinación: el experimento venezolano

Delcy Rodríguez resulta funcional a esta estrategia porque puede ejecutar el proceso sin desmontar por completo el poder existente. Su gobierno removió a figuras centrales del chavismo, entregó a Alex Saab a Estados Unidos, destituyó al general Vladimir Padrino López y renovó parte importante del gabinete y del alto mando militar. También desplazó a funcionarios vinculados directamente con Maduro y redujo progresivamente la presencia del expresidente en la comunicación oficial.

Incluso la política exterior venezolana quedó sometida a vigilancia. Caracas conserva así la administración cotidiana del Estado, pero actúa dentro de límites impuestos desde fuera. La continuidad institucional evita el vacío de poder, mientras la subordinación garantiza el cumplimiento de las nuevas prioridades.

El petróleo constituye el núcleo material y principal de esta relación. Según la investigación de Pager y Kurmanaev, los ingresos generados por gran parte de las exportaciones venezolanas serían depositados en cuentas administradas desde Estados Unidos y posteriormente distribuidos bajo condiciones establecidas por Washington. Una parte de esos recursos serviría para pagar deudas con compañías petroleras estadounidenses antes de que el dinero restante regrese al Estado venezolano.

Al mismo tiempo, Chevron ampliaría su producción, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips negocian su retorno bajo mayores garantías jurídicas, fiscales y contractuales. Venezuela conserva formalmente la propiedad de sus reservas, pero pierde capacidad para decidir cómo producir, vender, invertir y utilizar sus propios ingresos. El control ya no depende solamente de sanciones externas. Se incorpora directamente a la administración financiera, comercial y regulatoria de la industria petrolera.

Por eso Venezuela puede entenderse como un laboratorio y no simplemente como una excepción. El modelo evita los costos políticos y militares de una ocupación abierta. Estados Unidos no necesita reemplazar completamente al gobierno venezolano ni asumir toda la responsabilidad por el deterioro económico y social. Le basta con conservar una autoridad local capaz de controlar el territorio, disciplinar a las élites, garantizar la continuidad institucional y aplicar las reformas exigidas desde Washington.

A cambio, Estados Unidos obtiene acceso privilegiado a los recursos venezolanos, influencia sobre su aparato de seguridad y capacidad para excluir principalmente a China. Se trata de una fórmula de subordinación indirecta, más flexible que una ocupación tradicional y posiblemente más fácil de reproducir en otros países. El gobierno nacional permanece, pero las grandes decisiones se adoptan dentro de un marco definido por la potencia externa.

Un modelo exportable: la excusa de la seguridad y el combate al narcoterrorismo

La llamada Shield of the Americas, o Escudo de las Américas, entrega una arquitectura regional para avanzar en esa dirección. Bajo la lucha contra los carteles y las organizaciones designadas como terroristas, Estados Unidos puede profundizar sus relaciones con policías, Fuerzas Armadas, fiscalías, servicios de inteligencia y sistemas financieros latinoamericanos. El narcotráfico funciona como punto de entrada, porque responde a un problema real y urgente para la región, pero el alcance de la iniciativa es mucho mayor.

La referencia a las llamadas “influencias extranjeras malignas” extiende el objetivo hacia la presencia económica, tecnológica, diplomática o militar de China o Rusia. La seguridad comienza así a condicionar otras dimensiones de la relación con Estados Unidos. Los gobiernos deben adaptar sus alianzas, sus regulaciones y su política exterior a las prioridades estratégicas de Washington.

El riesgo aumenta cuando esta lógica se combina con la ofensiva impulsada por Rubio contra el supuesto “terrorismo transnacional de extrema izquierda”. En una región donde las fronteras entre protesta social, oposición política, movimientos territoriales, insurgencia y crimen organizado han sido utilizadas históricamente de manera interesada, una definición demasiado amplia puede entregar a algunos gobiernos nuevas herramientas para perseguir adversarios internos.

También existe el riesgo de que los propios gobiernos latinoamericanos adopten ese lenguaje para obtener inteligencia, financiamiento, equipamiento y legitimidad internacional. De esta manera, la cooperación en seguridad es una pantalla de humo frente al crimen organizado. Una excusa con la cual entrar, limitar disidencias políticas y reducir la influencia China.

Asumir que esta estrategia desaparecerá automáticamente cuando termine el gobierno de Trump sería un error. La retórica más agresiva, las amenazas públicas y la dimensión personalista pueden cambiar. Sin embargo, los acuerdos militares, las redes de inteligencia, las inversiones petroleras, los mecanismos financieros y las nuevas dependencias institucionales pueden sobrevivir durante muchos años.

El Plan Colombia comenzó durante el gobierno demócrata de Bill Clinton, se profundizó bajo George W. Bush y continuó durante la presidencia de Barack Obama. Algo similar ocurrió con los aranceles impuestos por Trump contra China, que Joe Biden decidió conservar e incluso ampliar en sectores estratégicos.

El departamento de Estado estadounidense es la cuna y se mueve bajo la lógica del realismo político en las relaciones internacionales, abandonar una estructura que entrega un poder efectivo, es algo que difícilmente otra administración, por muy contraria a Trump, esté dispuesta a dejar ir.