Una investigación de la Fundación Terram reveló una serie de infracciones de la industria salmonera que se arrastran desde 2013 sin sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente. Del total de 435.546 toneladas producidas al margen de la ley, 203 mil corresponden a Aquachile, la mayor salmonera del país, empresa que, según un exasesor del senador Miguel Ángel Calisto, habría financiado su campaña mediante asesorías fantasmas en 2021.
El estudio, realizado por el investigador de Terram, Maximiliano Bazán, identificó que 48 centros salmoneros pertenecientes a 12 empresas matrices habrían eludido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante 164 ciclos productivos. Las infracciones, cometidas entre 2013 y 2023, permitieron una producción de 435.546 toneladas por sobre lo autorizado, cifra que equivale a USD 4.263 millones en ventas, considerando el precio de venta promedio del salmón en EEUU durante 2025 (US 9,8/kg), según un informe de Aquabench. Esa producción representa el 46% del promedio anual producido por toda la industria salmonera en Chile en ese mismo periodo, que fue de 941.703 toneladas de esta especie exótica destinada a la exportación.
El proyecto de ley denominado por el Gobierno como Ley de Reconstrucción Nacional (boletín N°18.216-05) contiene una serie de medidas que modifican aspectos relevantes de la regulación ambiental en favor de la industria salmonera. Entre ellas, elimina la obligación de someter a evaluación ambiental la relocalización de centros de cultivo y crea la figura de la “microrelocalización”, que permite traslados de hasta 350 metros sin ingresar al SEIA.
Al respecto, Bazán manifestó que “aunque la redacción específica aún se encuentra en discusión al momento de publicarse esta investigación, el objetivo declarado por el gobierno representa una clara flexibilización de la regulación ambiental y acuícola, poniendo en riesgo aquellos ecosistemas donde esta actividad de escala industrial busque trasladarse sin siquiera evaluar sus efectos, como lo señala la regulación vigente”.
Tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, el panorama es más ajustado en el Senado, tal como se reflejó en la aprobación de la idea de legislar el pasado 24 de junio, con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención del senador Pedro Araya (PPD), de la coalición opositora. En ese resultado, el senador Miguel Ángel Calisto jugó un rol clave: aunque en el papel salió electo con un cupo del Partido Regionalista Verde Social (PRVS), nominalmente parte de la oposición, fue su voto el que dio la mayoría al Gobierno, mayoría que podría repetirse cuando el proyecto vuelva a la sala del Senado para su aprobación en particular.
Roland Cárcamo, ex jefe de campaña del actual senador, declaró ante la Fiscalía que Aquachile -propiedad del grupo Vial Concha, que controla Agrosuper- financió a Calisto durante su reelección para diputado en 2021 a través del pago de asesorías que nunca se prestaron, por parte de una consultora propiedad de Cárcamo que habría sido utilizada como fachada para intermediar dineros que terminaban en manos del hoy senador, según informó el medio Fastcheck.
Por efecto de esta investigación por fraude al fisco, Calisto ya había sido desaforado en 2025 mientras era diputado -con votos en contra de los ministros Matus y Simpertigue-, pero zafó luego de ser electo senador, recuperando así su fuero parlamentario.
Con la aprobación del proyecto durante esta semana en la sala del Senado. El senador no se inhabilitó y volvió a tener un rol decisivo en una reforma que incorpora modificaciones tributarias, laborales y ambientales, incluyendo medidas favorables para la industria salmonera.
