La jefa de bancada del Frente Amplio (FA), la diputada Gael Yeomans, ofició a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de los millonarios pagos recibidos por el círculo de asesores del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por altos directivos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). La controversia radica en que dichos incrementos salariales se justificaron por el cumplimiento de metas de gestión correspondientes a la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando las actuales autoridades aún no asumían sus cargos.

En su requerimiento, la parlamentaria argumentó que “según señalan los antecedentes, estos bonos o asignaciones que se entregaron provienen de trabajos realizados en el periodo anterior, no en el gobierno de José Antonio Kast“. En esa línea, Yeomans cuestionó la naturaleza del beneficio: “Las metas son institucionales, pero los beneficios por cumplirlas deben ser personales. Y por tanto, resulta necesario esclarecer si corresponde que funcionarios o asesores perciban bonos asociados a metas cuyo cumplimiento fue ejecutado por otras personas”.

Asimismo, la legisladora catalogó como “impresentable” que se registren estos incrementos remuneracionales “en un contexto de estrechez fiscal que el mismo gobierno plantea” y exigió que Contraloría informe si procede adoptar medidas administrativas ante eventuales irregularidades.

La ofensiva fiscalizadora surgió a raíz de un reportaje publicado por la unidad de investigación de Radio Biobío, medio que reveló de forma exclusiva el detalle de las sumas de dinero y la identidad de los personeros beneficiados. Según consignó el artículo de la emisora, los involucrados obtuvieron el pago amparados en la Ley 19.553 (asignación de modernización) y la Ley 19.041 (incentivo por recaudación de impuestos).

De acuerdo con los datos expuestos explícitamente por Biobío, los mayores montos en la Dipres fueron percibidos por el subdirector Claudio Martínez ($11,4 millones) y Hugo Bórquez ($10,4 millones). El medio también detalló el caso de autoridades que ingresaron directamente bajo la actual administración, como el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá Vial, quien a su sueldo de $7,9 millones sumó un bono de $9,6 millones; y el de jefaturas como Sonia Adriasola Ovando y Patricio Osses Bravo, quienes, según la radioemisora, pasaron de ganar $7 millones en mayo a $15,9 millones en junio.

El artículo de BioBio, además transparentó las cifras del entorno directo del ministro Quiroz: su jefe de Gabinete, Rudy Canales Zemljic, habría obtenido una gratificación de $6,3 millones, mientras que Tomás Bunster Bustamante —actual coordinador de Regulación Económica— habría recibido cerca de $6,9 millones adicionales.

Frente a la controversia y a la revelación de Biobío, el Ministerio de Hacienda emitió una respuesta institucional en la que, sin referirse ni ratificar los montos individuales detallados por la prensa, defendió la legalidad general del mecanismo utilizado.

Desde el ministerio explicaron que estos ingresos “responden a una estructura de pago variable de los profesionales a contrata o planta en las distintas reparticiones públicas” y subrayaron que “no corresponden en la práctica a bonos”.

La cartera argumentó que las remuneraciones pagadas a fines de cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) agrupan remuneraciones variables y de fiscalización que, aunque se entregan de forma trimestral o semestral, se devengan mensualmente. “Dado que en junio el pago contempla asignaciones especiales, las remuneraciones mensuales se ven elevadas”, justificó el Ministerio, asegurando que todos los profesionales perciben ingresos coherentes con sus funciones y dentro de los estándares fijados por el actual Gobierno.