“Ejemplifica la injusticia espacial en Chile. Pasó de ser una respuesta a la crisis habitacional a convertirse en un espacio atravesado por conflictos ambientales, los efectos nocivos de la mercantilización de la vivienda, la estigmatización territorial y la criminalización de la migración indocumentada”.

Ésta es una de las reflexiones del reciente libro “Cerro Chuño. Experiencias de despojo y reparación”. Dividido en once capítulos, la publicación- afirmaron sus autores y autoras- “nace del encuentro entre muchas voces”.

“Son, principalmente, las personas que habitan o habitaron Cerro Chuño (Arica). Pobladores y pobladoras, habitantes migrantes y no migrantes, también el grupo de investigación que en diferentes etapas ha estado haciendo trabajo de terreno etnográfico y de arqueología histórica contemporánea” explica Paola Díaz, antropóloga de la Universidad de Chile y a cargo de la Dirección del equipo editorial.

En este territorio, según evidenciaron en el libro, “estratos de pobreza y toxicidad han producido vidas que no cuentan: el actuar histórico del Estado y las empresas privadas ha enviado el mensaje de que fueron y son enteramente descartables”.

Ese “desprecio se materializó en una serie de desalojos entre 2024 y 2025 que, junto con la destrucción de viviendas y pertenencias, arrojaron a cientos de familias extranjeras a la calle”.

“Las capas de violencia y desigualdad que se van acumulando, es una metáfora que ocupamos con Fernando Castro-Aguilera” describe Paola Díaz, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá. El es antropólogo con mención en arqueología por la UTA y parte de los autores del texto.

Según los investigadores, una primera “capa” donde se reconocen pobladores ariqueños en una situación de vulnerabilidad. “Personas que fueron contaminadas, no tuvieron acceso a una justicia, a una verdad plena y a una reparación” lamenta Díaz.

“Pero luego vienen otras capas de violencia, según nuestra etnografía, que tiene que ver también con la exposición diferencial a este daño ambiental con las poblaciones más nuevas que van viviendo ahí luego que es erradicado el lugar” agrega. Posterior a 2027, “van estableciéndose tomas con personas chilenas y extranjeras de múltiples  nacionalidades que están expuestas a muchas formas de violencia: racismo y xenofobia”.

También describen una discriminación y estigmatización “vehiculada por el discurso político y los medios mainstream (grandes empresas de noticias)”.

Historias de mujeres

“Pero con el paso de los tiempos que llegamos viviendo, sí uno se afecta con los malestares, todo debido a la contaminación de los polimetales, pero nosotros no sabíamos” (Erica, diciembre 2025) Capítulo Polimetales. Andrés Gallardo. 

“Lo que nos obligó a salir de nuestro país (Venezuela) fue pues la necesidad, las carencias que se viven día a día en nuestro país…Lo más maluco que uno puede vivir en este mundo es ver a tus hijos pasar hambre” (Juana, octubre 2024)

Las páginas son dedicadas a todas y todas que participaron, desde Arica, en el proyecto Fondecyt que motiva este libro (de Iniciación 11230541 El valor de la vida en las fronteras).

Los capítulos “se estructuraron por las experiencias, las ganas y la motivación” de cada integrante del equipo y al recoger diversos testimonios “restituimos la travesía migratoria”,  afirma Díaz, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris.

El equipo de investigación empezó a trabajar en septiembre de 2024 en Cerro Chuño y siguen hasta hoy. Se encontraron con historias de mujeres venezolanas y madres de familia. En 2017, dejan su país “cuando hay una crisis grande y todas mencionan el hambre como la razón de su salida”.

“Elegimos cinco relatos que podían ejemplificar, ilustrar y mostrar ciertas partes de la vida cotidiana de mujeres que son las que estuvieron más abiertas a conversar” recuerda la académica.

En el libro “Cerro Chuño. Experiencias de despojo y reparación” también se identifican varios elementos audiovisuales. “La gente pedía que hiciéramos todo lo posible para registrar lo que estaba pasando con el segundo desalojo, ante la impotencia porque pierde lo poco que tiene” cuenta Castro-Aguilera.

Además, incluyen dibujos por lo que van combinando distintas técnicas. “Una manera de mostrar lo que está pasando en Cerro Chuño, no usar un lenguaje complejo. Desde una perspectiva científica, pero tratando de acercar esta problemática a la comunidad y hacer frente a los discursos violentos” reflexiona el licenciado en filosofía de la Universidad de Chile.

“El discurso securitario”

Hace casi un mes, la Contraloría General de la República tomó razón para iniciar el proceso de desalojo y demolición en Cerro Chuño. La semana pasada, el Gobierno inició la notificación a los habitantes de más de 200 viviendas y las autoridades afirman que la medida marca la primera etapa del plan de recuperación urbana.

El Delegado Presidencial Regional, Cristian Sayes, informa que el operativo será interinstitucional y el estado dispondrá albergues transitorios y traslado de residuos a recintos autorizados. Por su parte, la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, afirma que la intervención busca “recuperar el control del territorio, proteger la salud y devolver la seguridad a las familias”. Para esta fase se aprobaron $3.292 millones por el CORE.

Sobre este nuevo proceso, Paola Díaz relata que se informaron por la prensa y lo que comentan los habitantes. Los vecinos de otras villas dicen que este sector está habitado, principalmente, por chilenos y chilenas y algunos extranjeros. “El desalojo de Cerro Chuño es un acto altamente simbólico y político” reflexiona la académica.

“Evidentemente, es el discurso securitario cuyo chivo expiatorio es el migrante. Antes era el colombiano y ahora es el venezolano. Para nosotros, que hemos sido testigos de otros desalojos , éste ha tenido más discusión. Los previos nos pillaron por sorpresa y fueron desalojos de sectores de material ligero ahora es de casas sólidas” cuenta.

Es un proceso distinto porque se hace más publicidad.  ¿Por qué se destinan $3.200 millones a esta intervención desde la región? Ante esto, “hay una discusión álgida porque es una región, según los ariqueños, que ha estado abandonada y por los $64 millones desde el municipio para albergar a personas en un hotel. Se barajaron muchas otras posibilidades que la prensa divulgó y que no llegaron a buen puerto por diferentes razones” menciona la antropóloga.

Y quedan interrogantes: ¿Qué pasa con la protección a las personas por los polimetales? ¿Qué pasará con el presupuesto que se necesita para las próximas etapas? ¿Qué va a pasar con la población migrante irregularizada?. “Hay total incertidumbre” lamenta Díaz.

Es importante -concluye-“rescatar el aporte de la migración”. Y sobre la seguridad pública, llama a  hacer un seguimiento a las organizaciones criminales desde la perspectiva financiera.

Fernando Castro-Aguilera, estudiante de Doctorado en Antropología , plantea una mirada más amplia para abordar el futuro de este territorio y de la región.

“Nosotros tampoco sabemos cuanta es la  cantidad exacta de gente que hay en Cerro Chuño. Entonces, ¿ qué queda? La calle o la idea de deportar. No hay una solución simple y rápida a esto. Es algo que debería involucrar al Estado, la comunidad y a la ciudadanía de Arica” explica.

Advierte que estas acciones “afectan el tejido urbano de la ciudad” y,  de una u otra manera, tienen que empezar “a buscar la colaboración de todos los estamentos y protagonistas de esta historia”.

“Para ir sacando, de una vez por todas, estos discursos violentos contra la población migrante y Cerro Chuño” propone luego de su experiencia en el lugar.

Este 14 de julio, la Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado en representación de habitantes de las villas Amanecer y Los Laureles de la población Cerro Chuño que se oponen al inminente desalojo ordenado por la autoridad regional.

Se acogió a trámite la acción constitucional en contra de la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y Carabineros, pero rechazó la orden de no innovar solicitada por la parte recurrente.

Sayes responde al fallo: “Tenemos ocho días para responder este recurso” por lo que el proceso “sigue en las mismas condiciones”. El delegado regional reitera que “la gente tiene que evacuar, tiene que salir de esas casas, no son sus casas, son casas del SERVIU que están en terreno contaminado”.

Imagen de portada. Paola Díaz.