Una vicuña corre por el altiplano huyendo de la sed y se encuentra con una zanja: no un proyecto en el papel, sino una obra ya en construcción desde marzo, con cerca de un 20% de avance —doce de los sesenta kilómetros proyectados—, cavada con maquinaria pesada del Ejército apenas días después de un cambio de gobierno. Si salta, puede lograrlo; si no, puede quedar atrapada o ahogarse. Lo mismo para el puma, el suri y la taruca, ciervo andino en peligro de extinción: especies que cruzan ese territorio hace milenios y hoy se topan con una frontera que no fue diseñada para ellas, pero que igual las condena.

Esa escena no está aislada. Se repite, de distintas formas, desde los primeros meses del actual gobierno: cuando la naturaleza no produce ni vota, suele ser la primera en pagar el costo de cualquier promesa de campaña, sea cual sea el color político de quien gobierne. No es que no haya habido avances: la institucionalidad ambiental chilena se ha construido, con aportes de gobiernos de todos los colores, durante más de tres décadas. Pero ese avance ha sido siempre el que cabe dentro de lo que no incomoda al crecimiento; en el momento exacto en que la protección animal exige un costo económico real, no conozco todavía un gobierno chileno —de ningún signo— que la haya antepuesto.

Apenas asumido, el nuevo gobierno retiró de la Contraloría 43 decretos ambientales que la administración anterior había dejado en trámite: normas de emisión, planes de descontaminación y protección de especies —la ranita de Darwin, el pingüino de Humboldt—, junto con nuevas áreas protegidas. A poco más de cien días, un informe de la Fundación Chile Sustentable confirma que solo seis han sido reingresados; el resto sigue pausado, sin plazo público.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar: miles marcharon el Día Mundial del Agua, en al menos 15 ciudades, exigiendo que esas protecciones no se disolvieran en un cajón. Una señal de que buena parte de la sociedad chilena no está dispuesta a aceptar que “desarrollo” siga significando sacrificar lo no humano.

Semanas después llegó la segunda señal: el Plan Escudo Fronterizo, con zanjas de contención en los pasos con Bolivia y Perú, muros y vigilancia con drones. Un dispositivo pensado para frenar la migración irregular que no contempló que esas planicies del altiplano son corredores ecológicos vitales, cuya ruptura podría alterar los bofedales —esos humedales de altura que son la principal fuente de agua en el altiplano— de los que dependen tanto la fauna como las comunidades altiplánicas.

No escribo esto para discutir la política migratoria; es otro debate, legítimo y necesario. Lo escribo porque me resulta difícil no ver la línea que conecta ambos episodios: frente a la disyuntiva entre la vida no humana y otro objetivo —económico, de seguridad, electoral—, casi siempre cede la primera.

Yo ya he escrito antes sobre lo que significa amar a un animal. Los animales sí hablan, en un lenguaje distinto al nuestro, y la comunicación interespecie es real, aunque buena parte de la sociedad todavía no lo comprenda: la barrera no está en su capacidad de comunicarse —que sí tienen, aunque de una forma distinta a la nuestra— sino en que rara vez nos tomamos el trabajo de contemplarlos, de conectar y de generar vínculos interespecie. Ese nivel de conciencia, esa conexión, tiene que despertar antes: no cuando ya encontramos a la vicuña muerta en una zanja, sino a tiempo para impedirlo.

Los animales de la naturaleza no votan, no marchan —salvo que marchemos por ella— y no tienen forma de reclamar en la Contraloría. Por eso cada decreto que se retira y cada zanja que se cava sin una evaluación integral —que considere a todas las especies y aborde sus efectos de manera sistémica— es, en el fondo, una decisión que tomamos por quienes no pueden decidir, ni reclamar, ni defenderse.