La denominada megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast no solo representa un retroceso para los trabajadores del país, sino que pone en riesgo directo el financiamiento de políticas sociales que han significado avances concretos para miles de estudiantes, como la gratuidad en la educación superior. Lejos de fortalecer el desarrollo nacional, esta iniciativa debilita las capacidades del Estado para garantizar derechos fundamentales y reduce drásticamente los recursos disponibles para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
Sus promotores sostienen la vieja premisa de que disminuir impuestos a las grandes empresas permitirá aumentar la inversión, el crecimiento y los empleos. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que reducir la carga tributaria a quienes más concentran la riqueza no se traduce en mejores condiciones para la mayoría de la población. En cambio, lo que sí es una certeza, es que implica un desmantelamiento de los recursos que financian políticas públicas esenciales.
Como estudiantes, no podemos observar esta discusión desde la distancia. Nuestra generación enfrenta una profunda incertidumbre respecto del futuro: el sueño de la casa propia, el encontrar un empleo digno o proyectar una vida independiente, son desafíos cada vez más cuesta arriba. La desesperanza que atraviesa a miles de jóvenes no se resolverá debilitando las capacidades del Estado ni favoreciendo a los mismos de siempre, por el contrario, una reforma de estas características sólo profundiza la sensación de abandono.
La pregunta es inevitable: si el Estado contará con menos recursos, ¿cómo espera fortalecer las políticas que hoy permiten que miles de jóvenes accedan y permanezcan en la educación superior? Poner fin al CAE y avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento público requiere recursos. Subir el monto de la BAES para garantizar que un estudiante tenga un plato de comida digno todo el mes, y no solo las primeras tres semanas, requiere recursos. Digitalizar urgentemente la TNE para proteger a las y los estudiantes de regiones de la violencia y discriminación que viven en el transporte público requiere recursos. Enfrentar la grave crisis de salud mental que vive la juventud a través de la cultura y la reconstrucción del tejido social también requiere presupuesto.
Porque cuando nos sentemos con la ministra de Educación, si es que se digna a abrirse al diálogo, y le señalemos las urgencias de las y los estudiantes de Chile, la respuesta predecible será: “no hay plata”. Así de absurdo será el escenario, nos dirán que no hay recursos porque ellos mismos decidieron dejar de recaudar.
Hoy volvemos a sostener con claridad que el progreso de Chile no puede construirse debilitando lo público, recortando derechos ni privilegiando a una minoría. Al final del día, esta discusión va más allá de las cifras, se trata de cómo esta mega reforma afectará las condiciones reales en las que estudiamos, vivimos y proyectamos nuestra vida. Construir el mañana de una nación exige, por consecuencia mínima, dejar de comprometer el presente y futuro de su juventud.
