La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la mayor parte de las modificaciones introducidas por el Senado al Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. En total, 27 de las 28 votaciones en particular de la iniciativa fueron aprobadas durante la jornada.

La única disposición que no obtuvo el respaldo de la Sala fue la compensación al Fondo Común Municipal por la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. La norma buscaba establecer un mecanismo de compensación para los municipios por la menor recaudación asociada a esa medida y deberá ser resuelta ahora por una comisión mixta.

Entre las disposiciones aprobadas se encuentran las principales medidas económicas del proyecto, como la rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, el fondo destinado al proceso de reconstrucción.

La iniciativa también establece un régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros y nacionales que desarrollen proyectos de inversión por montos desde los 50 millones de dólares. La norma contempla estabilidad tributaria por 10 años para inversiones iguales o superiores a US$50 millones; por 15 años para proyectos desde US$100 millones; y por 20 años para inversiones sobre US$350 millones.

La oposición logró que se aprobarán dos normas incorporadas durante la tramitación, como el denominado derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Las que podrían ser vetadas por el Ejecutivo. 

Durante la discusión, el diputado Jaime Bassa (FA) cuestionó precisamente algunas de estas disposiciones y acusó al Ejecutivo de incorporar una agenda tributaria distinta al objetivo original de reconstrucción. “Nos están metiendo de contrabando una agenda ideológica (…) que tiene un objetivo bastante concreto, que es precisamente la transferencia de riqueza desde los sectores trabajadores hacia las grandes empresas”, afirmó.

Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Sánchez defendió el proyecto y sostuvo que la iniciativa busca revertir el estancamiento económico. “Esta ley debe aprobarse. Debemos aprobarla para que vuelva el desarrollo, para que vuelva la inversión y para que las empresas creen empleo”, resaltó. .

Las reacciones tras la votación

La jornada también estuvo marcada por el rol del Partido de la Gente. La bancada, integrada por 14 diputados, era observada como un actor decisivo para el resultado de la votación, debido a que sus respaldos podían definir si parte de la iniciativa avanzaba o quedaba pendiente en una comisión mixta.

Finalmente, el PDG respaldó la mayor parte de las modificaciones del Senado. La diputada Zandra Parisi explicó la postura de la colectividad durante la votación y sostuvo que la decisión estuvo marcada por una revisión de cada una de las normas. 

La parlamentaria agregó que el partido mantenía diferencias con algunos puntos de la iniciativa y que esperaba incorporar modificaciones durante la tramitación. “Nosotros sí queríamos otras cosas, queríamos mejorar la sala cuna, nosotros sí queríamos que el aporte que se le hace a las regiones se incluyera específicamente a la cuarta y a la tercera región”, señaló.

Tras la aprobación, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) valoró el avance del proyecto. En ese contexto, afirmó que “hoy es un gran día para Chile” y destacó que “el gobierno del Presidente Kast llegó a gobernar con dos promesas: reactivar la economía, generar empleo, volver a crecer; y acabar con la delincuencia”.

En esa línea, sostuvo que la megarreforma constituye uno de los pilares de la agenda del Gobierno y aseguró que permitirá abrir nuevas oportunidades para el país.

Por parte de la oposición, el diputado Marcos Barraza (PC) apuntó a las normas que, a su juicio, presentan reparos constitucionales y anunció la continuidad de la ofensiva ante el Tribunal Constitucional. “Estamos frente a una mayoría circunstancial que ha optado por una imposición legislativa, no por acuerdos legislativos”, sostuvo.

El parlamentario detalló que los cuestionamientos están centrados en materias como la invariabilidad tributaria y las disposiciones relacionadas con proyectos ambientales. “La norma que quedó establecida en el Senado genera dos décadas, 20 años de invariabilidad tributaria para grandes empresas, no así para el conjunto de los sectores productivos, y eso genera dos tipos de regímenes tributarios”, puntualizó.

Asimismo, el diputado Raúl Soto (PPD) calificó como “un salto al vacío” la iniciativa y sostuvo que es “una mera promesa de crecimiento sin garantías ni de crecimiento, ni de inversión, ni de empleo, pero sobre todo bajo una premisa de irresponsabilidad fiscal”.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la aprobación del proyecto tras la votación en la Cámara y relevó los efectos económicos que, según el Gobierno, tendrá la iniciativa. “Se trata de volver a hacer atractivo invertir en Chile”, aseguró.

El secretario de Estado valoró además la aprobación de los recursos destinados a la reconstrucción de Ñuble y Biobío. “Se han aprobado 400 mil millones de pesos para la reconstrucción, además de las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente, y las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto”, detalló.

Quiroz agregó que la votación permitió avanzar en uno de los principales objetivos del Ejecutivo. “Se ha aprobado, en definitiva, el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional para el desarrollo económico y social”, celebró el titular de Hacienda.

Con la aprobación de la mayoría del articulado, la discusión continuará en comisión mixta por la compensación al Fondo Común Municipal. A eso se suman los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional y la definición del Ejecutivo respecto de eventuales vetos presidenciales.