Pese a que la oposición proyectó para este martes la presentación de tres requerimientos en el Tribunal Constitucional —en los que impugnaría normas de la megarreforma del Gobierno—, los partidos del progresismo optaron finalmente por posponer la presentación.

Desde el sector señalaron que esperarán a que el proyecto sea despachado del Congreso. Hasta ayer, lo que se calculaba es que el despacho ocurriría este martes, pero el escenario cambió con la decisión del Partido de la Gente de rechazar algunas normas de la iniciativa. Por tanto, ahora lo más probable es que se constituya una comisión mixta.

A lo anterior, se suman los posibles vetos del Gobierno a normas que fueron impulsadas por la oposición —como el fin del anatocismo— y que podrían terminar cambiando el texto del proyecto.

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, explicó que existe un “tiempo especial” de 24 horas para presentar los requerimientos, entre el despacho desde la Cámara revisora y la publicación del oficio del despacho.

Además, Leiva sostuvo que la oposición estará atenta a lo que salga de la comisión mixta. “Es más, si el Gobierno ha anunciado un veto supresivo o aditivo, también hay que ver cuál es el desarrollo y cómo se afina el proyecto para que los requerimientos de constitucionalidad tengan acervo y sustento en lo que se discute en la Cámara”, explicó.

El parlamentario recalcó que la oposición sí acudirá al TC, porque es una decisión que tomaron en conjunto. Pero si, “por ejemplo, se rechazara la invariabilidad, como puede ser y eso esperamos el día de hoy, no habría formación de ley y, por consiguiente, al ser una materia que no se despacha ley, mal podríamos presentar un requerimiento de inconstitucionalidad por una norma que no está en el texto”, observó.

El detalle sobre la presentación ante el Tribunal Constitucional fue dado a conocer el lunes por los presidentes de los partidos de oposición. Los líderes del progresismo informaron que serán tres requerimientos —dos a través del Senado y uno por la Cámara de Diputados— que pondrán en cuestionamiento la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria y algunas normas medioambientales.