Durante la conmemoración del aniversario número 47 de la Revolución Sandinista. El presidente nicaragüense Daniel Ortega anunció el fin de las elecciones en Nicaragua. Un momento que más allá de confirmar la dictadura en el país, habla de un síntoma regional que sigue creciendo.

La asamblea nacional, completamente controlada por el oficialismo, respondió con la promesa de impulsar los cambios legales necesarios para convertir esa decisión en una nueva norma del Estado. “La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de los nicaragüenses”, afirmó el legislativo.

Pero el anuncio no representa el fin de una democracia que hasta ahora funcionaba. Es, más bien, la confesión abierta de que aquella democracia dejó de existir hace años.

El mito político de Ortega: un patrón que se repite

Con esto, Ortega destruyó la última ficción que su régimen aún conservaba: el mito que construyó para justificar su poder. La idea de que Nicaragua mantenía elecciones, partidos y procedimientos institucionales, aunque todos estuvieran subordinados al oficialismo.

Al renunciar incluso a esa apariencia, el régimen nicaragüense expone la última capa de un fenómeno que atraviesa actualmente a buena parte de América Latina. Líderes de izquierda y derecha que llegan al gobierno mediante elecciones, utilizan la legitimidad de las urnas para concentrar poder y, cuando aparece la posibilidad de perderlo, comienzan a desmontar las condiciones que permitirían una alternancia real.

Para comprender ese recorrido hay que observar el mito político que se construye alrededor de ese propósito.

Ortega, por ejemplo, construyó durante décadas un poder que combinó tres legitimidades; la revolucionaria, la electoral y la soberanista. La primera nació en 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura de la familia Somoza. Aquella victoria otorgó al sandinismo una autoridad histórica que trascendía una elección. Había derrotado a la dictadura, enfrentado la intervención estadounidense y encabezado una transformación social.

Ortega pasó entonces a representar no sólo a un partido, sino también a la revolución, a la resistencia y, finalmente, a la propia nación.

De allí surgió una identificación peligrosa. El sandinismo comenzó a presentarse como equivalente al pueblo nicaragüense, mientras sus adversarios eran descritos como representantes de intereses extranjeros. Esa lógica continúa presente cuando Ortega invoca la soberanía. El concepto ya no protege el derecho de la ciudadanía a decidir quién gobierna, sino al régimen frente a cualquier crítica o fiscalización internacional. La soberanía deja de residir en una sociedad plural y se confunde con la permanencia del gobierno. Cuestionar a Ortega se convierte así en cuestionar la revolución y, por extensión, en traicionar a Nicaragua.

La segunda capa del mito se construyó paradójicamente mediante una derrota. En 1990, Ortega perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder. Durante años, ese episodio funcionó como prueba de sus supuestas credenciales democráticas, un movimiento que había llegado al gobierno mediante las armas aceptaba el resultado de las urnas.

Después de perder nuevamente en 1996 y 2001, Ortega retornó al poder en 2006 con alrededor del 38% de los votos. Su victoria fue posible, entre otros factores, por el pacto que había establecido con el expresidente liberal Arnoldo Alemán, acuerdo que repartió influencia sobre instituciones estatales y redujo el porcentaje necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta. La elección fue el mecanismo formal de su regreso, pero las reglas ya habían comenzado a modificarse.

Una vez instalado nuevamente en el Ejecutivo, comenzó la captura gradual de las instituciones. En 2009, magistrados cercanos al oficialismo declararon inaplicable la prohibición constitucional de la reelección consecutiva. Ortega volvió a competir en 2011 y, en 2014, una reforma eliminó los límites a la reelección presidencial. Las elecciones no desaparecieron inmediatamente. Se transformaron poco a poco en ceremonias destinadas a confirmar un poder previamente asegurado.

Las protestas de abril de 2018 marcaron el quiebre definitivo. Lo que comenzó como una movilización contra una reforma al sistema de seguridad social se convirtió en una rebelión nacional contra el gobierno. La respuesta fue una feroz represión que dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas.

Desde entonces, los manifestantes dejaron de ser tratados como ciudadanos descontentos. Fueron presentados como golpistas, terroristas y agentes de una conspiración extranjera. La oposición perdió primero el derecho a gobernar y, después, la posibilidad material de competir.

Antes de las elecciones de 2021, el régimen encarceló o inhabilitó a los principales candidatos opositores, intervino partidos, restringió a la prensa y eliminó casi toda competencia real. Ortega volvió a declararse vencedor, pero las urnas ya no permitían decidir quién gobernaba. Aun así, el régimen mantuvo el rito electoral. Hacia el interior, servía para movilizar al aparato sandinista, repartir cargos y demostrar disciplina. Hacia el exterior, proporcionaba una coartada jurídica, Nicaragua todavía celebraba elecciones, registraba partidos y contaba votos. Esa apariencia permitía que algunos gobiernos aliados evitaran utilizar directamente la palabra dictadura.

El escenario latinoamericano

El anuncio actual muestra que Ortega ya no considera necesaria esa coartada, y que lo haga ahora tampoco es casual. América Latina atraviesa una crisis democrática en la que sectores de izquierda y derecha cuestionan los límites institucionales, aunque lo hagan mediante discursos diferentes.

En una parte de la izquierda, la concentración de poder se justifica en nombre de la revolución, la soberanía o la resistencia frente a las élites. En ciertas derechas, se justifica en nombre de la seguridad, la eficiencia, el combate contra la corrupción, el anticomunismo o la necesidad de liberar al gobernante de instituciones consideradas lentas e inútiles.

El patrón regional es muy reconocible. Un líder gana legítimamente una elección y con ello sostiene que no sólo le entrega el gobierno, sino que lo convierte en la única representación auténtica del pueblo. Luego declara que existe una emergencia excepcional: delincuencia, corrupción, bloqueo económico, conspiración extranjera o amenaza revolucionaria. Exige facultades extraordinarias, modifica las reglas, debilita los tribunales, reduce la fiscalización, hostiga a la prensa y presenta cualquier intento de limitarlo como un ataque contra la patria. La democracia no desaparece de golpe. Se transforma progresivamente en una escenografía.

El presidente del Salvador, Nayib Bukele construyó una amplia legitimidad a partir de la reducción de la violencia, pero utilizó esa popularidad para concentrar poder, subordinar instituciones y reinterpretar las normas que impedían su reelección.

En Brasil, Jair Bolsonaro deslegitimó durante meses el sistema electoral y sus partidarios intentaron desconocer el resultado de 2022. Sin embargo, la reacción de los tribunales, el Congreso y la sociedad civil mostró que la erosión puede ser contenida cuando todavía existen contrapesos capaces de actuar.

En Argentina, los informes de V-Dem han advertido un deterioro asociado a las presiones sobre instituciones, la relación conflictiva con la prensa y el debilitamiento de mecanismos de control durante el gobierno de Javier Milei. Eso no convierte automáticamente al país en una dictadura ni permite equipararlo con Nicaragua. Argentina conserva oposición, Congreso, tribunales y medios independientes. La erosión democrática es un proceso que comienza mucho antes de que desaparezcan formalmente las urnas.

Pero está pérdida de confianza en la democracia no responde solamente a una expresión de líderes tiranos, complots internacionales para socavar gobiernos o el intento de elites tecnológicas para dominar y controlar el pensamiento en bloque de sus usuarios a través de algoritmos. La pérdida del valor democrático responde a condiciones sociales y materiales concretas.

Las sociedades latinoamericanas durante años observaron gobiernos incapaces de reducir la desigualdad, controlar la delincuencia, combatir la corrupción o garantizar servicios públicos. En ese escenario, parte de la ciudadanía se abre a aceptar menos controles a cambio de resultados inmediatos.

El problema es que, una vez debilitados los contrapesos, no existe garantía de que el poder extraordinario será devuelto. Nicaragua muestra el final posible de ese recorrido. Ortega compitió, modificó las reglas, capturó las instituciones, reprimió la protesta, eliminó a sus adversarios y finalmente declaró innecesarias las elecciones. La prueba democrática no consiste únicamente en ganar. Consiste en aceptar la fiscalización, reconocer una derrota y permitir que el adversario pueda gobernar.

Nicaragua no es necesariamente el destino inmediato de todos los países de la región. Es la imagen de hasta dónde puede llegar una erosión cuando no encuentra límites internos ni externos.