El día martes durante la mañana diversos dirigentes del oficialismo salieron a criticar el informe legislativo del INDH en que analizaba el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos. El foco estuvo en la constatación de que una tipificación amplia del delito de rayados no autorizados, como propone el proyecto, puede ser lesiva para la libertad de expresión. Esta afirmación consta de 4 párrafos dentro de un documento de 24 páginas. Uno de ellos es la recomendación de redactar “precisando con mayor claridad la conducta sancionada, su entidad lesiva y su relación con el daño al bien afectado”, y evitar una formulación indeterminada que pueda incluir expresiones culturales o artísticas legítimas (p. 23 – 24).

Más allá de constatar la búsqueda por hacer pasar la parte por el todo, pues el Informe es muy completo y revisa de forma lúcida y detallada el Proyecto de Ley a la luz de los estándares de derechos humanos, vale la pena detenerse en tres elementos de la reacción oficialista.

El primero es la pretensión autoritaria de determinar lo que es arte y lo que no lo es. Esto se presenta de manera especialmente burda por parte de la diputada republicana Stephanie Jéldrez, quien afirma “Rayar los bienes públicos y privados no es arte. El arte no incomoda, el arte es transversalmente admirado por todos, el arte embellece”. Es preocupante que una legisladora tenga esa percepción, pues implica un riesgo de censura que, previamente, ya estuvo presente en su sector político. Resulta especialmente contradictorio que un sector que levanta las banderas de la libertad sea incapaz de entender que una definición estatal de lo que es bello, de lo que es el arte o de lo que es una expresión creativa legítima, es en extremo indeseable para una sociedad democrática en pleno siglo XXI.

En segundo lugar, preocupa el deseo por deslegitimar una institucionalidad relevante para el país, cuestión que parece ser una búsqueda sistemática desde hace años en el actual oficialismo. Una afirmación como la que hace el Ministro Arrau: “el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”, tergiversa de manera activa el contenido del informe, generando así una oposición infame entre seguridad y el actuar del INDH. Lejos de ser un argumento basado en el análisis del informe, las afirmaciones más bien parecen barnizar una posición política construida a priori: para el gobierno de Kast, la protección activa de los derechos humanos por parte del Estado de Chile es un obstáculo a la búsqueda por disciplinar y uniformar a la población, por lo que debe ser contrarrestada.

Los dos elementos anteriores llevan a un tercer asunto, que es el más general pero también el más preocupante: la pulsión autoritaria del oficialismo se expresó de manera sumamente clara en esta coyuntura. Es muy probable que esto haya ocurrido porque al leer el informe del INDH, queda muy claro que el Registro de Vándalos es un mal proyecto de ley, que genera múltiples riesgos para la ciudadanía y su capacidad de ejercer libremente sus derechos. En ese sentido, se busca la manera de deslegitimar su contenido y, de paso, seguir atacando la institucionalidad vigente en materia de derechos humanos. Es una expresión más de la estrategia de tierra quemada, que estriba en generar desconfianza, en la mala fe y en imposibilitar la discusión racional.

Es preocupante que esta sea la perspectiva que toma el oficialismo frente al legítimo escrutinio del actuar del gobierno. En especial, resulta duro ver que sectores de Chile Vamos que en su minuto fueron parte de consensos democráticos y de respeto a los derechos humanos, hoy se unen por acción u omisión a la destrucción de los mismos.