El debate sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) volvió al centro de la agenda luego de que la Comisión de Educación de la Cámara aprobara en general el proyecto que incorpora un mecanismo voluntario de “elección mutua” para establecimientos con sobredemanda. La propuesta contempla criterios como el rendimiento académico, la adhesión al proyecto educativo, las entrevistas y la proximidad territorial (Dote, 2026). Ante ello, reducir la discusión a la oposición entre “mérito” y “tómbola” deja fuera una pregunta central para la disciplina de la orientación educacional: ¿el sistema se limita a distribuir vacantes o también debe acompañar decisiones y resguardar trayectorias educativas?
En Chile, la orientación educacional es comprendida como una dimensión formativa y preventiva, inherente al proceso educativo y orientada al desarrollo de las potencialidades y al crecimiento individual y social del estudiantado (Ministerio de Educación, 2021). Las investigaciones recientes también subrayan su carácter integral y coordinado entre estudiantes, docentes tutores y profesionales de la orientación (Pantoja Vallejo et al., 2026). Desde esta perspectiva, la admisión no es un trámite neutral, sino más bien una transición que requiere información comprensible, participación y acompañamiento pedagógico.
La Ley de Inclusión estableció que los procesos de admisión debían ser objetivos y transparentes, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, y no implicar discriminaciones arbitrarias (Ley 20.845). Un estudio cualitativo sobre las respuestas de familias chilenas al sistema centralizado de postulación y asignación escolar muestra un marcado contraste, ya que mientras una minoría valoró su conveniencia, el ahorro de tiempo y la prevención de prácticas discriminatorias, otras expresaron sentimientos de descalificación, pérdida de capacidad de decisión y desconfianza frente al SAE (Bellei et al., 2025).
Este hallazgo no justifica restablecer filtros discrecionales; por el contrario, exige mejorar la experiencia de postulación y formular preguntas ineludibles: ¿cómo se evitará que una entrevista o la “adhesión” al proyecto educativo terminen evaluando, en los hechos, la disponibilidad horaria, el dominio de códigos y creencias institucionales o los recursos de las familias?
En este debate, la orientación educacional puede aportar una perspectiva propia, centrada en el apoyo pedagógico, público antes de la postulación, favoreciendo una participación progresiva de niños, niñas y adolescentes, y con entrevistas posteriores a la asignación, destinadas a la acogida y aplicando planes de transición.
Debemos considerar una nota técnica elaborada por Valenzuela et al. (2025), la que documenta que entre 2015 y 2024 disminuyó la segregación socioeconómica escolar, indicando que esta tendencia es consistente con la implementación de la Ley SEP y la Ley de Inclusión. Sin embargo, dado el carácter descriptivo y longitudinal del análisis, no es posible establecer causalidad ni aislar la contribución específica de cada política.
En consecuencia, admitir no equivale a seleccionar, sino a abrir una puerta y asumir responsabilidad por la trayectoria educativa que comienza, ya que un sistema justo no debería articular transparencia, inclusión, orientación y especialmente, acompañamiento pedagógico, de modo que la posibilidad de elegir no dependa de ventajas previas.
