El exintegrante de la Comisión Experta del proceso constitucional y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Domingo Lovera, explicó los argumentos de la oposición para impugnar algunos de los artículos de la megarreforma ante el Tribunal Constitucional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado patrocinante del requerimiento que presentaran los diputados del progresismo detalló que son cinco los aspectos contenidos en esa acción, pero “lo medular” son la invariabilidad tributaria y la indemnización para inversores a los que les revoquen la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Respecto a lo que se cuestiona de la invariabilidad tributaria, Lovera recalcó que en el requerimiento “no se cuestiona si la invariabilidad es una buena o mala medida desde el punto de vista económico”. “No nos corresponde a nosotros evaluar eso, si es que la invariabilidad sirve o no para traer inversión, lo que estamos reclamando es la infracción de reglas de carácter constitucional”, afirmó.

El abogado aseguró que lo complejo de la norma es que un Congreso ata “el ejercicio de la misma atribución legislativa, que está reconocida a nivel constitucional, de modo tal de que impida que futuras legislaturas aborden el mismo tema, o que si lo llegan a hacer esto acarree costos extraordinarios para el Estado”. “Eso es muy problemático. Que tú tengas que, por así decirlo, pagar por ejercer atribuciones soberanas y democráticas, que no son ni más ni menos que dictar la ley”, dijo.

Por otra parte, consultado sobre la norma medioambiental que también están impugnando los parlamentarios de oposición, Lovera señaló que las indemnizaciones para inversores ocurren cuando un permiso medio ambiental es revocado por infringir la ley.

“Esa indemnización, y esto lo dice la Corte Suprema, la va a pagar usted, la voy a pagar yo, la vamos a pagar todos y todas, para socializar, digámoslo así, los costos y los gastos en los que tuvo que incurrir el inversionista. Siempre se dice que un inversionista incurre en riesgo, por lo tanto, hay que tener seguridad. Bueno, la seguridad que el proyecto pretende darle a los inversionistas es que todos y todas vamos a pagar, con cargo a las rentas públicas, el gasto en el que incurrió un inversionista”, remarcó.

Además, Loreva se refirió a la paradoja de que los partidos del progresismo recurran al Tribunal Constitucional (TC) cuando ellos mismos, en el pasado, criticaron al organismo por ser una “tercera Cámara”. El excomisionado experto apuntó a que está en las atribuciones de los parlamentarios concurrir al tribunal y destacó que se trata de un organismo poco predecible.

Para el abogado, es “una sana señal quue tu no puedas, ex ante, hacer el cálculo y determinar cómo el tribunal va a fallar una determinada cuestión”. En esa línea, expuso que “el tribunal está integrado por jueces y juezas que se abren a escuchar y que se dejan seducir por las mejores razones, por aquellas razones que efectivamente abordan un asunto constitucional”.