La megarreforma del Gobierno sufrió este miércoles su mayor traspié desde el inicio de su tramitación legislativa. A horas de que el Senado votara el informe de la comisión mixta, el Ejecutivo optó por retirar la urgencia del proyecto y postergar su discusión hasta después de la semana regional, al constatar que no contaba con los respaldos necesarios para asegurar su aprobación.

La decisión evitó una derrota en la Sala, pero dejó en evidencia la fragilidad de la mayoría oficialista en una de las iniciativas más emblemáticas de la administración del Presidente José Antonio Kast. El escenario comenzó a complicarse con la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien debió trasladarse a su región por motivos personales. A ello se sumó la incertidumbre respecto del respaldo de los senadores Rojo Edwards (Ind.-RN) y Matías Walker (Ind.), dejando al Ejecutivo sin los votos suficientes para sacar adelante la iniciativa frente a una oposición que ya había anunciado su rechazo.

El principal foco de conflicto volvió a concentrarse en la norma que establece un mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años, disposición que había sido objeto de intensas negociaciones en la comisión mixta. Precisamente ese punto terminó tensionando los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los distintos sectores políticos.

Tras el aplazamiento, el senador Matías Walker señaló que “lo advertimos con mucha convicción: no puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco. Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice”.

Hasta horas antes, el Gobierno había insistido en mantener el cronograma para despachar la reforma antes del receso legislativo. Sin embargo, ante la imposibilidad de asegurar la mayoría, La Moneda optó por retirar la discusión inmediata y reabrir las conversaciones políticas con el objetivo de recomponer los apoyos de cara a una nueva votación en agosto.

La postergación representa un golpe político para una iniciativa presentada por el Ejecutivo como el eje de su agenda económica y de reconstrucción. El proyecto contempla, entre otras medidas, una reducción gradual del impuesto de primera categoría, incentivos a la inversión, modificaciones ambientales y cambios tributarios que han generado fuertes cuestionamientos desde la oposición y parte del mundo académico.

El aplazamiento también abre un nuevo flanco de incertidumbre para la tramitación legislativa. Diversos sectores opositores ya habían anunciado requerimientos ante el Tribunal Constitucional por disposiciones relativas a la invariabilidad tributaria y a normas ambientales, escenario que podría complejizar aún más el futuro de la iniciativa incluso si logra superar la votación pendiente en el Senado.

Durante las últimas semanas, la reforma había logrado avanzar mediante estrechas mayorías y complejas negociaciones parlamentarias. Tras ser aprobada en el Senado y posteriormente revisada por la Cámara de Diputadas y Diputados, solo un artículo debió ser resuelto en comisión mixta. No obstante, el desenlace de este miércoles demostró que el último tramo legislativo terminó siendo el más difícil para el Ejecutivo.

Con la votación aplazada hasta agosto, el Gobierno enfrentará un nuevo ciclo de negociaciones para intentar rescatar su proyecto más relevante.