El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, cuestionó la forma en que se tramitó la megarreforma impulsada por el Gobierno y advirtió que la rapidez de la discusión parlamentaria impidió anticipar parte de sus efectos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, sostuvo que esa premura ya obligó al Ejecutivo a corregir algunas disposiciones y podría generar nuevas consecuencias no previstas.

Como punto de partida, Larraín recordó la teoría del sociólogo Robert K. Merton sobre las consecuencias no deseadas de las políticas públicas y señaló que ese marco permite comprender lo ocurrido con la megarreforma. A su juicio, cuando las decisiones se toman bajo presiones de corto plazo o predominan criterios ideológicos, es más difícil prever los efectos que pueden aparecer con el tiempo.

El economista afirmó que, más allá del debate sobre la rebaja de impuestos corporativos, el principal problema fue el escaso tiempo destinado a revisar un proyecto que reúne materias tributarias, ambientales, laborales y financieras.

En ese contexto, sostuvo que “esta es una reforma que ha sido, por diseño, discutida en un plazo muy breve“. Como ejemplo, comparó su tramitación con la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet y aseguró que lo que marcó la discusión de la megarreforma fue “un debate débil, un debate pobre”, en el que “uno puede pensar que hay escenarios alternativos que son muy probables que ocurran, que van en contra del objetivo de la política”.

Como ejemplo, mencionó la norma que obliga al Estado a compensar a empresas cuando una resolución de calificación ambiental sea anulada por los tribunales. Según explicó, esa disposición podría terminar generando incentivos para retrasar las decisiones administrativas y judiciales. “Podemos terminar en una situación rara en la cual lo que queremos hacer más ágil la toma de decisiones en materia permisología, podemos terminar siendo exactamente lo contrario“, puntualizó.

El académico de la FEN también abordó uno de los principales argumentos del Gobierno para impulsar la iniciativa. Si bien reconoció que la megarreforma busca incentivar la inversión mediante la acumulación de capital, sostuvo que el principal desafío de la economía chilena sigue siendo la productividad, ámbito en el que, a su juicio, el proyecto contiene pocas medidas.

Contribuciones

Consultado por el fin de las contribuciones para la primera vivienda y su reemplazo por recursos provenientes de impuestos generales, Larraín sostuvo que el Gobierno no ha otorgado suficiente importancia al impacto distributivo de esa decisión y respaldó las advertencias realizadas por alcaldes de comunas con menores ingresos.

El economista afirmó que el problema no se limita a la forma en que se financiará a los municipios, sino que afecta un mecanismo que hoy contribuye a redistribuir recursos entre comunas con distintas capacidades de recaudación. A su juicio, esa dimensión fue poco considerada durante la discusión de la megarreforma.

En esa línea, explicó que “las contribuciones de bienes raíces y las platas que distribuye el Fondo Común Municipal es una parte bien relevante de la progresividad del sistema fiscal chileno“, por lo que advirtió que eliminar ese instrumento tendrá efectos relevantes sobre la distribución de recursos. “Acá al eliminar las contribuciones se está haciendo una política regresiva”, alertó.

Anatocismo

Larraín también abordó la decisión del Gobierno de corregir mediante un veto la norma sobre anatocismo. A su juicio, el episodio refleja las consecuencias de una tramitación acelerada, ya que la disposición avanzó sin un debate suficiente y sus efectos fueron advertidos cuando ya había sido aprobada.

En ese sentido, recordó que “nadie supo que estaba hasta que estaba aprobada, como que pasó piola”, y agregó que “esta es una típica medida que busca algo que en principio es bueno, que queremos aliviarle la carga financiera a las personas, pero logra exactamente lo contrario“.

El economista explicó que el interés compuesto permite remunerar los ahorros con los que se financian los créditos y que eliminar ese mecanismo no reduce el costo del financiamiento, sino que obliga a las instituciones financieras a incorporar ese mayor riesgo en sus préstamos. “Si suben las tasas de interés es peor para las personas, el buen pagador va a pagar tasas de interés más altas. Si pido garantías hay algunas personas que no van a poder dar más garantías y, por lo tanto, algunas personas quedan fuera del sistema bancario”, afirmó.

Asimismo, advirtió que una medida diseñada para aliviar la carga de los deudores podría terminar restringiendo el acceso al crédito y encareciendo el financiamiento para los usuarios.