El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a la administración de Donald Trump de manipular el tema del trabajo forzoso para justificar el aumento de los aranceles del 10% al 12,5% a los países que, según Washington, no cumplen con las normas para prevenir este tipo de abusos laborales.
A través de redes sociales, Lula sostuvo que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) utilizó un asunto vinculado a los Derechos Humanos para respaldar una política comercial proteccionista, al acusar a 59 países y a la Unión Europea de mantener prácticas desleales.
El mandatario brasileño rechazó además la imposición de un arancel del 12,5% a productos de Brasil y aseguró que, durante la investigación realizada por la USTR, el Ministerio de Trabajo entregó documentación sobre la legislación vigente y las medidas adoptadas para combatir el trabajo forzoso y controlar las importaciones de bienes elaborados bajo esas condiciones.
Lula destacó que Brasil sanciona penalmente el trabajo forzoso, las jornadas laborales extenuantes, las condiciones degradantes y las restricciones a la libertad de movimiento de los trabajadores. También recordó que el país mantiene una “Lista Negra” de empleadores infractores y aplica severas multas a quienes incumplen la normativa.
Asimismo, subrayó que Brasil ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso y señaló que el país ha ratificado 66 convenios de la organización, frente a solo diez suscritos por Estados Unidos.
El presidente brasileño añadió que los acuerdos de libre comercio firmados por Brasil y el Mercosur, incluidos los alcanzados con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, incorporan compromisos para eliminar el trabajo forzoso y garantizar el cumplimiento efectivo de esas obligaciones.
Frente a la decisión de Washington, Lula anunció que Brasil activará los mecanismos contemplados en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso, y llevará el caso ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La reacción del mandatario se produjo luego de que la administración Trump anunciara nuevos aranceles para 60 países, argumentando que reemplazan el gravamen temporal del 10% aplicado durante 150 días a aquellas economías que, según la Casa Blanca, no prohibieron adecuadamente la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
La medida se sumó al conflicto comercial ya existente entre ambos gobiernos. La semana anterior, Washington anunció un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas, alegando falta de voluntad de Brasilia para negociar y cuestionando, entre otros puntos, la protección del sistema de pagos electrónicos Pix y las sanciones impuestas a la red social X por incumplir órdenes judiciales en Brasil.






