El Tribunal Constitucional, a través de su Primera Sala, decidió acoger la petición de suspensión presentada por los abogados del senador Miguel Ángel Calisto, lo que frena de manera transitoria el proceso penal vigente en su contra. La medida se mantendrá “hasta el pronunciamiento en sede de admisibilidad”, es decir, mientras el pleno del TC define si el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la defensa cumple con los requisitos para ser admitido a trámite.
Esa acción constitucional busca que se declare inaplicable, para este caso específico, una norma del Código Procesal Penal que condiciona la procedencia de nuevas diligencias investigativas a que hayan sido pedidas dentro del plazo fijado originalmente para indagar. El equipo jurídico del parlamentario sostiene que aplicar ese artículo en esta causa lesiona su garantía de defensa.
El abogado César Ramos explicó que la suspensión resultaba urgente, porque el próximo lunes 27 de julio estaba agendada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coyhaique donde se debatiría precisamente la reapertura del sumario, instancia en la cual la Fiscalía invocaría la misma disposición que hoy se impugna.
“Lo que ha hecho es darle primero una resolución a la contienda constitucional, resolver si nuestro requerimiento es admisible o no y, para que este no pierda eficacia, suspender el procedimiento penal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si el requerimiento es o no admisible”, añadió el defensor.
La Fiscalía Regional de Aysén confirmó que, como efecto de esta decisión, la audiencia prevista para el lunes en Coyhaique quedó sin efecto. En esa instancia se iba a revisar la pertinencia de dos diligencias que la defensa solicitó y que el Ministerio Público ya había ordenado practicar, aunque el ente persecutor sostiene que esos requerimientos se presentaron una vez vencido el plazo legal para hacerlo.
Este fallo del TC se produce apenas unos días después de que el mismo Juzgado de Garantía de Coyhaique dispusiera reabrir por 60 días la investigación por fraude al fisco que afecta a Calisto.
El origen de la causa se remonta a 2021, cuando una denuncia puso en el centro del debate el uso de fondos asignados a la labor parlamentaria. La Fiscalía Regional de Aysén sostiene que existen indicios de que el entonces diputado habría participado en una estructura mediante la cual recursos del Estado habrían sido desviados en su beneficio a través de la contratación de asesorías, extremo que la defensa rechaza de plano, afirmando que los servicios cuestionados sí se prestaron.
En semanas recientes, el expediente tomó un nuevo rumbo luego de que los coimputados Ronald Cárcamo y Carla Graff modificaran sus versiones de los hechos. Para la representación legal del senador, esas nuevas declaraciones hacían imprescindible practicar más diligencias para refutar la acusación, pese a que el Ministerio Público ya había cerrado la investigación y formalizado la imputación.
Esa situación fue precisamente la que llevó al tribunal de garantía a ordenar la reapertura del proceso por 60 días. Esa misma decisión motivó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a aplazar la audiencia en que se iba a revisar el nuevo pedido de desafuero presentado por la Fiscalía, porque el Código Procesal Penal exige que la indagatoria esté concluida para poder tramitar esa solicitud.
A fines de junio pasado, el Ministerio Público formalizó acusación contra Calisto y otras siete personas, pidiendo para el senador una condena de 12 años de presidio por un presunto perjuicio fiscal que supera los $100 millones, vinculado a las mencionadas asesorías. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda civil para recuperar esos montos, y la Fiscalía, al considerar que el parlamentario se encuentra en ejercicio del cargo, tramitó una nueva solicitud de desafuero.
