La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el próximo 5 de agosto, en Washington, una audiencia solicitada por organizaciones de derechos humanos, quienes expondrán antecedentes sobre medidas adoptadas durante los primeros meses de la administración de José Antonio Kast.
La instancia contempla la revisión de antecedentes relacionados con programas de memoria, reparación, garantías de no repetición y persecución de crímenes de lesa humanidad.
En un documento enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, las organizaciones solicitaron que el organismo requiera información al Estado chileno y analice las medidas denunciadas por sus posibles efectos sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Entre los puntos expuestos se encuentran el debilitamiento de equipos especializados en derechos humanos del Estado, los recortes presupuestarios y eventuales afectaciones a programas como el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y el Plan Nacional de Búsqueda.
La presentación también incorpora cuestionamientos a cambios en la representación judicial en causas por violaciones a los derechos humanos, eventuales beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad y modificaciones en políticas de memoria histórica, incluyendo la situación de sitios de memoria como la ex Colonia Dignidad.
“Estamos hablando de un patrón de debilitamiento de las capacidades del Estado para responder a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile la integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Paulina Zamorano.
Entre los antecedentes entregados al organismo figuran los decretos de reajuste presupuestario emitidos durante este año y las proyecciones para la discusión del Presupuesto 2027.
“Actualmente hemos analizado varios decretos de ajustes presupuestarios y por lo menos existen más de mil 800 millones de pesos de reajustes que afectan en materia de salud, educación, protección social, vivienda, juventud y mujeres”, explicó.
La presentación también incorpora antecedentes sobre las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos fundamentales.
“El Estado de Chile, cuando suscribe tratados internacionales en materia de derechos humanos, se compromete a cumplirlos. Dentro de esas obligaciones se encuentran el deber de investigar, sancionar adecuadamente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pero también garantizar los derechos económicos, sociales y culturales”, señaló Zamorano.
La integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria sostuvo que, a juicio de las organizaciones, las medidas denunciadas afectarían el cumplimiento de dichas obligaciones.
“Son esas obligaciones internacionales las que actualmente el Estado de Chile se encuentra incumpliendo por el desmantelamiento de algunas unidades de derechos humanos, pero también de manera transversal a lo largo del Estado”, agregó.
Beneficios penitenciarios a condenados por crímenes de lesa humanidad
Entre los antecedentes presentados ante la CIDH también se incorporaron cuestionamientos a la participación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia frente a solicitudes de beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones denunciaron un cambio de criterio en la intervención del Estado en procedimientos relacionados con libertades anticipadas, rebajas de condena o arrestos domiciliarios para personas condenadas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Según expusieron en el documento enviado a la Comisión, esta situación fue denominada “indultos pasivos”, una expresión utilizada para referirse a casos en que el Estado no concede directamente un beneficio penitenciario, pero deja de ejercer oposición frente a solicitudes presentadas por condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones sostuvieron que esta modificación en la actuación del Estado afecta la aplicación efectiva de las condenas y los estándares internacionales sobre justicia transicional, especialmente en casos donde se evalúan beneficios fundados en la edad avanzada, problemas de salud u otras circunstancias personales de los condenados.
Zamorano sostuvo que los beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos deben considerar estándares internacionales vinculados a la sanción efectiva de estos delitos.
“El Estado de Chile se comprometió no solamente a investigar, sino que a sancionar adecuadamente la grave violación a los derechos humanos. El deber de sancionar implica respetar las penas que se impongan a los responsables de dichos crímenes”, enfatizó.
La abogada agregó que, según los criterios internacionales mencionados por las organizaciones, deben considerarse elementos como la participación de las víctimas y sus familiares, además de la colaboración con la justicia y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los condenados, cosa que no ha ocurrido en estos casos.
Colonia Dignidad y sitios de memoria
Otro de los antecedentes incorporados en la presentación corresponde a la situación de la ex Colonia Dignidad. Las organizaciones cuestionaron la decisión del Ejecutivo de detener el proceso de expropiación de parte del recinto, iniciado durante la administración anterior.
La presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, sostuvo que esta decisión tiene consecuencias para las políticas de memoria, verdad y reparación.
“El anuncio de reversión de la expropiación del Sitio de Memoria Colonia Dignidad no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica: es claramente un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, afirmó.
Romero también señaló que el recinto continúa siendo relevante para investigaciones judiciales, para el Plan Nacional de Búsqueda y que “para la justicia es un grave problema que continúe siendo un recinto privado”.
La denuncia presentada ante la CIDH también incorpora antecedentes sobre el financiamiento de sitios de memoria. De acuerdo a Romero, las organizaciones han advertido sobre la eliminación de recursos para algunos espacios, retrasos en transferencias y modificaciones en fondos destinados a estas iniciativas.
“Los sitios de memoria reconstruyen la memoria histórica del país, denuncian los crímenes, educan en derechos humanos y homenajean a las víctimas. Son en sí mismos una garantía de no repetición”, puntualizó.
La directora de Londres 38, Erika Hennings, también se refirió a la audiencia ante la Comisión Interamericana y al rol de los sitios de memoria.
“La audiencia ante la Comisión Interamericana constituye una oportunidad fundamental para que la sociedad civil alerte sobre posibles retrocesos en las políticas de memoria y reafirme que proteger y financiar estos espacios es una responsabilidad del Estado con toda la sociedad”, sostuvo.
La audiencia convocada por la CIDH se realizará el próximo 5 de agosto en Washington, instancia en la que las organizaciones expondrán los antecedentes recopilados ante representantes del organismo interamericano.
Paulina Zamorano explicó que la presentación busca que la Comisión conozca los antecedentes reunidos y analice su relación con las obligaciones internacionales asumidas por Chile. “Esta es la primera audiencia pública ante una instancia internacional en donde se van a analizar de qué manera las decisiones administrativas y políticas del Gobierno de José Antonio Kast afectan los derechos humanos en Chile”, señaló.
Margarita Romero sostuvo que la presentación ante la Comisión Interamericana busca que el organismo conozca los antecedentes recopilados por las organizaciones y evalúe las medidas adoptadas por el Estado chileno en materia de memoria, verdad y reparación.
“La Comisión Interamericana es el organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. Informarle lo que el actual gobierno está haciendo en esta materia es más que necesario”, concluyó.
