La cuestión educativa nuevamente ha vuelto al ruedo como una de las áreas de mayor textura política, no solo por su trascendencia desde el punto de vista de los derechos, sino también por su importancia en la mantención del modelo de sociedad que la derecha hoy pretende profundizar.

No es novedad afirmar que el fanatismo neoliberal ha objetivizado y asignado un precio a prácticamente todo. Las personas, sus emociones y sus derechos transformados en mercancía, se aprecian según el dinero que representan en un determinado momento, desdibujando cualquier rasgo de humanidad. En la educación chilena esto es evidente y la discusión sobre la selección de estudiantes es una muestra nítida de aquello.

Recordemos que el sistema escolar se funda en buena parte sobre la obtención de utilidades, que dependen de la subvención estatal que reciben las escuelas por la cantidad de estudiantes que atienden. La teoría inicial indicaba que al no existir variación de precios en este subsidio, la virtuosa competencia entre establecimientos se centraría en la calidad del servicio con el propósito de ser elegidos por las familias. Así, los que obtuvieran buenos resultados crecerían en matrícula y los que no, naturalmente, debían desaparecer.

Por cierto, nada de esto ocurrió: ni los colegios mejoraron, ni aquellos con bajos resultados desaparecieron ni las familias pudieron elegir. Es que la decisión neoliberal que se tomó no tenía por objeto respetar la teoría clásica donde el mercado debía asignar de mejor forma los recursos según las preferencias del consumidor. La selección de estudiantes no fue una herramienta económica común, fue una concesión, simplemente un incentivo monetario para ampliar la cobertura particular (privatizar) y ganar más dinero.

Cualquiera que conozca la evolución normativa del sector sabe que los resultados académicos tienen un fuerte componente socioeconómico en su origen. Cuando se discutió la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), se sabía que como el costo de alcanzar un mismo resultado es mayor para un estudiante de nivel socioeconómico más bajo, a los proveedores de la educación particular subvencionada (ya mayoritarios) les implicaba menores ingresos sin asegurarles además resultados educativos exitosos. La selección de estudiantes entonces, derivó en un proceso de segregación en el cual los más pobres eran sistemáticamente excluidos. La SEP intentó resolverlo entregando más recursos a los sostenedores que aceptaran estudiantes vulnerables (llamados prioritarios) y luego la Ley General de Educación fue más clara (aunque débil en su aplicación) y prohibió considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante.

Los dolorosos episodios en la historia de la normativa educacional a veces se olvidan. El ejercicio de la memoria en materia de selección debe llevarnos necesariamente a recordar que la derecha llevó al Tribunal Constitucional la Ley que modificó la Jornada Escolar Completa (N.o 19.979) que obligó a los colegios financiados por el Estado a recibir un porcentaje de estudiantes vulnerables, con la intención de que se declarase inconstitucional esta medida, pues, según ellos, afectaba la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

El sistema educacional chileno entregó la posibilidad de que el dueño de un colegio pudiera escoger a quien vender el servicio que financiaba con recursos públicos, con el propósito de maximizar sus ganancias. Es decir, la selección se transformó en una forma muy despiadada de consentir a un sector para preferir a las y los estudiantes que provenían de niveles socioeconómicos altos y con mayor capital social, para mantener su negocio funcionando de la mejor forma posible. Ni hablar del financiamiento compartido (vigente para la eternidad), que agudizó este escenario seleccionando esta vez por cobros de aranceles mensuales.

Con posterioridad, la Ley de Inclusión Escolar (LIE), a mi juicio en su único avance civilizatorio en el sistema escolar de los últimos 40 años, crea el sistema de admisión escolar (SAE). Este sistema -y lo preocupante para la derecha- se impone como una medida mínima, acorde con un mercado no al estilo neoliberal chileno, sino subvirtiendo el rasgo económico mencionado: el control de quién llega a la escuela. Mediante este sistema no puede elegir quien vende, medianamente escoge quien compra. Y lo que desea la idea legislativa del presidente José Kast (boletín N° 18.389-04), es que nuevamente cada escuela pueda escoger el tipo de estudiante que más se avenga con su proyecto educativo mediante su adhesión, entrevistas y “mérito”.

Por esta razón, absolutamente abyecta cuando se trata de educación financiada por el Estado, esta medida ha sido atacada por la derecha desde muy temprano. Recuérdese que el segundo Gobierno del presidente Sebastián Piñera instó decididamente por flexibilizarla para incorporar la variable del mérito (boletines N° 12.488-04 y N° 12.486-04). Ahora este Gobierno lo hace de manera más desvergonzada adosando expresamente todos estos elementos en un sistema paralelo, no solo considerando los indignantes motivos económicos aquí señalados, sino también sabiendo que las entrevistas constituyen una herramienta que encubre cualquier tipo de discriminación por condición, género, religión, estado civil, filiación, política, raza, nacionalidad, discapacidad, origen social, apariencia personal u otra. Claro, con esto, más los resultados académicos y el cobro de aranceles, se perfecciona nuevamente el concierto de la selección a la forma criolla de neoliberalismo dispuesta en el sistema escolar.

Pero la selección también se relaciona con el avance punitivo contenido en el llamado proyecto de escuelas protegidas (boletín 18.156-04). En el pasado reciente la expulsión y la cancelación de matrícula como consecuencias disciplinarias, se alzaron como una manera de discriminar. Si un estudiante dejaba de cumplir el perfil de la escuela (por alguna categoría sospechosa de discriminación), lo sacaban bajo algún pretexto formal. Se reforzó entonces el debido proceso para asegurar que estas sanciones tuviesen fundamento en hechos graves. Hoy, por el contrario, estas medidas, lejos de ser formativas, son concebidas como una herramienta únicamente al servicio de la seguridad en las escuelas. En ese marco, si un estudiante por cualquier motivo arriesga la empresa, caben los pórticos, la revisión de mochilas, la retención de estudiantes, la prohibición de ingreso, las cámaras de seguridad en las salas, todo en la búsqueda de razones para aplicarlas.

Aunque este notable retroceso de la derecha no nace en un contexto cualquiera. La falta de humanidad que poseen estas medidas, se dan en un marco de profunda falta de convicción que dejó y mostró el Gobierno de Gabriel Boric de avanzar o siquiera proponer cambios estructurales que pudieran superar los temas mercantiles mencionados. Dedicó su último tiempo a discutir un puñado de leyes de corte administrativo o procedimental. Algunas son importantes para el desarrollo cotidiano de las escuelas, que duda cabe, pero inocuas desde el punto de vista de la política aquí relatada.

Pese a su compromiso en el programa presidencial, nada hubo sobre financiamiento basal, fin real al lucro o a los aranceles en escuelas que reciben subvención, poco en reforzamiento de la educación pública con más recursos y mejor infraestructura para ampliarla o hacerla más atractiva y eficiente. No abordó ni de cerca mitigar su proceso de endoprivatización. Lo propio ocurrió con el Simce. Habrá que preguntarle a las y los profesores si el término de la doble evaluación y el pago de la deuda histórica fue satisfactoria en función de la palabra empeñada.

Sumado a lo anterior, fue bastante desolador apreciar como Hacienda ahogaba a los Servicios Locales por la vía de parcializar los recursos para su instalación, impedir reemplazos y retrasar contrataciones (incluso de docentes) o aplicar reglas financieras más estrictas en la administración de sus recursos. O como desde el Ministerio de Educación se decidió no regular -después de 10 años de vigencia de esta obligación dispuesta en la LIE y frente a la ausencia de recursos para las comunidades- la remuneración de los sostenedores privados subvencionados, a pesar de que algunos se pagan -así mismos- más de 300 millones de pesos al año de dinero público destinado al servicio educativo.

Vergonzoso fue apreciar como el Ministerio de Educación y los expertos del sector del Gobierno, guardaron silencio frente a la discriminación sufrida por estudiantes cuando no pagaban el financiamiento compartido por razones socioeconómicas dramáticas. O como se introdujo la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales, en el artículo 10 de la Ley N.o 21.809, a pesar de no existir estudios que acrediten su efectividad y atentar claramente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, solo con el propósito de avanzar en su adjetiva agenda legislativa.

Para concluir esta reflexión, creo importante relevar lo siguiente: se debe tener consciencia de que el sistema educacional chileno en al ámbito escolar es una actividad principalmente económica, y que no tiene ni ha tenido cercanías reales de modificación sino solo de profundización. Y también se debe tener claro convencimiento de que las iniciativas de la derecha son atentatorias contra todo derecho fundamental en este ámbito.

Se aprobará con seguridad el proyecto sobre oferta educativa (boletín N.o 16.743-04) que les permite a los sostenedores particulares subvencionados extraer más dinero fiscal por el arriendo de sus propios locales escolares de manera permanente y ampliar su sector (en desmedro del estatal), se eliminará el dictamen N° 75 de la Superintendencia de Educación que protege a las y los estudiantes de cancelaciones de matrícula por razones socioeconómicas prohibidas por la legislación, se derogará o simplemente no se regularán las remuneraciones de los dueños de establecimientos educacionales financiados con fondos públicos, se detendrá el proceso de desmunicipalización y se avanzará en cualquier agenda de mercado que implique ganar más dinero y tener menos problemas con estudiantes sin recursos o en condiciones de marginalidad.

El actual panorama demuestra que la ausencia de valor o el presuntuoso pragmatismo político del gobierno del presidente Boric, nada más debilitó un ya alicaído panorama educacional desde el punto de vista de los derechos. Refleja que quienes pudieron hacer más por proteger la educación chilena, al final solo usaron esas consignas sin que de ellas emergiera un compromiso y convicción genuinos. Y ahora mientras sus expertos y políticos quieren avanzar en temas de calidad, resultados, convivencia, inteligencia artificial, contenidos ambientales y acordar en cómo seleccionar sin que se note tanto lo inhumano de la medida, la derecha recrudece el mercado, margina y estigmatiza a las y los estudiantes y sus familias.

Las ideas solo son derrotadas cuando quienes las enarbolaron olvidan las razones que las sostuvieron. No se trata de ignorar la realidad, sino de intentar expandir firmemente los límites de su transformación. En educación el gobierno de Gabriel Boric se sometió al modelo vigente, ni siquiera discutió una idea que le fuere propia, todos sus proyectos partieron de lo posible y terminaron en menos que eso. Esa falta de consecuencia en relación con lo que ofrecieron, ha permitido en parte importante los implacables avances de la derecha con escasas posibilidades de salvar los mínimos que se consiguieron en años de lucha que, al menos yo creía, también era la de él.