El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, confirmó este lunes a los familiares de Bernarda Rosalba Vera Contardo que los exámenes de ADN realizados por el Servicio Médico Legal (SML) verificaron la identidad de la mujer localizada en Argentina. El nombre de Vera figuraba desde hace más de 50 años en el listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura.

Según informó el Poder Judicial, el análisis genético comparó el perfil de Vera con las muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML. El resultado arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.

El ministro decretó el secreto de investigación para la causa y dispuso la reserva del informe pericial, debido a que contiene datos personales sensibles protegidos por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Profesora de educación básica en Neltume y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Campesino Revolucionario, Vera tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973. Durante décadas fue considerada una víctima de desaparición forzada y su nombre quedó incorporado al Informe Rettig, al registro oficial de personas detenidas desaparecidas y a los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El registro oficial sostenía que había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún y ejecutada junto a otros prisioneros en el puente sobre el río Toltén. Su familia la buscó sin resultados durante más de medio siglo y el Estado la reconoció oficialmente como víctima de violaciones a los derechos humanos.

La investigación cambió de rumbo cuando reportajes periodísticos ubicaron en Mar del Plata a una mujer que utilizaba la identidad de Bernarda Vera. Los antecedentes recopilados indicaban que habría sobrevivido a los hechos de 1973, cruzado a Argentina y emigrado más tarde a Suecia. Registros migratorios mostraban que una mujer con su nombre obtuvo residencia en ese país en 1978, adquirió la nacionalidad sueca y luego volvió a radicarse en Argentina.

Con esos antecedentes, el ministro Álvaro Mesa abrió una investigación reservada y ordenó las pruebas genéticas que ahora confirmaron su identidad.