El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, puso en duda la eficacia de la reforma constitucional del Gobierno, con la que se pretende agregar el consumo de drogas como causal para cesar en el cargo a autoridades.

El proyecto, que entre otras medidas, busca incorporar a este escrutinio a parlamentarios, gobernadores y alcaldes, fue presentado a pocos días de la salida del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien fue desvinculado por dar positivo en un test de drogas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Leturia apuntó a que se trata “de las típicas medidas que suenan bien, pero que en la práctica no se traducen en nada importante, porque son muy difíciles de implementar”. “Además, tampoco están cubriendo todo tipo de autoridades. No están incluyendo a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Corte Suprema, a la gente de la PDI, al Ministerio Público, que es donde más podría tener impacto”, observó.

El abogado experto en probidad también cuestionó la efectividad de la prueba de pelo, examen al que ya se están sometiendo ministros y subsecretarios. Según Leturia, el test de pelo “sirve para cinco o seis drogas de las 200 que están prohibidas y de esas cinco o seis drogas solo te lo detectan cuando hay un consumo muy intensivo. Es decir, alguien que fuma marihuana solamente en las tardes, o alguien que consume cocaína solamente los fines de semana va a salir como negativo en este test”, dijo.

“No por dar alguien negativo en un test de droga significa que no tiene trato permanente con narcotraficantes. Tú puedes ser abogado de narcotraficantes, puedes trabajar en una red de lavado de dinero, situaciones que podrían verse, por ejemplo, en las cuentas corrientes. Entonces, hay una mirada un poco contradictoria entre proteger la vida privada cuando se trata de plata y la vida privada cuando se trata de consumo”, estimó.

Para Leturia, “parece haber cierta ignorancia en quienes proponen estas medidas”. “Porque los test son falibles, controlan poquísimas drogas de las que están prohibidas, permiten los consumos si no son muy intensos, permiten pasar como no consumidor a personas que son altamente problemáticas y que sí son consumidores. En definitiva, me parece que hay un trasfondo de frivolidad y de ignorancia al pensar que los test van a dar los resultados que se quieren dar”, aseveró.

La “intención comunicacional” del proyecto

Además de argumentar que la medida es poco efectiva para combatir al crimen organizado y el narcotráfico, Francisco Leturia indicó que en la propuesta del Gobierno, también hay una “intención comunicacional de demostrar la diferencia con muchos militantes o dirigentes del Frente Amplio que sabemos que consumen, por lo menos marihuana de forma habitual”.

En esa misma línea, señaló que hay “un cierto orgullo identitario que no está mal tenerlo, pero tampoco lo exageremos en cuanto a decir que la gente es mejor porque toma alcohol y benzodiacepinas, pero no fuma marihuana”. “En eso se puede llegar a traducir esta discusión”, opinó.

Requerido específicamente sobre el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y a si debería ser reincorporado al Gobierno en caso de que la contramuestra descarte un consumo de drogas, Leturia consideró que se debió haber esperado a tener un resultado definitivo.

“Yo de todas maneras hubiera reducido el margen de error a cero. Solo con margen de error a cero yo podría quitarle la pega a una persona que probablemente lo estaba haciendo bien. Me parece injusto no terminar los procesos e incluso podría generar responsabilidades civiles, indemnizaciones de perjuicio”, añadió.

El proyecto de ley firmado este lunes por el Presidente Kast obligaría a las autoridades a someterse a un examen de detección de drogas al momento de asumir funciones y luego de manera periódica, según la forma que determine la ley. Además, dispone que los resultados de esos exámenes sean públicos y que la constatación de consumo de dichas sustancias constituya una causal de cese en el cargo, conforme a las normas aplicables.