La propuesta del Partido Republicano de abrir parte de la propiedad de Codelco al capital privado abrió un nuevo frente político para el Gobierno y reactivó el debate histórico sobre el futuro de la principal empresa estatal del país.
El debate resurgió en medio del complejo escenario financiero que enfrenta Codelco, cuya deuda bordea los US$25.000 millones, según informó el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine. Pese a ese contexto, el Ejecutivo descartó avanzar hacia una privatización. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que La Moneda puede “evaluar la venta de algunos activos prescindibles”, pero afirmó que no está en sus planes privatizar la empresa.
Este miércoles, el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, defendió la propuesta. “Para nadie es sorpresa el estado en que se encuentran algunas de las empresas públicas. Evidentemente tenemos que abordar este debate. Dentro de ellas una importante es Codelco“, declaró.
“Si se siguen haciendo las cosas tal cual como están hoy día, no solo se pierde competitividad, sino que el día de mañana no se va a contar con los recursos que le aporta a la nación y que son tan importantes para sacar adelante las necesidades del país”, advirtió el legislador.

Asimismo, sostuvo que “el debate que a algunos los escandaliza hay que tenerlo con altura de miras, con argumentos, información y eso es lo que nosotros estamos invitando”. En esa línea, agregó: “Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado en algún modelo que se pueda estudiar, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad“.
Desde la UDI, el presidente de la colectividad y diputado, Guillermo Ramírez, afirmó que su tienda ya había planteado una fórmula similar durante la pandemia, pero que hoy las prioridades del Ejecutivo deben estar en la agenda de seguridad.
Para el gremialista, la idea “hay que estudiarla”, pues se trata de “una discusión que en Chile tenemos que tener”. “Esto creemos que no puede postergar la discusión sobre la batería de proyectos en materia de seguridad que viene ahora“, complementó.
Desde la oposición, el diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó la propuesta como “una lamentable noticia” y sostuvo que, aunque Codelco enfrenta importantes dificultades, la solución no pasa por abrir su propiedad al sector privado.
El parlamentario reconoció que la empresa “ha cometido muchísimos errores”, pero enfatizó que estos pueden corregirse. Además, destacó que “Codelco aporta más que la minería privada por cada tonelada de cobre al Estado de Chile”. “Sería un gran error. Sé que Codelco pasa por un mal momento, pero lo peor sería venderla. Eso es trampa y nos vamos a oponer con todas las fuerzas“, aseguró Mulet.

Por su parte, el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) sostuvo que el debate debe avanzar precisamente en la dirección contraria a la planteada por el Partido Republicano. “Mientras la extrema derecha propone privatizar Codelco y profundizar un modelo que debilita la capacidad del Estado para decidir sobre sus principales riquezas, nosotros creemos que es momento de abrir un debate en la dirección contraria”, afirmó.
El frenteamplista propuso reformar el régimen constitucional sobre los recursos minerales estratégicos. “No tiene sentido mantener un marco constitucional que limita la capacidad del Estado para decidir sobre una riqueza que pertenece a todo el país”, subrayó.
Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) emplazó al Partido Republicano a transparentar “a qué amigos y a qué financistas les pretende entregar la propiedad de Codelco”. En esa línea, comparó la propuesta con la participación privada que históricamente tuvo Julio Ponce Lerou en SQM.
Disputa interna en Republicanos
El cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostuvo —en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile— que la propuesta del Partido Republicano no solo busca instalar una discusión sobre el futuro de Codelco, sino que también “buscan abrir nuevos temas, tras la megarreforma, en una disputa interna” de la propia colectividad.
En ese sentido, explicó que la colectividad enfrenta un debate respecto de su identidad política y de la estrategia que debe seguir en el oficialismo. “El Partido Republicano hoy día está en la disputa de si tiene que mantenerse como una derecha dura, si tiene que irse a buscar a Chile Vamos y la oposición para poder hacer acuerdos más amplios o tiene que mirar hacia la derecha radical. En las declaraciones de Squella sobre Codelco se ven reflejadas precisamente esas tres tensiones“, analizó Herrera.

El cientista político sostuvo que el planteamiento del timonel republicano se ubica en una posición intermedia dentro del espectro de la derecha. “Es una declaración que no es la típica tradicional de una derecha radical que probablemente privatizaría una empresa estatal. Tampoco es la declaración de Chile Vamos, que siempre ha tenido la apuesta porque se mantenga estatal, sino que es una especie de híbrido entre las dos y habla un poco de cómo Republicano se ha ido desdibujando desde el mapa de la derecha“, explicó.
En esa línea, detalló que actualmente “tenemos perfiles muy claros para casi todos los partidos”. Mencionó a RN y la UDI como representantes de una derecha tradicional; al Partido Social Cristiano como una derecha conservadora; al Partido Nacional Libertario como una derecha más radical; y a Evópoli como una derecha liberal. Sobre Republicanos, en cambio, planteó que “dentro de ese contexto queda más bien como el partido del Presidente, sin una identidad ideológica clara“.
Respecto del efecto político de la discusión, Herrera estimó que la controversia podría terminar favoreciendo indirectamente al Ejecutivo al desplazar el foco mediático desde otros problemas que afectan al Gobierno. “El punto a favor es que desvía un poco la atención desde el gobierno hacia los partidos políticos”, afirmó.
El académico añadió que este tipo de controversias “son discusiones valóricas que no mueven la aguja desde el punto de vista de la opinión pública”, ya que, según explicó, no generan cambios relevantes en los niveles de aprobación o desaprobación del Gobierno. Por tanto, concentran la atención pública y es “una forma de darle un respiro” a las autoridades de La Moneda.






