El Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS), un espacio que reúne a académicas, activistas y organizaciones territoriales, manifestó su categórico rechazo al proyecto de ley “Escucha su corazón”, el que modifica el Código Sanitario y la Ley N° 21.030 para exigir, previo a una interrupción del embarazo, la visualización de imágenes ecográficas y la escucha del latido del embrión o feto.
En una declaración pública, el organismo calificó la iniciativa como “una instrumentalización estatal violenta, una intromisión ética inaceptable y una práctica de tortura psicológica victimizante”, orientada a “culpabilizar, disuadir y vulnerar el derecho a decidir de niñas, adolescentes y mujeres que abortan bajo las tres causales”.
El OEGS advirtió que el proyecto “pasa por encima del espíritu original de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales (Ley IVE)”, socavando “un logro democrático que cuenta con una aprobación ciudadana superior al 70%”. A juicio del observatorio, la iniciativa no constituye un avance en información ni acompañamiento, sino más bien una barrera que desconoce el consenso social alcanzado en torno a tres causales críticas para la salud de las mujeres.
La declaración también cuestionó la influencia de sectores ultraconservadores en la formulación de políticas sanitarias. “Resulta preocupante la injerencia de sectores ultraconservadores en la formulación de políticas sanitarias, impulsando una agenda ideológica que activamente ejerce la desinformación y la propagación de datos falsos sobre el funcionamiento actual de la Ley IVE”, señaló el texto.
Asimismo, el OEGS criticó los argumentos demográficos esgrimidos por algunos sectores para justificar la imposición de barreras a los derechos reproductivos, afirmando que “carece de fundamento ético y evidencia científica”.
El organismo interpeló directamente al Ministerio de Salud (MINSAL) y a las autoridades sanitarias, cuyo silencio frente a esta ofensiva calificó como “inaceptable”. En ese sentido, exigieron a la autoridad sanitaria “abandonar la omisión y defender con firmeza la evidencia científica y los marcos asistenciales vigentes en el sistema de salud chileno”.
Finalmente, el OEGS subrayó que la salud pública debe garantizar “diagnósticos oportunos, atenciones compasivas, soberanía de datos y decisiones libres de violencia, desinformación, culpa e intimidación”. La organización cerró su declaración exigiendo a la clase política y al MINSAL “actuar con rigor científico, ética asistencial, perspectiva de género y apego a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
