La Fiscalía Nacional presentó este jueves el informe “Responsabilidad Penal Adolescente en Chile (2015-2025)”, un estudio longitudinal que analizó la evolución de la delincuencia juvenil durante la última década y que busca aportar evidencia para el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia.

La investigación examinó a cerca de 199 mil adolescentes que ingresaron al sistema penal entre 2015 y 2025, además de una cohorte seguida durante 11 años para conocer la evolución de sus trayectorias delictivas.

Durante la presentación, la gerenta de la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, explicó que el objetivo del informe es “entregar evidencia empírica sobre la caracterización de la delincuencia juvenil y generar insumos para la discusión técnica y la implementación de políticas públicas”.

El estudio se estructuró en tres ejes: el comportamiento de la delincuencia adolescente, la relación entre adolescentes y coimputados adultos, y el seguimiento de las trayectorias delictivas de una cohorte de jóvenes.

Uno de los principales resultados muestra que los ingresos de adolescentes al sistema penal disminuyeron cerca de un 20% entre 2015 y 2025. La serie registra una caída sostenida hasta 2018, un repunte durante 2019 asociado al contexto del estallido social, una fuerte baja durante la pandemia y una recuperación desde 2022, aunque con un ritmo de crecimiento cada vez menor.

Alejandra Mera, directora Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, destacó que la actividad delictiva no se distribuye de manera uniforme entre los adolescentes. Según explicó, “el 58% de los ingresos se realiza por el 20% de los adolescentes” y “el 1% de los adolescentes justifican el 13% de los ingresos al sistema”. En contraste, afirmó que “la mayoría de los adolescentes que ingresan al sistema penal solamente lo hace una vez”, lo que evidencia que la reincidencia se concentra en un grupo reducido de infractores.

Respecto de la composición delictual, la directora advirtió que, aunque los delitos contra la propiedad continúan siendo mayoritarios, la Fiscalía observa con preocupación el incremento de ilícitos vinculados al crimen organizado. En particular, sostuvo que “el microtráfico, el uso de armas de fuego y la receptación de vehículos motorizados” presentan “una subida sostenida”, fenómeno que ha motivado una política de persecución especializada para este tipo de delitos.

En relación con los delitos cometidos junto a adultos, la investigación identificó que el 21% de los casos involucró coimputados mayores de edad, quienes en su mayoría corresponden a personas de entre 18 y 29 años. Además, en estos hechos la participación de adultos supera, en promedio, a la de adolescentes. Al igual que en la tendencia general, también se observa un incremento en delitos asociados al microtráfico, tráfico de drogas y receptación de vehículos motorizados.

El seguimiento de una cohorte de más de 30 mil 500 adolescentes permitió identificar cinco perfiles delictivos diferenciados. El principal corresponde al denominado “desistimiento temprano”, que reúne al 67,2% de los jóvenes y refleja que la mayoría abandona la actividad delictiva tras sus primeras infracciones. En el extremo opuesto, solo el 2,5% integra un perfil “prolífico”, responsable del 13% de los delitos registrados durante el período analizado.

No obstante, la Fiscalía concluyó que este grupo no presenta una tendencia predominante hacia el crimen organizado o los delitos más violentos, sino hacia la reiteración de delitos contra la propiedad no violentos.

Como conclusión, Morales sostuvo que “la criminalidad adolescente es un fenómeno complejo, dinámico y heterogéneo” y enfatizó que el principal hallazgo del estudio es la identificación de “un grupo muy reducido de adolescentes que concentra una parte importante de la actividad delictiva”.

A partir de esa evidencia, explicó, la Fiscalía busca consolidar una política de persecución penal con un enfoque específico en la adolescencia y fortalecer las estrategias de reinserción dirigidas a los infractores persistentes.